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“Si Arias es declarado inocente, tiene todo su derecho a aspirar, y lo único que nosotros estamos pidiendo es la segunda instancia”. Fue la respuesta del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, el lunes pasado en Blu Radio, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el exministro de Agricultura sea candidato presidencial en un futuro, en caso de que la impugnación de su condena por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) saliera a su favor. Palabras que, como era de esperarse, sirvieron para encender el debate en las redes sociales -ya de por sí polarizadas- y dieron pie para que unos y otros, desde diferentes orillas, fijaran postura sobre un tema jurídico, pero con indudables incidencias en lo político. Todo esto en momentos en que se reclama unidad ante la crisis por la pandemia del COVID-19, donde el gobierno de Iván Duque, uribista por cierto, tiene centrados todos sus esfuerzos.
Y es que una vez se conociera la decisión de la Corte Constitucional, de concederle a Arias la opción de revisión de su condena a 17 años y cinco meses de prisión, parte del uribismo salió a reclamarla como un triunfo propio, recalcando su tesis de que lo que hubo siempre fue una “persecución política”. Algunos contradictores creen, sin embargo, que lo que se ha generado es un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, que se abrió una caja de Pandora con consecuencias incalculables para el sistema jurídico colombiano, y no falta quien asegure que ese fallo les da alas a quienes siguen empecinados en modificar el Acuerdo de Paz firmado con la desmovilizada guerrilla de las Farc. Por el momento es claro que el fallo no significa la absolución del exministro, aunque abre la puerta para que al menos 32 personas que están en su misma condición puedan exigir la revisión de sus casos. Pero más allá de las otras elucubraciones que se hagan, ¿qué efectos políticos esperar?
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“No cambia el panorama, lo usan para darse ánimo. No creo que haya más uribistas que ayer, son los mismos, ni tampoco hay más antiuribistas. La disputa se pone caliente porque es una jugada vistosa, pero no produce un resultado completo. El resultado será importante si dicen que Andrés Felipe Arias es inocente. Aunque los magistrados tienen tendencias ideológicas que los alejan y acercan a determinados sectores políticos, sus decisiones no están mediadas por ese tipo de cálculos. El uribismo, mientras estuvo en el gobierno, incurrió en muchos abusos y acciones en contra de la ley. Eso sí, llama la atención la división de la Corte Constitucional, que se expresó en el fallo. Lo interesante, y que queda por ver, es la tensión con la Corte Suprema”, dice Héctor Riveros, abogado experto en temas constitucionales.
Por supuesto, a la hora de consultar a actores políticos, no se puede pretender que se desliguen de sus lineamientos ideológicos. Para Édward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, la justicia no debe tener miedo de hacer justicia: “Todo sigue absolutamente igual en el partido. Esperamos que Andrés Felipe pueda demostrar su inocencia, aunque la verdad, uno queda triste con el pronunciamiento de la Corte Suprema, que tiene un tufillo ideológico”. Como se sabe, en un comunicado, ese tribunal calificó la decisión como un cambio intempestivo de las reglas de juego “para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura”, señalando que si bien acata el fallo, no lo comparte. Con advertencia incluida: “En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular”.
Jorge Robledo, senador del Polo y quien en su momento fue quien hizo el debate por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro, asegura que no se puede decir que no hubo debido proceso. “Es que no se ha puesto en duda la condena, lo que aparece es una nueva situación que lleva a que puede ir a otra instancia (…) yo demostré que hubo una serie de errores gravísimos de parte del Ministerio de Agricultura, que repartió alegremente miles de millones de pesos entre unos cuantos poderosos de la Costa Atlántica. A Arias lo condenaron la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; se fugó de Colombia y Estados Unidos lo regresó cuando concluyó que no era un perseguido político, ¿dónde está la violación del debido proceso?”. Y sobre sus opciones políticas futuras prefirió no jugar a las adivinanzas: “Nadie sabe en qué va a terminar todo esto. Habrá que esperar a que la Corte Suprema decida, no soy amigo de hacer futurología. De pronto le ratifican la condena, nadie sabe”.
Ahora, si bien esta vez el uribismo reclama victoria porque fue Arias, una de sus fichas, el que dio la pelea, el asunto de la segunda instancia para aforados es una cruzada que muchos vienen adelantando desde la misma promulgación de la Constitución de 1991, que no la consideró. De hecho, en 2018 se aprobó una reforma constitucional que creó una sala de instrucción en la misma Corte Suprema para que los congresistas puedan impugnar los fallos en su contra. Y si se tiene en cuenta que la condena sigue vigente y que, como dice Robledo, incluso puede ser ratificada, el triunfo puede ser pírrico. Senadores como Rodrigo Lara, de Cambio Radical, lo ven más como un éxito de los abogados de Arias que de una facción política. Y advierte riesgos por otros lados: “El peligro reside en las tutelas que, a partir de esta, se presentarán en órganos como el Consejo de la Judicatura, donde sí pesa la política para interpretar como se les dé la gana y tumbar decisiones en firme. Y también en los proyectos que surgirán luego de esta coyuntura, iniciativas para terminar de ampliar lo que dice el fallo en sesiones del Congreso virtual”.
Sobre esos efectos políticos, el senador Iván Cepeda, del Polo y uno de los más férreos contradictores de Uribe, tiene una lectura particular. Para él, la inhabilidad política que carga Arias va hasta 2027, por lo que no lo ve en ese escenario. “Lo que hizo esta decisión fue quitarle al uribismo parte de sus argumentos de ataque a la justicia. Denigran de ella cuando los fallos no les convienen. Han pedido que se acabe con la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para monopolizar todo en un aparato judicial hecho a la medida de las exigencias de su impunidad. Una vez que la Corte Constitucional responde a la acción de tutela y que Arias tiene otra oportunidad, no tienen ya argumentos para decir que la justicia en Colombia está politizada. Y tampoco veo un choque de trenes. La justicia no opera en bloque, como instancia homogénea, y es muy corriente que haya diferencias entre tribunales”.
Incluso, en el mismo Centro Democrático algunos prefieren separar el asunto jurídico de la minucia política. “La decisión de la Corte en el caso Arias era la única posible, los derechos humanos no pueden atender a conveniencia o a razones ideológicas. Colombia ratificó un tratado al respecto y era una obligación ofrecer la doble conformidad. Por lo demás, no creo que Andrés Felipe Arias esté pensando en la política, creo que está pensando en la rectificación de su buen nombre . Y todavía no se ha hablado de que pueda ser una opción presidencial”, dijo la senadora uribista Paloma Valencia. Queda claro entonces que si bien lo de Andrés Felipe Arias ha sido un punto de honor para sectores radicales del uribismo, por ahora el tema es más jurídico y constitucional. Por cierto, en sus declaraciones para Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe dejó entrever la lucha por dejar un legado y perpetuar una doctrina propia. Allá los que quieran considerar en ese espacio al exministro de Agricultura.