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Norte de Santander es el tercer departamento con más cultivos de uso ilícito en Colombia, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La coca se ha convertido en el foco de la violencia en la región, especialmente en la zona del Catatumbo donde hacen presencia estructuras ilegales como el Eln y el Epl. Desde que las Farc firmaron el acuerdo de paz y comenzaron el proceso de reincorporación, se recrudecieron las cifras de homicidio, secuestro y desplazamiento por una disputa territorial, entre el Eln y Epl, que garantiza el negocio del narcotráfico. En conversación con El Espectador, el gobernador William Villamizar hace un breve recuento de lo que ha pasado en la zona y de lo que le queda por hacer antes de dejar su cargo en enero de 2020.
¿Cuál es el balance de seguridad en el departamento en 2018?
La situación es bastante complicada. Fue un año en el que esperábamos que mejorara la situación de orden público, dado que en la zona del Catatumbo ya no hacen presencia las Farc. No obstante, lo que pasó tras la firma del acuerdo es que el Eln y el Epl entraron a copar los espacios que dejaron las Farc, donde había cultivos ilícitos. La siembra está llegando a las 30.000 hectáreas, convirtiéndonos en el tercer departamento con mayor producción de coca en el país. El control de las rutas, la producción y el narcotráfico hacen que estos grupos entren a disputarse el territorio, con el apoyo de bandas narcotraficantes, incidiendo en la población civil, produciendo desplazamientos masivos, homicidios, violencia, minas, secuestro y demás. Por otro lado, la cercanía que existe con Venezuela en varios de nuestros municipios permite que se forme un corredor por donde sale la mercancía. Lastimosamente, este es un balance negativo para lo que esperábamos.
¿Qué acciones concretas adelantaron para evitar que esa situación fuera más lamentable?
Nosotros solicitamos, de acuerdo con las posibilidades que nos brinda la ley, dialogar con el Eln. Por eso viajamos hasta Cuba con una delegación de la Gobernación. También hubo una comisión de los obispos para hablar directamente con el Epl, en la que le pidieron que excluyera a la población civil de todos estos enfrentamientos. Estas acciones tuvieron algún efecto porque, de lo contrario, la cantidad de muertes sería más alta y el número de desplazados hubiese sido mayor.
¿Cómo se ha involucrado el Gobierno con la región?
La nueva administración de Iván Duque llegó con más fuerza, incluyendo a cerca de 3.000 hombres nuevos, sumando un total de casi 10.000 uniformados. Ahora, el Estado está dando los primeros pasos para una presencia integral con inversión social para temas como saneamiento básico, vías terciarias, productividad y cultura.
Es decir que el Gobierno sí ha venido atendiendo las necesidades del departamento.
Sabemos que una de las prioridades de Duque es el Catatumbo y el poder darle oportunidades a la gente de aquí. Debo reconocer que un día después de posesionarse, el presidente viajó a Tibú. Después nos visitó en Ocaña con una comitiva militar y asistió al taller Construyendo País en Cúcuta. Igualmente, los ministros, los consejeros que se encargan de temas de paz y de apoyar a la región han estado pendientes, reunidos con los alcaldes y con la misma Gobernación. Obviamente, hago la aclaración de que esto no se puede quedar en solo planificación, hay que trascender a los hechos concretos y es lo que esperamos materializar en los próximos meses.
¿Cuáles serían esos hechos concretos que se necesitan?
Está la construcción de la vía Tibú-El Tarra-Convención-La Mata. Ese corredor vial es la transversal de todo el Catatumbo y es la que permite el verdadero desarrollo, integrando a los 11 municipios de la zona. Hoy, indiscutiblemente, lo que reclama toda la región es el apoyo para recuperar la red terciaria. Si los campesinos cuentan con ella, disminuyen costos, fletes y pueden ser más competitivos; de lo contrario, se ven obligados a perder las cosechas. También hay que cerrar la brecha en materia de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, y ayudar a todos los campesinos en los temas de proyectos productivos; eso permitiría que se vayan alejando de la siembra de la coca y encuentren mejores oportunidades. Ahora se va a empezar a concebir el Plan de Desarrollo de Iván Duque y esperamos que ahí queden unos buenos pilares.
Y en cuanto a los cultivos de uso ilícito…
Cerca de 2.000 familias han manifestado su deseo de entrar al programa de sustitución voluntaria, pero los recursos solo han alcanzando para 700. Estimamos que la erradicación voluntaria que se ha hecho llega a unas 3.000 hectáreas, pero hay resiembra. Nosotros estamos de acuerdo en acabar con los cultivos de uso ilícito, porque estos son el factor de violencia, muerte, desolación y desplazamiento. Pedimos que la eliminación de estos sembrados se haga con mecanismos que permitan acompañar a los campesinos, dándoles alternativas nuevas de ingresos y producción; de lo contrario generaría un choque social muy complicado. Hemos manifestado al Gobierno que apoyamos los métodos voluntarios, mas no la fumigación.
A diez meses de las elecciones regionales y ad portas de terminar sus funciones, ¿qué queda por hacer?
Nosotros planteamos un plan de desarrollo enfocado a la productividad, dado que justo en el momento en que entramos se cerró la frontera con Venezuela y muchas empresas dependían económicamente del vecino país. Tocó arrancar desde cero, porque las compañías de aquí no estaban a la altura de las del centro y tampoco se preocupaban por innovar ni mejorar la competitividad. Después de tres años, estamos en un 80 % de nuestro plan, estabilizando la economía y repuntando en algunos aspectos. El apoyo se ha enfocado en ferias, exposiciones y demás. Por otro lado, nos falta articular con el Gobierno Nacional la posibilidad de que se pueda concretar la paz. Creemos que desde las regiones podemos aportar mucho para ello.