Quedan cinco días para el fin del primer período de la Legislatura 2015-2016 y la plenaria de la Cámara de Representantes no ha sido capaz de definir si acepta o no la acusación por el delito de concusión en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, presentada por la Comisión de Acusación e Investigación de esa misma corporación el pasado 15 de septiembre. Desde ese entonces todo ha sido un enredo, con congresistas que se declaran impedidos, recusaciones y ausentismo, lo que ha impedido seguir adelante con el proceso.
“Esto se convirtió en un conflicto político donde se siente la presión del Gobierno y de la Fiscalía. Los conservadores, que son amigos de Pretelt, no han querido votar; algunos liberales se van y la estrategia es dilatar, dilatar. Que cuenten qué es lo que está pasando. Aquí todos sabemos que la eventual salida de este magistrado le cuadraría los votos al Gobierno en la Corte. Pero la Cámara no puede ser inferior a su responsabilidad y debe decidir si acepta o no la acusación, en estricto derecho”, le dijo a El Espectador un representante, pidiendo la reserva de su nombre.
Y es que opinar sobre el caso se ha vuelto un arma de doble filo. El pasado jueves, cuando la plenaria se disponía a abordar el espinoso asunto, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Pretelt, recusó a seis parlamentarios —con los que ya suman quince— por haber expresado opiniones públicas respecto al caso de la tutela de Fidupetrol, en la cual el magistrado habría pedido $500 millones para que saliera a favor. El togado ha argumentado que no existe evidencia alguna de que haya recibido ese dinero.
“Esas personas han emitido juicios contra Jorge Pretelt antes de que el expediente llegara a sus manos, incluso algunos por las redes sociales. La norma es clarísima: nadie que emita un juicio y que va a tener bajo su control un proceso puede pronunciarse sobre él”, explicó De la Espriella. Entre los nuevos recusados están los representantes Norbey Marulanda Muñoz, Harry González, Clara Rojas, Jorge Camilo Abril, Jack Housni Jaller e Iván Darío Agudelo.
Las recusaciones tienen que ser resueltas por la Comisión de Ética de la Cámara, pero esta no se ha pronunciado sobre todos los casos. Además, cuando la plenaria se disponía a votar varios impedimentos sobre este mismo caso, el quórum se disolvió por el retiro de la mayoría de los representantes de la bancada costeña, el Partido Conservador y el Centro Democrático. “Yo les pido a los compañeros que votemos estos impedimentos para poder avanzar en el fondo del asunto y tengamos una definición del caso en los términos que fija la ley. No quiero pensar que se está dilatando”, expresó Alfredo Deluque, presidente de la Cámara.
De hecho, varios legisladores aseguran que el pulso político que se vive en los pasillos del Capitolio es intenso. De un lado, hablan de delegados del Gobierno y de la misma Fiscalía presionando para que se defina la acusación y el caso pase al Senado, que tendría que cumplir con la etapa de juzgamiento, y por el otro, dicen que el abogado Abelardo de la Espriella está haciendo lobby para dilatar la discusión, recusando a diestra y siniestra, con el fin de que la votación se realice el año entrante, en el segundo período legislativo que arranca a mediados de marzo.
“Nadie se le quiere meter a ese chicharrón. No han hecho la presentación formal de la acusación ante la plenaria, nadie se ha atrevido a asumir el rol de acusar o de defender. La presión política se siente y el tiempo pasa”, agregó otro representante, insistiendo también en que no se revele su nombre porque lo recusan. La Cámara está citada nuevamente para el próximo lunes y se espera que por fin haya humo blanco, bien sea por el sí o por el no en la acusación, lo cual, a estas alturas y teniendo en cuenta lo que está pasando, es incierto.