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El próximo miércoles, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la cúpula militar, y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) deberán dar explicaciones ante la plenaria del Senado, en un debate de control político, por las “chuzadas” ilegales en contra de al menos 130 personalidades del país —entre políticos, periodistas, líderes de oposición y miembros de corporaciones sociales— reveladas por la revista Semana. Carpetas con perfiles, conexiones laborales y personales, elaboradas esta vez por Inteligencia Militar, en una historia que se repite cada cierto tiempo en el país, por la que siempre se culpa a unas cuantas “manzanas podridas” y nunca se llega al fondo, pero que para sus víctimas tiene, sin lugar a dudas, una motivación netamente política.
¿Quién dio la orden? Es la pregunta que se hacen los afectados, uno de los cuales va más allá: “Los militares no se mandan solos, siempre hay un destinatario político”. Interrogante que cobra mayor relevancia con la postura del Gobierno, que a través del mismo Trujillo ha dicho que se puso en riesgo la seguridad nacional, pues las interceptaciones llegaron hasta el despacho del presidente Iván Duque, teniendo en cuenta que uno de los perfilados fue Jorge Mario Eastman, su exsecretario general. “Quienes realizan actos ilegales no son militares, no son policías, son criminales y deben ser sancionados con todo el peso de la ley (…) nadie más interesado que el Gobierno en que se conozca la verdad y en que se conozca quién tenía interés en urdir conspiraciones contra el jefe de Estado”, dijo.
En declaraciones a El Espectador, el ministro de Defensa puso además sobre la mesa los alcances de la Ley de Inteligencia (1621 de 2013): “Es clara y explica los fines, funciones y límites que tienen estas actividades y dice, desde sus primeros artículos, que nadie puede ser objeto de seguimientos en razón de su oficio o forma de pensar”. Previo a esa ley, en 2011, se había dado la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), luego de que el país conociera diversas y continuadas violaciones a los derechos humanos. Una nueva estructura que incluso tuvo su capítulo de discusión en los diálogos del gobierno Santos con las Farc en La Habana, frente a las tesis de la “doctrina de seguridad nacional” y del “enemigo interno”, de cara a la consolidación de una paz “estable y duradera”.
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Para Diana Catalina Cortés, en el documento Transformación de la Inteligencia Estratégica en Colombia: Hitos y retos en el escenario actual, presentado como tesis para su magíster en Estudios Políticos en Universidad Nacional, en el caso colombiano, los resultados que orientan las decisiones en materia de inteligencia “no están dados por una situación de riesgo-amenaza, sino por una situación derivada de la construcción, política y mediática, de un enemigo interno y de la percepción del riesgo más en la proliferación de ideas contrarias y de izquierda, que en una verdadera desestabilización del Estado o amenaza real y directa contra su existencia”. Concluyendo, entre otros puntos, que si bien las agencias son órganos consultores con capacidad de determinar dónde están los posibles riesgos y guiar la toma de decisiones, es el Gobierno quien fija su agenda, estableciendo así sus prioridades y enemigos a combatir.
De ahí el interrogante que plantearon los periodistas que aparecieron en la reciente lista de “chuzados” por Inteligencia Militar: “¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?”. Las respuestas sobre si esos organismos están o no politizados van y vienen, de acuerdo con desde dónde se fije postura. Porque, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, del Polo y uno de los más férreos opositores del gobierno Duque, habla sin tapujos: “Nosotros sí queremos saber quién ordenó ese tipo de actividades y sí hay miembros del Centro Democrático, lo digo con toda claridad, porque aparece en las investigaciones periodísticas que encomendaron o recibieron información proveniente de esta actividad criminal”.
Jean Carlo Mejía, exdirector de Defensoría Militar, reconoce que hay ciertos elementos del cuerpo de coroneles y generales que, a partir del gobierno Uribe, empezaron a tener una visión más política y la desplegaron en un ámbito que tendría que ser neutral, como es el de la inteligencia. “No son todos, sino aquellos que tienen una condición de supraideologización, que tienen una visión exacerbada desde su perspectiva ideológica. Eso viene de la preparación o de la misma familia y de las razones por las que se convirtieron en militares. A ese tipo de oficiales es muy fácil que los políticos se les acerquen, incluso a través de oficiales retirados que fueron referentes. Hay una característica, y es que cuando se retiran dejan ver eso que tenían callado y guardado durante muchos años de servicio”, recalca.
Ahora, aunque para Mejía el perfilamiento es una actividad legal, cuando aparecen tantos con una misma línea (la de la paz o la oposición), es lógico pensar que exista una motivación política. “Hay unos identificadores que hacen pensar que hay unos intereses de alguien por fuera de las fuerzas, que buscaban tener una visión de lo que estaba pasando en un momento específico. Hay unos elementos de mucho poder que se están moviendo (…) por el conocimiento que tengo, puedo decir que en muy pocas ocasiones se hacen cosas a espaldas de los comandantes. Lo único es que se disfrazan las actividades para obtener algún beneficio. La inteligencia militar, si no es manejada con guante blanco, es decir, con una ética superior, termina en desbordes como los del DAS. Lo que me parece es que hay una mano atrás que no es militar, con muchísimo poder, y que incluso está aprovechando la división de un partido para tener la visión de ciertos temas”, concluye.
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Otra tesis maneja un exdirector del DAS consultado por este diario, pidiendo la reserva de su nombre. Para este, más que una politización de los organismos de inteligencia, lo que se ha dado es una “chambonería”, que pasa porque hay muchos que tienen “cucarachas” en la cabeza: “Puede que el procedimiento del perfilamiento fuera legal, pero, ¿estas personas eran objetivos válidos y legítimos? No lo son. Hay uno que podría ser la excepción, y es el periodista que consiguió una entrevista con un líder del Eln. Eso es interesante porque puede poner un sabueso para seguir el trazo del terrorista. Pero es claro que no hay una agenda de perseguir a críticos del Gobierno, o si no no estuviera Eastman y tampoco estarían periodistas del Wall Street Journal. No he evidenciado una politización de la inteligencia, lo que pasa es que en Colombia no saben realmente para qué sirve. Eso sí, se necesitan herramientas para controlarla”.
Controles que, por lo visto, no existen o al menos son mínimos. Porque si bien se creó una Comisión Parlamentaria de Seguimiento a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, esta carece de mecanismos para ser efectiva, y más aún en tiempos de emergencia sanitaria y cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19. “No podríamos asegurar que no hay una politización, pero hay motivos que lo ponen en duda. Nos preocupa que algunos congresistas han dicho que la DNI está haciéndoles seguimientos. La idea es hacer una sesión para abordar ese tema, pero debemos ser prudentes, pues esta tendría que ser virtual y no hay seguridad en la plataforma. Se manejan temas muy delicados, con información privilegiada. Sentimos que se está repitiendo lo de las ‘chuzadas’ del DAS”, asegura Neyla Ruiz, representante a la Cámara de la Alianza Verde e integrante de la mencionada Comisión.
Siendo senador, Juan Manuel Galán actuó como autor y ponente de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y habla con nombre propio, pues para él desde hace un tiempo se ha hecho evidente el intento sistemático por parte del Centro Democrático de “politizar” a la Fuerza Pública, generando que se creen facciones internas, que empiezan a tomar partido y actuar en función de esa lógica. “Lo que nosotros intentamos hacer en la ley fue abandonar la vieja doctrina de seguridad nacional, que era la carta de navegación de los organismos que seguían desde la Guerra Fría; la sustituimos por una doctrina de derechos humanos”. Para el excongresista, son dos los escenarios: o el Gobierno y los altos mandos militares no sabían —“lo cual es muy grave que equipos de inteligencia donados por EE. UU. terminen usados en operaciones de seguimiento y acoso”— o no sabían, lo cual significa que no tienen el control e implica una “responsabilidad política” que no se puede eludir porque también perfilaron a Eastman. “Hay sistematicidad, no fueron casos aislados. Hablan de ‘manzanas podridas’ pero, si hay un patrón, aquí hay un problema de fondo y es el intento deliberado del uribismo de meter a la Fuerza Pública en el juego político”, concluye Galán.
Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, dice que lo que evidencia el caso de los perfilamientos realizados por el Ejército es que, pese la legislación vigente y los recursos empleados en robustecer la unidad en materia operativa, Colombia tiene un problema de inteligencia y contrainteligencia. La dificultad, según el analista, no recae en la capacidad y los equipos para realizar labores, sino en las directrices e instrucciones en su manejo. “Es un riesgo que las centrales de inteligencia del Estado, que han tenido una preparación excelente, terminen guiadas por intereses particulares o personales, y no por los intereses fundamentales del Estado, que son la protección de derechos humanos y de la vida en Colombia (…) muchas de las directrices escalan a un ámbito político. Recordemos que la ley consagra a la inteligencia como una herramienta para la consecución de fines esenciales, como la soberanía, la seguridad y todo lo que permita proteger los recursos e intereses de la Nación”, explica.
A su turno, Juan Carlos Pinzón, quien como ministro de Defensa del gobierno Santos promovió la ley que fortaleció el marco jurídico para que los organismos del Estado adelanten actividades de inteligencia y contrainteligencia, abogó por la presunción de inocencia y el debido proceso de los supuestos responsables, pero admitió que debe haber más control y disciplina en el manejo de herramientas. Al defender la labor de quienes adelantan labores de la inteligencia, eso sí apegados a la ley, explicó que muchas veces se llega a los delincuentes a través de sus contactos, bien sean familiares, amigos, otros delincuentes e incluso otras personas, como periodistas que los buscan para entrevistas. “Siempre habrá un debate cuando se hace ese tipo de seguimiento y eso si se termina persiguiendo a la persona que está estableciendo contacto y no al delincuente. Ahí no se pueden cometer errores. Se persigue es al delincuente”, enfatiza.
Por último, ante los señalamientos directos que algunos hacen al uribismo, la senadora Paola Holguín responde, también de frente: “Hay un problema y es que la gente está mezclando información. Al día de hoy nadie sabe si esas carpetas se construyeron con información abierta o no. Y otra preocupación es que se filtra esa información y se comparte por los medios de manera sesgada. Pedro Soto, el capitán Castaño, Jorge Mario Eastman, el general Lemus (que es muy cercano a nosotros) están también en esa lista. No se debería hablar de manera tan parcializada. Esas agencias no están politizadas porque tienen que trabajar para el Estado, no para partidos, ni para gobiernos, ni para políticos. Tan es así, que uribistas o cercanos al partido también aparecen ahí, aunque no se sabe el listado completo. Tienen que responder los responsables, pero siento que hay una cadena de estigmatizar, debilitar a las Fuerzas Militares, querer hacer ver que hay una estructura militar e infundarlo a un partido, al Centro Democrático”.