El debate se vuelve judicial

La tesis de que el candidato progresista estaría inhabilitado jurídicamente tiene un trasfondo político en la lucha por la Alcaldía.

En la campaña de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá hablan de una “conspiración de la ultraderecha” para sacarlo del juego. Lo cierto es que la tesis que puso sobre la mesa el exministro Fernando Londoño Hoyos de que el candidato del movimiento Progresistas estaría jurídicamente inhabilitado para ser alcalde pues antes del indulto que recibió como integrante del M-19 dentro de los acuerdos de paz de ese grupo guerrillero con el Gobierno ya había sido condenado por porte ilegal de armas, revive una controversia política que ya se vivió el año pasado, cuando Petro fue el candidato presidencial del Polo Democrático.


Según la teoría de Londoño, en 1985 Gustavo Petro “fue sorprendido con armas en Zipaquirá y sometido al juez competente, que era el comandante de la Brigada, según normas establecidas en un acto con fuerza de ley, y condenado a 18 meses de prisión. Recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, fue trasladado a Ibagué, donde acabó de purgar la condena un poco antes de lo previsto, por rebaja que le hizo la Justicia Penal Militar. Todo consta en piezas procesales, que Petro no desmiente”. Su conclusión es que por haber sido capturado, juzgado y condenado, tiene una inhabilidad que está descrita en el artículo 179 de la Constitución, la cual, “por una migración normativa, se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá”.


Ya en octubre de 2009, en la antesala de la campaña presidencial, el concejal del Partido de la U Orlando Parada —a quien Petro ha señalado de ser uno de los concejales involucrados dentro del cartel de la contratación en Bogotá— había elevado una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para que determinara si Petro podía participar en la contienda, ya que una reforma a la Constitución realizada en junio de ese mismo año establecía que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos (…) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales”.


En ese entonces, el mismo Gustavo Petro alegó que lo que se quería era restringir el derecho a la participación de los exmilitantes del M-19 y dijo que se trataba de “un atentado contra la paz”. Asimismo, al igual que ahora, advirtió que a lo que se apuntaba era a cerrarle el paso: “Fue un manotazo que dio el Gobierno para arrebatarnos nuestros derechos políticos. Con la reforma se intentó quitar del camino a uno de los rivales del presidente (Álvaro Uribe), previendo que él podría ser candidato”. Días después, el Consejo Nacional Electoral habilitó la aspiración de Petro, señalando que sobre éste no proceden condenas penales en ninguna materia.


Un argumento diferente al que plantea Londoño, quien cree que el perdón al M-19 no cubrió el delito anterior de Petro, que “nunca fue declarado delito político”. Sólo que ahora el nuevo escenario es el de la campaña por la Alcaldía de Bogotá, donde el aspirante de los Progresistas, según las más recientes encuestas, protagoniza un ‘cabeza a cabeza’ en la punta con Enrique Peñalosa, candidato del Partido Verde. Y ayer, a través de la red de Twitter, Petro se dio a la tarea de responder a los cuestionamientos: “El argumento torvo de Londoño, que sabe que el proceso desapareció, es señalar que yo fui condenado por delito y por sentencia judicial (...) contravención no es delito, sanción no es condena y resolución administrativa de general no es sentencia judicial”, escribió.


En 34 trinos, Petro contó su propia versión de los hechos. Dijo que en el Ministerio de Defensa desaparecieron el proceso por el cual fue arrestado. Que su nombre fue borrado de la lista de indultados. Que en 2009 el Partido de la U, suponiendo que había sido condenado por delitos, impulsó una reforma constitucional para inhabilitarlo. Que restos de actos administrativos de la cárcel permitieron comprobar que había sido arrestado en virtud de un decreto de Estado de Sitio. Que el 6 de septiembre de 1985 fue detenido y llevado a la Escuela de Caballería, donde fue torturado y enviado luego a la cárcel y que le aplicaron el Decreto 1056 de 1984, que tipificaba una contravención: el porte de arma de defensa personal sin salvoconducto, la cual tenía una sanción de uno a dos años de prisión.


Ayer, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Gilberto Rondón señaló que Petro no está inhabilitado porque fue indultado, lo que significa “que se le extinguió la pena porque había sido condenado por un delito político”. Para el senador Armando Benedetti, precisamente de la U, ese supuesto porte ilegal de armas entra dentro del accionar que tuvo como guerrillero y, por lo tanto, dentro del perdón. “No puede ser que ahora, por cuestiones de coyuntura electoral, saquen esos argumentos”, expresó. Como ha sucedido tantas veces en el reciente pasado, la justicia se trata de convertir en un escenario político en el que cada quien busca sacar ventaja. Petro acusa a diestra y siniestra en lo del carrusel de la contratación y sus contradictores hurgan en su pasado.