Lo que el Congreso le aprobó al Gobierno

Importancia y críticas de las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en el Capitolio.

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Gran expectativa había por los debates que se darían en el Congreso de la República, instalado el pasado 20 de julio, durante el primer período de la Legislatura 2014-2015. En gran medida, por la talla de los nuevos parlamentarios, entre los que se cuentan el expresidente Álvaro Uribe, los exgobernadores Horacio Serpa y Antonio Navarro, la investigadora Claudia López o la exfiscal general Viviane Morales, entre otros. Además, bien es sabido que el actual Legislativo está llamado a ser el "Congreso de la paz", pues tendrá que tramitar las leyes que reglamenten los eventuales acuerdos que se alcancen entre el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana.

Al término de ese primer período de la Legislatura y a falta de un acuerdo definitivo en Cuba, después de dos años de negociaciones, solo se ha dejado ver la polarización que existe frente a ese tema. Y en materia legislativa no es diferente. Aunque la agenda del Gobierno fue tramitada casi que en su totalidad, el balance final es agridulce si se compara con pasadas legislaturas, lo que se puede explicar porque las grandes reformas están pendientes de que se concreten, precisamente, los acuerdos de paz. El Espectador hizo un balance de las principales iniciativas aprobadas, cuál es su importancia y los puntos en contra.

-Equilibrio de poderes

La iniciativa busca reorganizar el Estado. La columna vertebral es la eliminación de la reelección del presidente de la República y los altos funcionarios, acabar con la politización de la justicia retirándoles las facultades nominadoras a las altas cortes y creando el tribunal para juzgamiento de aforados. Además, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, se garantiza representación en el Senado para departamentos con menos de 500 mil habitantes y silla vacía por corrupción, entre otras medidas. La crítica de fondo a esta iniciativa es que poco o nada le sirve al ciudadano de a píe que día a día tiene que enfrentarse a la lentitud del aparato judicial y estatal, sin que esta reforma represente un cambio al respecto. Fue aprobada en primera vuelta, es decir, le faltan cuatro de ocho debates.

-Fuero penal militar

Para el Gobierno ha sido una prioridad aforar a sus militares para que, a juicio del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, ajustarse a la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos y que los miembros de la Fuerza Pública puedan actuar en el campo de batalla sin tener el temor de ser judicializados por sus acciones y que en caso de investigaciones la justicia militar tenga la primera palabra. No obstante, han surgido críticas a esta iniciativa porque podría generar impunidad, incluso en investigaciones tan delicadas como los falsos positivos. El columnista de El Espectador Rodrigo Uprimny, planteó ese cuestionamiento en su última columna al señalar que “por cuanto no existe legalmente en Colombia el delito de ejecución extrajudicial, por lo cual los ‘falsos positivos’ son investigados y juzgados ya sea como un ‘homicidio agravado’ o como un ‘homicidio en persona protegida’. Un militar juzgado por un ‘falso positivo’ puede entonces exigir que su caso sea transferido a la justicia militar con la tesis de que fue un crimen cometido en una operación militar y que no es una ‘ejecución extrajudicial’ sino un ‘homicidio agravado’ o un ‘homicidio en persona protegida’. Y la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que es la que decide estos asuntos y que dista de ser el más respetado tribunal en Colombia, podría darle la razón a ese militar”. La duda está planteada.

- Ley de infraestructura

Hecha a la medida del vicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy encargado de los temas de infraestructura en el país, busca que los largos y engorrosos procesos de compra de predios en sitios donde se realizan obras de infraestructura, se puedan adquirir en un término de 10 días. Según explicó Vargas Lleras, “en muchas ocasiones los propietarios de inmuebles o franjas de terreno destinados a la infraestructura no están conformes con las ofertas oficiales basadas en los métodos de avalúo vigentes y se inician procesos dilatorios que afectan gravemente el avance de las obras”. No obstante es claro que el valor de los avalúos, por lo general, es muy inferior al real.

-Ley de orden público

Los diálogos de paz de La Habana se han realizado conforme a lo que contempla la ley de Órden Público que este año tenía fecha de vencimiento. Ante las largas que se han presentado en la negociación entre el Gobierno y las Farc fue necesario ampliar su vigencia. También el Gobierno incluyó un nuevo artículo que exime a los negociadores de cualquier tipo de investigación disciplinaria que se pueda generar por su actuación en la mesa. Los críticos señalan que ese nuevo artículo es un cheque en blanco que no se puede girar en una negociación con las Farc. Por el contrario, desde la Unidad Nacional sostienen que ese artículo les dará la tranquilidad e independencia a los negociadores frente a las advertencias del procurador Alejandro Ordóñez.

- Inspección y vigilancia a la Educación Superior

Ante el escándalo de las universidades de garaje, cuyo caso emblemático es el de la Universidad San Martín, la ministra de Educación, Gina Parody, presentó un proyecto que tiene como finalidad velar por la calidad de la Educación Superior, el cumplimiento de sus fines y el adecuado cubrimiento de los servicios de educación superior. Aunque desde las universidades sostienen que esto implica la pérdida de autonomía, el Gobierno niega que esta sea la intención. Pasó a sanción presidencial.

Además, el Gobierno logró que se le aprobaran la Reforma Tributaria, el Tratado de Libre Comercio con Corea y el Acuerdo de la Alianza del Pacífico, iniciativas de carácter estrictamente económico. Habrá críticos, seguramente. Pero para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “se cumplieron los propósitos trazados en la búsqueda de un país con paz, mayor equidad social y mejor”. Cada quien que haga su balance.

 

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