El camino de la financiación gringa

Aunque la lucha contra el tráfico de drogas y el aumento de cultivos ilícitos sigue siendo la prioridad, el eventual recorte económico en ayudas de Estados Unidos hacia Colombia para el año fiscal 2018 planteará retos de cara a la financiación del posconflicto.

Marcela Osorio granados
21 de mayo de 2017 - 02:00 a. m.
El camino de la financiación gringa
Foto: CESARCARRION

“Estados Unidos tiene mucho que ganar –pero también mucho que perder– del resultado de los esfuerzos de Colombia por poner fin a un largo conflicto armado, mientras continúa luchando contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. La administración Trump tiene una oportunidad única para establecer su propia dirección en torno al compromiso de Estados Unidos con Colombia”. El análisis está consignado en el informe del Task Force para la Paz y la Prosperidad de Colombia del Atlantic Council, que esta semana fue entregado al presidente Juan Manuel Santos en Washington y que analiza las relaciones en el ámbito de la estrategia Paz Colombia.

El documento establece, entre otras cosas, una suerte de hoja de ruta sobre los temas estratégicos que deben ser abordados en el marco de la cooperación binacional y sobre todo en el robustecimiento de una política por parte de la administración de Donald Trump. Eje clave si se tiene en cuenta que, según algunos expertos, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera tiene claro cuál será el plan de acción en ese sentido.

Para la internacionalista Arlene Tickner, por ejemplo, aun cuando el Congreso estadounidense aprobó hace unas semanas la partida presupuestal de ayuda para Colombia solicitada por la administración de Barack Obama para 2017, la decisión pudo haber sido producto de una simple inercia burocrática. “Mi lectura es que Trump no tiene todavía una política y por simple inercia está todavía en efecto la política anterior con base en la cual se toman decisiones y se formulan propuestas. Hasta que esto cambie, Colombia tiene una ventana de oportunidad para ver qué va a hacer con este nuevo gobierno”.

Y precisamente el informe del Task Force tiene como premisa la idea de que aunque Estados Unidos ha tenido éxito, la continuidad no es la respuesta. De hecho, la necesidad es acudir a una estrategia de reinicio que permita “maximizar el retorno sobre la inversión para los contribuyentes estadounidenses” teniendo como marco estratégico el plan Paz Colombia. De ahí que las recomendaciones del grupo de trabajo estuvieran dirigidas a replicar los factores que hicieron del Plan Colombia un logro de la política exterior, identificar las áreas en las que la asistencia puede asegurar que el país tenga las herramientas necesarias para lograr una implementación robusta y posicionar la alianza para avanzar en intereses económicos y geopolíticos mutuos.

Incluso una de las medidas recomendadas fue hacer uso de la partida presupuestal de US$392 millones –asignada para el año fiscal 2017– como base para proteger las inversiones del Plan Colombia en seguridad y lucha contra los estupefacientes, maximizar los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y lograr un dividendo de paz. “Tal asistencia debe estar acompañada de un plan de gastos plurianuales que describa los usos de fondos por año fiscal, una estimación de los compromisos y gastos del Gobierno colombiano para implementar el Acuerdo de Paz y un plan de coordinación con otros donantes internacionales”, detalla el documento.

Y la disminución de cultivos ilícitos es una prioridad a corto plazo también para el gobierno de Santos, entre otras cosas, porque el informe del Task Force advierte que según la Ley de Asignaciones del Año Fiscal de 2017, el 20 % de los fondos asignados para el Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley están condicionados a que el secretario de Estado de Estados Unidos certifique e informe a la Comisión de Asignaciones que se ha establecido e implementado una estrategia para reducir los índices de cultivo y producción de drogas ilícitas.

Un punto a considerar, si se tiene en cuenta que el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley –al que serían destinados US$143 millones de lo aprobado para 2017– es el encargado de financiar, entre otras cosas, la asistencia militar y policial, los planes de erradicación manual y los esfuerzos de interdicción.

El tema del apoyo financiero de Estados Unidos a Colombia cobra ahora especial importancia no sólo por la visita que el presidente Santos hizo a Washington o por su encuentro del pasado jueves con Donald Trump, sino porque esta semana la Casa Blanca deberá entregar su solicitud de presupuesto para 2018. Y el recorte, según las filtraciones, será considerable.

Revelaciones de la revista Foreign Policy señalaron hace poco que la Casa Blanca quiere reducir los recursos anuales destinados a Colombia para asuntos de desarrollo social y administrativo. Un presupuesto que de ser aprobado enviaría un pésimo mensaje según el análisis hecho por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). “Un documento filtrado indica que la Casa Blanca quiere reducir el próximo año el principal programa de ayuda económica para Colombia, los Fondos de Apoyo Económico, en un 44 % respecto a los niveles de 2017, de US$187 millones a US$105 millones. Un corte similar a otras cuentas de ayuda daría un golpe devastador durante la frágil fase inicial del esfuerzo de Colombia después del conflicto. También enviaría un mensaje tóxico: durante la guerra, la generosidad de los Estados Unidos superó los US$700 millones al año, pero durante la crucial fase temprana del tiempo de paz, el compromiso de los Estados Unidos cae a menos de la mitad”.

Aunque los cálculos indican que el Congreso estadounidense no aprobará el 100 % de los fuertes recortes que planteará el gobierno Trump, tan solo con aceptar por lo menos el 15 %, Colombia enfrentará pocas posibilidades de sacar un incremento en 2018.

Sin embargo, lo que dejó claro el encuentro de esta semana entre Trump y Santos es que la lucha contra el narcotráfico es la prioridad para ambas naciones y en ese sentido la preocupación de algunos sectores es que a la par de los recortes a la ayuda económica se den fuertes aumentos de la asistencia militar y policial a Colombia con el fin de ampliar los planes de erradicación forzada, una medida que puede ser más que contraproducente en momentos en que se ponen en marcha planes concertados de sustitución voluntaria con comunidades cocaleras en varias regiones del país.

Para Wola, no solo sería un error volver a políticas que en el pasado no han funcionado, sino que además “la estrategia de línea dura de los Estados Unidos tiende a quitarles cosechas a los cultivadores que poco después empiezan a replantar porque no tienen más oportunidades”.

 

Pence visitará Colombia

El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado viernes que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará Colombia en el mes de agosto para fortalecer la relación entre ambos países.

“Va a ir a Colombia en agosto y se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario para fortalecer esa relación”, indicó el jefe de Estado al término de la reunión con Pence, en Washington.

Durante el encuentro, Santos expresó su agradecimiento al vicepresidente por el diálogo positivo y constructivo. “Le dije que allá lo esperábamos con los brazos abiertos porque realmente se ha convertido en un gran aliado dentro del Gobierno norteamericano”.

Por Marcela Osorio granados

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