Entrevista

“El debate de la regulación del cannabis requiere apertura mental”: Juan Carlos Losada

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El representante liberal es autor y ponente del proyecto que busca regular el consumo de la marihuana de uso recreativo. Desmiente el argumento de que afectaría a los menores de edad y reitera que el prohibicionismo dejó de ser un camino para luchar contra el narcotráfico.

¿Qué efectos tendría en Colombia regular el consumo de cannabis recreativo? Es una pregunta que desde hace unos días se discute en el Congreso de la República, por cuenta del proyecto que busca que sea posible su uso para los adultos. La iniciativa es de los representantes liberales Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada y su deliberación no ha sido nada fácil. Aunque se debate en la Comisión Primera de la Cámara, que trata temas de corte constitucional, la propuesta ha enfrentado varios argumentos de corte moral. Tantas suspicacias ha generado que en su primer debate no se pudo avanzar porque sus detractores intentaron archivarlo, comentando, entre otras cosas, que la regulación le haría daño a los menores de edad e incentivaría el mercado ilegal que rodea entornos vulnerables.

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A propósito de un nuevo debate, que se lleva a cabo esta semana en esta corporación, el representante Losada le responde a sus contradictores que regular el consumo de marihuana para fines recreativos es un camino real y un paso en la dirección correcta para, justamente, cerrarle la puerta al narcotráfico y a los jíbaros que buscan volver adictos a los consumidores. Así mismo, desmiente los argumentos morales, y expresa que este proyecto defiende las libertades individuales y desestigmatiza a los consumidores no problemáticos.

¿Qué representa este proyecto en términos de libertades individuales y derechos fundamentales?

Este proyecto busca profundizar en el derecho de los ciudadanos a determinar su proyecto de vida, y defiende el derecho a la libre personalidad. Busca romper con la contradicción que hay en nuestro ordenamiento jurídico respecto al cannabis. En la década de 1980 ya estaba planteado el tema de la dosis personal de 20 gramos y la tenencia de 20 matas de marihuana. Hubo luego una sentencia que dice que la penalización del consumo es inconstitucional y por tanto se le debe permitir a los colombianos. En 2016 la Corte Suprema de Justicia falló, además, sobre la dosis de aprovisionamiento, es decir, que a parte de que una persona puede consumir, también puede aprovisionarse para dosis futuras. Todas esas sentencias están a favor de los consumidores, basados en sus libertades individuales, pero que en los últimos años han sido atacadas por una visión más conservadora.

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En ese sentido, las fuerzas políticas más retrógradas del país piensan que los derechos individuales deben restringirse. Lo han pretendido en el acto legislativo 02 de 2009 para prohibir el porte de drogas y el decreto presidencial que prohíbe la dosis mínima y que fue declarado por la Corte Constitucional como inexequible. De manera que aquí ha habido dos posturas en permanente contradicción, por lo que este proyecto busca profundizar los derechos mencionados para sacar a los consumidores de cannabis de los circuitos ilegales por medio de la regulación y de que exista, por ende, un mercado legal para su uso recreativo en los adultos. Es una iniciativa altamente liberal en término de la defensa de los derechos fundamentales.

Los congresistas que rechazan este proyecto dicen que el Estado debe garantizar la protección de la vida y la salud, por encima de las libertades individuales. ¿Qué les responde?

La autodeterminación del individuo con respecto a su propia salud no puede ser un tema en el que se inmiscuya el Estado. El Estado debe darle la mejor información posible a los ciudadanos. Los representantes no plantearon, por ejemplo, la prohibición del tabaco, así se sepa que su consumo sí es nocivo. ¿Por qué? Porque esa decisión está en el fuero interno de los ciudadanos que deciden si fuman o no. De eso se trata la libertad individual. Si siguiéramos la teoría de que todo lo que le haga daño a la persona se debe prohibir estaríamos acabando con todas las libertades y eso ya no sería una democracia. Lo que debe hacer el Estado es promover las buenas prácticas, pero no las puede imponer.

También argumentaron en contra del proyecto que no es un momento oportuno para legalizar el consumo, así sea recreativo, por el narcotráfico que sigue azotando al país...

Justamente el negocio del narcotráfico tiene como principio de sus ganancias económicas la ilegalidad de las drogas. La razón por la que las drogas representan tantas ganancias para los circuitos ilegales del narcotráfico, es justamente porque son ilegales. Por eso una de las fórmulas para romper ese circuito ilegal es la regulación. No digo que sea la única forma, pero es un camino para cerrarle el camino a los narcotraficantes únicamente frente al cannabis. Eso está demostrado en los países que han legalizado. La corrupción y violencia que ese negocio ha causado por obtener cultivos y rutas se verían minados por la llegada del mercado legal. La verdadera lucha contra las drogas va a tener que pasar por la educación e información, y no por las fórmulas prohibicionistas, porque ese camino no funcionó.

Es evidente que los mercados no han parado de crecer, a pesar de la prohibición, por eso estamos planteando una regulación, que además permitiría que la gente tome sus decisiones con información sobre esta droga y que no sea un tema oscuro. Las personas deben poder informarse sobre el consumo. Se necesita mayor educación y confianza en que la ciudadanía va a tomar las decisiones que necesita.

Hablemos de qué pasa con el miedo que tantos parlamentarios manifestaron sobre el consumo de los menores de edad. ¿Es un argumento falaz?

Varios representantes dijeron que este proyecto iba a ser nocivo para los niños, niñas y adolescentes. Pero es que en los mercados legales no hay que ir por los menores de edad para hacerlos consumidores y luego adictos. Eso es lo que sucede en muchos colegios rodeados de jíbaros, pero es un modo de operar de los mercados ilegales. La regulación permite una dinámica más pedagógica frente al consumo. Entonces ese discurso que parece defender y proteger a los menores de edad es más un escudo político, lamentable. Nos acusaron de promover y fomentar el consumo en los niños, algo que es vergonzoso.

Muy alejado de esa acusación, nuestro argumento es que la lucha antidrogas es un fracaso al punto que los menores de edad están viéndose afectados por ese mercado oscuro de las drogas, porque lo hemos vuelto un tema tabú, una cosa sobre la que no se puede hablar. Por esa vía hemos permitido que los niños caigan en la trampa del narcotráfico. Necesitamos un mercado lleno de información, que desestigmatice el uso de las drogas y del cannabis en particular, que le permita a los ciudadanos tomar decisiones asertivas, y no basadas en el miedo. Ese argumento de que aquí son los primeros afectados los niños, es una absoluta mentira y una instrumentalización por parte de las fuerzas conservadoras de este país, que le meten demasiada moralidad y muy poca ciencia a la discusión.

Hay otro miedo que usaron contra el proyecto: que, en caso de regular la marihuana de uso recreativo, Colombia vulnere sus compromisos con al menos tres tratados internacionales sobre sustancias ilícitas. ¿Cómo lo ve usted?

Esos tratados fueron suscritos por países donde hoy hay un consumo regulado. Empezando por Estados Unidos, que es el principal actor en contra de la lucha de las drogas pero en el que muchos de sus estados tienen consumo regulado y sus ganancias en forma de impuestos al consumo. Lo mismo sucedió en Holanda, Canadá y Uruguay. Todos han suscrito esos tratados, que son de la década de 1970 y 1980, pero la discusión de la actualidad a nivel internacional se está dando en otra vía: la Organización Mundial de la Salud ha pedido retirar al cannabis de la lista de estupefacientes. Y creo que, de aprobarse la legalización para la marihuana recreativa, Colombia no estaría incurriendo en ninguna violación de esos tratados, porque estos tampoco le imponen al país tomar cierto tipo de decisiones en torno a la política pública sobre drogas.

Otra cosa importante: la lucha antidrogas que lidera Estados Unidos en Colombia está enfocada en la producción de cocaína, no en otra droga. Tan es así que desde que la marihuana se volvió un negocio legal para Estados Unidos, dejó de perseguirla. Hacia allá está caminando el supuesto aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en la relación con Estados Unidos la marihuana no es el problema, sino la coca. Por eso creo que la regulación de ninguna manera pone en riesgo esa relación. Y si sí lo hiciera, habría una enorme hipocresía por parte de esa nación.

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¿Qué problema encuentra usted en los argumentos de quienes se oponen a su proyecto?

Meten al cannabis en el mismo costal que otras drogas. Y lo hacen porque les conviene argumentativamente. Si entraran a mirar los efectos de cada una de las drogas en la salud de los seres humanos, tendrían que hacer una diferenciación muy clara entre la marihuana y otras como las sintéticas, la cocaína, que tiene efectos muchos más fuertes de los que tiene la marihuana. No la separan porque si lo hicieran, tendrían que comparar el cannabis con el alcohol y el tabaco, dos sustancias que, en términos de sus efectos, se asemejan más a los de la marihuana. Prefieren jugar en la ambigüedad de la palabra “droga” para invalidar los documentos científicos de que esta droga, la marihuana, causa menos daño incluso que el alcohol y el tabaco.

Usted sabe que es bastante improbable que esta iniciativa prospere, por las fuerzas mayoritarias y conservadoras del Congreso. ¿Para qué dar la pelea?

Desde el principio, Reyes Kuri y yo sabíamos que esto era uno de los temas más polémicos que puede haber en nuestro país. Es un tema difícil, con posiciones muy encontradas y por supuesto, estamos esperanzados en que el proyecto avance, pero sabemos que eso es muy complicado. Y estamos listos para dar el debate cuantas veces sea necesario. Ahora, lo que nos parece rescatable es que este debate se está poniendo en la agenda pública, de una manera en que cada vez el Congreso tome las decisiones que debe tomar. Algunos proyectos hay que radicarlos muchas veces hasta que sean aprobados.

El ejemplo de eso es el de la prohibición del asbesto, que se radicó más de 10 veces y luego de años se convirtió en ley. Durante años el Congreso lo hundió hasta que llegó un punto en que ya era insostenible no aprobarlo. Nosotros estamos arrancando un proceso que seguro nos tomará tiempo, pero es una discusión que hay que poner desde ahora a nivel nacional, por el momento que vive el planeta en el tema del fracaso de la política antidrogas a nivel mundial.

¿Qué le dice a sus detractores?

Que este debate requiere apertura mental, mirar el problema de las drogas desde una perspectiva distinta a la de ahora, que ha estado plagada de argumentos moralistas y religiosos debatidos por la ciencia. Mi invitación es que empecemos a mirar el tema del cannabis recreativo desde una óptica nueva, desde nuevas posibilidades. La lucha contra las drogas es lo que más se asemeja a la definición de locura de Einstein: hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Los invito a que vean las experiencias de cerrarle el paso al narcotráfico creando mercados legales para no estigmatizar a los consumidores. Invitarlos a que en este Estado laico atendamos más a la ciencia que a la moralina, a los argumentos científicos que a las preconcepciones.

¿Y qué mensaje le manda a los consumidores recreativos?

Que es increíble que quienes se oponen al proyecto desconocen que cerca del 40 % de los consumidores de cannabis en el país no son problemáticos, que solo están haciendo uso de su derecho constitucional. Permitir la regulación es una victoria de las libertades individuales y una garantía para esos consumidores recreativos, que no están haciendo daño a la sociedad. La estigmatización de esta visión prohibicionista se soluciona únicamente con la regulación. Como pasa en el alcohol, los consumidores problemáticos tendrán que tener una atención en salud. Este proyecto trabaja por las libertades y derechos de los consumidores recreativos y no problemáticos.

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