El Congreso tiene la palabra sobre las objeciones a la estatutaria de la JEP

En pasados días se habló de un borrador de auto de la Corte Constitucional en el que le pediría al Congreso hacer caso omiso de las objeciones. / Óscar Pérez

Contrario a lo que se difundió en medios de comunicación, respecto a que la Corte Constitucional desmontaría las objeciones presentadas por el presidente, Iván Duque, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), este miércoles el alto tribunal se declaró inhibido de pronunciarse de fondo sobre una materia que en estos momentos no está en su órbita; es decir, le dio la palabra al Congreso de la República para que tramite el recurso presentado por el jefe de Estado.

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Que la Corte Constitucional sentara posición sobre las objeciones a la JEP era un tema que se veía posible hasta el pasado martes en la tarde. Se esperaba que en la Sala Plena de ayer los magistrados le contestaran al representante Alejandro Chacón sobre las preguntas que le hizo al alto tribunal. Varias fuentes le confirmaron a este diario que el debate en sala fue agitado, pues la filtración de algunos datos sobre la discusión jurídica molestó a varios de los magistrados. Se referían a los detalles sobre un proyecto de auto que el magistrado Antonio Lizarazo iba a presentar para su discusión, en el que, a grandes rasgos, decía que las objeciones presidenciales no eran procedentes.

Sin embargo, esa idea se diluyó en la Sala Plena. El bloque de magistrados que estaban del lado de no pronunciarse sobre las objeciones y solo contestarle a Chacón que la Corte no es un órgano consultivo le sacó la ventaja a quienes querían apoyar la idea de Lizarazo y se impuso como mayoría. Hasta que el Congreso se pronuncie sobre las objeciones de Duque, explicaron los nueve magistrados durante una rueda de prensa, el alto tribunal no entrará a analizar el contenido jurídico del caso. El otro escenario en el que se pronunciarán al respecto será si, eventualmente, el Legislativo no llega a ningún consenso antes del 20 junio de este año. La Corte decidió, además, que la discusión de este asunto deberá estar de primero en el orden del día, como si fuese tramitado por "fast track". 

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Además de explicar que el proyecto irá directamente a las plenarias de Senado y Cámara, la presidenta del alto tribunal, Gloria Ortiz, señaló que la decisión de no pronunciarse sobre las objeciones fue “unánime” y aclaró que el proyecto de Lizarazo nunca fue registrado en sala. Sin embargo, hasta la noche del martes, la existencia de un borrador de auto elaborado por Lizarazo la confirmaron varios magistrados y funcionarios cercanos al alto tribunal. Ante la presión originada por la filtración de los datos, la Corte publicó varios mensajes en redes sociales asegurando que el mencionado borrador de auto de Lizarazo no era cierto. Sin embargo, esos mensajes fueron eliminados luego de esas cuentas.

De esta manera, la Corte dejó la pelota en el campo legislativo y abrió un capítulo inédito en la historia política reciente. El pronunciamiento alivió las relaciones entre la Presidencia y la rama Judicial, pero activó la alta tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues serán los congresistas quienes definan el futuro de la Ley Estatutaria.

Con un agravante, el procurador, Fernando Carrillo, ha sido reiterativo en que el Congreso de la República no tiene facultad para tomar esta decisión, toda vez que las objeciones del presidente Duque son de carácter constitucional y no de conveniencia, como lo argumentó el mandatario el día que presentó reparos a seis artículos de los 159 que componen la estatutaria. Carrillo dejó una advertencia velada a los congresistas, quienes se llenaron de miedo por tratarse de un pronunciamiento de su propio disciplinante.

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Ahora, los reflectores están puestos sobre el Capitolio Nacional, donde tanto el Senado como la Cámara ya tienen listas las comisiones accidentales que rendirán informes de ponencia para llevar a las plenarias. En el caso del Senado, su presidente, Ernesto Macías, la integró por nueve parlamentarios cuya afinidad es claramente con el Ejecutivo; mientras que, en la Cámara, Alejandro Chacón, presidente de la corporación, seleccionó a unos integrantes, en su mayoría, sensibles al tema de la paz.

Así las cosas, en cuanto el Legislativo logre salir de los debates del Plan Nacional de Desarrollo, que, dicho sea de paso, está al borde de hundirse porque el mundo parlamentario ve con desconfianza su contenido y además ya tiene su atención puesta en la disputa entre los poderes públicos, la objeción de Duque a la JEP iniciará su trámite. Un paso que será complejo y muy desgastante para el Gobierno.

“Las objeciones tienen tres caminos y solo uno le conviene al Gobierno: que una plenaria las niegue y la otra las apruebe de manera que se archiven los artículos objetados por el presidente. La otra posibilidad es que Senado y Cámara aprueben el recurso presentado por el mandatario, caso en el cual, si se le hacen modificaciones, la Corte volvería a revisar el proyecto y revivir los textos originales. El tercer camino es la negación de las objeciones, lo cual significaría una tremenda derrota política”, explicó un alto funcionario de la Casa de Nariño.

Para la representante de la oposición, Juanita Goebertus, si bien la Corte no se pronunció de fondo ni respondió sobre la competencia del Congreso para decidir sobre objeciones que, considera, son constitucionales y no de conveniencia, sí dejó claro el mensaje de que habrá control constitucional automático, a menos que el Congreso rechace integralmente los reparos, y el trámite tendrá límite de tiempo. Como también está claro que la ventaja la llevan las fuerzas que defienden el Acuerdo de Paz, pues ya partidos como el Liberal, la U y toda la oposición cantaron su voto para negar las objeciones. Falta ver qué camino toma Cambio Radical, que se reunirá este viernes en Valledupar para tomar una decisión. Y, de igual manera, es evidente que los impedimentos jugarán un papel trascendental a la hora de definir las mayorías. Como quien dice, que se abra el telón para la más dura batalla política en el Congreso de la República.