El Cauca del posconflicto

Para el gobernador Óscar Campo, aunque persisten dificultades, el Cauca respira hoy un nuevo aire de paz. / Cortesía

Hace algunos días, el gobierno de EE. UU. les recomendó a sus ciudadanos no viajar a cuatro departamentos de Colombia por los problemas de delincuencia y terrorismo, entre ellos el Cauca. ¿Cómo toma usted esa advertencia?

Respetamos los anuncios que cualquier gobierno le haga a sus conciudadanos; eso se llama soberanía. Pero, más que contestatarios, las reflexiones son sobre lo que el Cauca ha venido haciendo, porque el proceso de paz con las Farc ha traído cambios positivos. Por ejemplo, nos permiten tener una movilidad diferente y dinamizar nuestra economía, fortaleciendo las cadenas productivas, incluyendo el despertar del renglón del turismo y el ecoturismo, donde tenemos un potencial enorme. Le hemos dicho al embajador de EE. UU. que está invitado a visitarnos, que se arriesgue a enamorarse de esta región y su gente. Los esfuerzos que venimos haciendo en materia de seguridad, lo que hace la Fuerza Pública, nos permiten brindar garantías a propios y visitantes, y seguir generando cambios.

¿Qué tipo de cambios, por ejemplo?

En exportaciones, estamos creciendo en café, aguacate hass, quinua y trucha. Son productos para los que hace unos años era imposible que pudiéramos tener mercado con el exterior, y la economía era movida casi exclusivamente por los parques industriales del norte del departamento. Son esfuerzos de toda una sociedad que hoy quiere decirle al gobierno estadounidense que el terrorismo no se maneja vetando territorios. La gente ha vuelto a Nueva York después de lo de las Torres Gemelas o a Barcelona después de lo que sucedió en la Rambla. Sin duda, este departamento tan sufrido hoy goza de un aire diferente.

Sin embargo, ha habido hechos de violencia que preocupan y se habla de la llegada del Eln a las zonas abandonadas por las Farc tras su desmovilización…

El Eln nunca ha tenido en el departamento el dominio que llegaron a tener las Farc en el pasado. La agenda hoy apunta a atacar economías ilegales que aún persisten, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal. Son las que amenazan la convivencia ciudadana y tienen que ver con la disputa en el dominio de corredores estratégicos para la delincuencia.

¿Qué corredores exactamente?

Son dos: el de El Naya, en la zona norte, que es por donde sale gran parte de la droga, marihuana y cocaína, hacia el Pacífico, para buscar rumbo al exterior. Involucra a Toribío, Corinto, Caloto y todo ese corredor hacia Suárez, Buenos Aires y El Naya. El otro es el que va de Argelia, la cordillera del Patía y El Tambo, hacia el municipio de López de Micay. Una cosa clara es que donde hay coca y minería ilegal, hay armas.

¿Se tienen identificadas las bandas que se disputan ese dominio?

Históricamente, el Eln ha hecho presencia hacia el Macizo Colombiano, en ese segundo corredor. En cuanto al norte, se conoce de la presencia de los Pelusos, una estructura criminal que tiene su base en Norte de Santander, ligada al Epl, y que según inteligencia militar ha hecho asiento en Jamundí, Valle del Cauca. La disputa del territorio es contra disidencias de las Farc, que tiene personajes mostrándose, como alias Mordisco y alias Giovanni. Se están redoblando esfuerzos con el Ejército, la Policía y la Armada para contrarrestar su accionar y evitar su expansión, pero se requiere también que el Gobierno Nacional sea más eficiente, porque no lo ha sido.

¿Cómo así?

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en particular frente a la atención inmediata, que es el que ofrece recursos a los campesinos para que cambien la coca por otro tipo de cultivo y así puedan acceder a la formalidad, no ha sido efectivo. De verdad, estamos bastante colgados. Uno no puede ocultar que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no tienen hoy la estructura y forma que quisiéramos. No se ha logrado pasar de los preacuerdos a la práctica para que lleguen los recursos de forma masiva a los campesinos que hoy sustentan 13.000 hectáreas de coca en el Cauca. Ese déficit en el cronograma del Acuerdo de Paz genera preocupaciones y nos hace elevar la voz hacia el Gobierno, para que en estos meses que le quedan, de aquí a agosto, podamos concretar acciones efectivas y al menos dejar acordados varios proyectos para que en los próximos cinco a diez años se pueda hablar de un verdadero posconflicto.

O sea, el posconflicto aún no ha llegado al Cauca…

Hay cosas positivas, otras que siguen en stand by y unas que nos preocupan. Hay que hablar de una primera etapa, que va desde el cese bilateral del fuego, sigue con la dejación de armas y termina en la reincorporación. En particular en el Cauca, en las tres zonas veredales que había, sumaban unos mil guerrilleros. Y el proceso fue positivo. Lo otro es lo referente a la sustitución que le digo. Ahora, eso no puede opacar la economía que ha resurgido en el departamento, como bien lo decía, como el café, que se ha convertido en un dinamizador, con una producción de más de un millón de sacos al año que estamos exportando. Eso tiene que ser el referente para que la sustitución permita copar esas 13.000 hectáreas que hoy están al servicio del narcotráfico y que involucra a miles de campesinos incautos.

Otro problema tiene que ver con la disputa por la tierra, y la imagen del indígena poniéndole un machete en el cuello a un soldado no ayuda en mucho a lo que se quiere proyectar…

Más allá de las perturbaciones, que son varias, en particular en el norte, tenemos que decir que en la actualidad no hay ninguna finca invadida en el Cauca. Hay confrontaciones y agresiones, que tienen varios componentes, uno de ellos histórico. Este es un Cauca diverso, al que le tocó aceptar la transformación de un sistema feudal a un sistema que les permite a las distintas organizaciones sociales tener empoderamientos y que significó que en las décadas de los 70 y 80 se diera un cambio en la titularidad en distintos predios. Uno puede decir que, a excepción del sector cañero y en algo Cartón Colombia, no hay quien ostente grandes extensiones de tierra en el departamento. El resto son fincas pequeñas, y aquí se ha avanzado en una especie de reforma agraria que ha buscado, de una u otra forma, que las organizaciones campesinas e indígenas tengan la titularidad sobre los predios. Pero el problema central es la parte productiva, porque tener un terreno no soluciona los problemas de hambre. El objetivo es lograr que esos territorios de las organizaciones sociales tengan vocación de producción. Lamentablemente, fueron el conflicto y el desplazamiento los que se volvieron un referente negativo en la economía campesina. Lo cierto es que las fincas privadas y los resguardos requieren la protección del Estado.

Hay quienes hablan del incumplimiento de acuerdos por parte de los últimos gobiernos, que es lo que genera los paros y bloqueos en las vías…

Es que todo lo que firme después de tener cerrada 15 o 20 días una vía tan importante como la Panamericana, no tiene a mediano plazo la posibilidad de ser cumplido. En el paro más reciente ya se firmó un decreto que instrumentaliza la figura y define cómo el Gobierno va a atender los requerimientos de las comunidades indígenas. Eso es novedoso, pues establece un plan de acción que puede ir avanzando, y no es el mero acuerdo, firmado a la madrugada, donde lo único que se quiere es levantar el paro para que se desbloquee la vía, sin sentido alguno y sin metas que se puedan cumplir.