El difícil camino para la estatutaria de la JEP

Todo indica que el presidente Iván Duque objetará la norma argumentando inconveniencia. El uribismo considera que hay las razones suficientes para hacerlo; mientras que la oposición advierte que esto solo dilatará el funcionamiento de la JEP. ¿Empieza la modificación del Acuerdo de Paz?

Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil
07 de marzo de 2019 - 03:00 a. m.
Iván Duque anunciaría el próximo lunes su decisión de objetar o sancionar la estatutaria de la JEP, tribunal que preside la magistrada Patricia Linares.  /
Iván Duque anunciaría el próximo lunes su decisión de objetar o sancionar la estatutaria de la JEP, tribunal que preside la magistrada Patricia Linares. /

En el Centro Democrático y el uribismo hay total convencimiento de que la decisión que tomará finalmente el presidente Iván Duque Márquez, respecto a la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), será la objeción por motivos de inconveniencia. Por los lados de la oposición, que ha pedido al mandatario que sancione la norma para no dilatar más el funcionamiento del tribunal, aún hay esperanzas, aunque son conscientes de que el corazón del mandatario se inclina por una profunda reforma al sistema de justicia transicional y que al final su decisión será objetar la norma y devolverla al Congreso.

Se le acaba el tiempo al presidente para tomar una decisión. Los 20 días hábiles que tiene por ley para objetar o sancionar la norma están a punto de terminar y el plazo vence el próximo lunes, aunque este jueves, en la audiencia pública que se realizará en la Corte Constitucional sobre el uso de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito, podría haber un guiño sobre el camino que tomará el mandatario en este asunto.

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Los defensores de la implementación del Acuerdo de Paz, como el senador Roy Barreras, han sostenido que la objeción de la norma crearía una limbo jurídico que daría una facultad -muy cercana a la omnipotencia- a los magistrados de la JEP para que definan su propio reglamento, a falta de una estatutaria. Es decir, que cuanto más vacíos jurídicos existan en el momento de tomar una decisión, mayor será la potestad que tendrán los jueces para interpretar la situación de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2017, que al ser una reforma constitucional tiene un amplio margen de maniobra a favor del sistema transicional de justicia.

Según comenta la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, la objeción de la estatutaria lo único que ocasionaría es un debate de ocho o nueve meses, que retrasaría toda la misión de la JEP, para que el presidente Duque termine obligado a sancionarla. “El presidente seguramente objetará la estatutaria y nos va a meter en una discusión jurídica muy compleja. La JEP seguirá funcionando porque existe constitucionalmente y porque no requiere una ley estatutaria para su funcionamiento, pero la discusión pública abrirá el camino para que los sectores que quieren debilitar y desprestigiar a la JEP avancen en ese fin”, señaló Goebertus.

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En contraste, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, sí considera que hay razones de peso para objetar la norma. “La tiene que objetar en algunos puntos por razones políticas. Duque representa a quienes ganamos con el No en el plebiscito y a quienes volvimos a ganar en la Presidencia. Nos oponemos a varios elementos de la JEP, porque creemos que son inconvenientes para el país y el presidente tiene el mandato ciudadano que dice que los acuerdos deben modificarse”, expresa la senadora.

Para Valencia, contrario a lo que dice la oposición, no habría ningún choque de trenes con la Corte Constitucional, porque las decisiones del tribunal no excluyen las decisiones políticas que se adopten para aplicar lo que se determine en un asunto específico. “Si el presidente objeta, abre un debate que el expresidente Santos eludió dar con quienes hemos exigido modificaciones en temas fundamentales, como la justicia”, dice la congresista uribista.

En pocas palabras, el Centro Democrático buscará cambios en temas como que los delitos sexuales contra menores no sean juzgados por la JEP; que los crímenes de lesa humanidad tengan penas privativas de la libertad; que los miembros de la Fuerza Pública acudan a salas dentro de la JEP con “magistrados especiales que brinden todas las garantías” o que haya mayor celeridad en la extradición cuando los delitos sean cometidos con posterioridad al 1° de diciembre de 2016.

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Otro debate abierto es si el presidente puede o no objetar artículos específicos de la estatutaria si esta ya cuenta con el aval de la Corte Constitucional. Goebertus explica que la jurisprudencia es clara al señalar que las dos formas de objeción son posibles, pero que la discusión se centra en si serán por conveniencia (política, económica, social o cultural) o si serán por inconstitucionalidad, un campo en el que, según dice, no hay competencia ni del presidente para objetar ni del Congreso para decidir sobre esas objeciones. “Ojalá el presidente oiga a los buenos consejeros, los que le expliquen realmente cuál es el despropósito de objetar una norma como esta”, anotó la representante.

Valencia, por su parte, considera que la JEP debe funcionar tal y como ha venido operando desde hace aproximadamente un año, sin necesidad de una estatutaria, hasta que se hagan las modificaciones: “Es falso que la JEP sería un organismo superpoderoso. No podría caminar por esos terrenos, porque ya ha cometido suficientes pecados en este corto año de existencia. Creo que el presidente la va a objetar porque, como nosotros, entiende que hay temas inconvenientes”. La decisión del presidente sobre la estatutaria abrirá, sin duda, un nuevo capítulo en el proceso de implementación ante un organismo de justicia que ya ha abierto varias líneas de investigación y que representa uno de los pilares del Acuerdo de Paz con el que el uribismo, sector al que pertenece Duque, nunca ha estado conforme.

Por Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil

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