El ambientalismo complejo tras un año de Duque

El gobierno acertado en algunos temas, pero hay cinco frentes claves que preocupan: el asesinato de líderes ambientales, la deforestación, el uso del glifosato, el “fracking” y la urbanización de la Sabana de Bogotá

El gobierno de Iván Duque ha tenido que enfrentar el debate sobre la explotación petrolera a través del Fracking.Diego Cuevas – El Espectador

Desde lo que llamamos ambientalismo complejo —o sea el que considera que el ambiente incluye además de lo ecológico, lo económico y lo social— es difícil calificar la gestión del actual gobierno. Para hacer un examen correcto tendría que tener en cuenta, como lo hizo la Cumbre Ambiental, más de 30 temas acerca de los cuales no han faltado las denuncias o los rumores.

Habría que saber cómo el Gobierno ha actuado en procesos como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire, la del agua y la de los suelos, la erosión, la inseguridad alimentaria, el consumo irresponsable, el maltrato de los animales, los derrumbes, las basuras, la destrucción de los corales, la disminución del patrimonio ecológico, la urbanización de los suelos agrícolas, la desertificación, la pérdida de los humedales, la disminución de las abejas. Temas concretos, como el puerto de Tribugá, Ituango, Jericó, Ciénaga Grande, carretera a Villavicencio, fumigación aérea, fracking, todavía se repiten en los medios.

También tendría que hablar de cómo el Gobierno aplica las diferentes soluciones que se han planteado, como la bioeconomía, el crecimiento verde, el ecoturismo, la reforestación, la restauración, los parques nacionales, las Reservas de la Sociedad Civil, la protección y la gestión ambiental de las comunidades étnicas, las energías alternativas, los impuestos verdes, los negocios verdes, las economías circulares, la transición socio-ecológica, la educación ambiental, la biotecnología.

Finalmente, siendo ambientalista complejo, tendría que hablar de los grandes asuntos como el hambre, el desempleo, el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, la segregación, el odio, la equidad, la paz, en los cuales nosotros los ambientalistas creemos que tenemos mucho que decir y en los cuales un ministro de Ambiente podría aportar soluciones.

La lista que acabo de elaborar, que no está completa, proporciona una idea acerca de la magnitud de las responsabilidades ambientales del Estado y genera reflexiones acerca de las posibilidades de afrontarlas; es en ese escenario en donde trataré de aportar opiniones. En primer lugar considero que este gobierno —y también el anterior— han mostrado un mayor interés en el tema a nivel presidencial y que el presidente Iván Duque ha acertado en algunas cosas, como nombrar ministro a Ricardo Lozano, conocedor y enamorado de lo ambiental; establecer que en el Plan de Desarrollo estarían incluidos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aclarar las relaciones entre lo ambiental y la seguridad nacional, incluir el tema en el grupo de sabios, conseguir a nivel internacional mayores recursos, publicar la conceptualización que hizo el Humboldt de la transición socioecológica y apoyar en cambios concretos, como la financiación de la descontaminación del río Bogotá y la prohibición del asbesto.

Sin embargo, en la Cumbre Ambiental fueron abundantes las críticas debidas, sobre todo, al tratamiento gubernamental de cinco temas: el asesinato de líderes ambientales, la deforestación, el uso del glifosato, el fracking y la urbanización de la Sabana de Bogotá. Pienso que en estos cinco temas es evidente la necesidad de un mayor interés y una comprensión más amplia y profunda del tema ambiental en otros ministerios y, probablemente, en el mismo Duque.

Se debe reconocer que varios de los ministros actuales han mostrado mayor ánimo de colaboración en lo ambiental que los anteriores, como ocurre, me han dicho, con los ministros de Hacienda, Minas y Energía y de Defensa, pero es exactamente en esos temas en donde considero que los problemas no podrán ser resueltos si no se hacen modificaciones radicales en algunas líneas fundamentales actuales, como las que rigen la política fiscal y monetaria, las relacionadas con el ordenamiento territorial, las establecidas para controlar el narcotráfico y las dirigidas a modificar los acuerdos de paz. Desafortunadamente no veo ningún interés en avanzar, por lo menos, en el estudio de las complejidades implícitas en la situación actual y en las posibilidades de mejorarla.

En cifras

24 defensores del medioambiente fueron asesinados en el 2018 según Global Witness. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos.

197.159 hectáreas de bosque se talaron en Colombia en el 2018. El equivalente a dos veces el tamaño de Bogotá.

138.176 hectáreas fueron deforestadas solo en la Amazonia colombiana.

236,7 millones de toneladas de dióxido de carbono emitió Colombia en el 2014.

 

* Ambientalista. Ingeniero civil de la Universidad Nacional; máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magister en Economía de la Universidad de los Andes

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Julio Carrizosa Umaña*

Política

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