El embrollo jurídico del debate de moción revocado

Hace cuatro años, Trujillo había abogado por garantías para el control político a los gobiernos. / Archivo

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“Lo que el país necesita es un verdadero equilibrio de poderes, para que el sueño de la rendición de cuentas y el control no sea una fábula constitucional, sino una realidad que le dé credibilidad al sistema”, escribió en abril de 2016 el hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una columna publicada en su cuenta de Twitter. Hacía referencia a las mociones de censura que había tramitado el Congreso desde la expedición de la Constitución del 91 hasta esa fecha. Contó 23 recursos en los que ninguno tuvo como desenlace la salida de un jefe de cartera.

Con ese balance, Trujillo criticó “la capacidad que tiene el Ejecutivo de cooptar” a los congresistas, asegurando que la realidad de los años muestra cómo las administraciones han logrado “construir coalición necesaria para impedir que los parlamentarios tumben a uno o varios de sus ministros”. Palabras de un constituyente del 91, quien el pasado jueves estuvo a punto de enfrentar su segundo “juicio político” en menos de un mes, esta vez en el Senado, pues la Cámara de Representantes ya le había adelantado un debate de moción de censura convocado por la oposición, del que salió ileso con el respaldo de 136 votos contra 24.

Pero toca decir “estuvo”, porque antes de proceder a dar inicio al debate, luego de más de seis horas de debate de control político encabezadas por Roy Barreras, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, radicó una proposición para revocar el punto de la agenda que seguía en el orden del día, el de la moción de censura, alegando que ya no había objeto para llevarse a cabo la discusión, pues el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado que tumbó el fallo del Tribunal de Cundinamarca, en referencia a que el Gobierno tenía que pedirle permiso al Congreso para autorizar la presencia de una brigada militar estadounidense en el país -motivo de la citación a Trujillo por parte de Jorge Robledo, senador del Polo-, lo dejaba sin piso.

“Acudimos a una herramienta legal que está en la Ley Quinta (reglamento del Congreso), en la que se establece que cualquier decisión de la Mesa Directiva puede ser apelable por la plenaria. Por el tema que motivó el debate de moción de censura (ingreso de uniformados de EE. UU. al país) ya se habían hecho tres debates, posteriormente hubo un fallo del Consejo de Estado, con el que suspendió el trámite del incidente de desacato que había ordenado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Quisimos impedir que se siguiera desgastando el Senado por el mismo asunto”, fue la explicación que dio Macías a la W, por el inédito sucedo que ocurrió el pasado jueves.

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Luego del anuncio de la proposición y del pedido de ponerla a consideración, hubo voces a favor y en contra, y mientras ocurría una fuerte discusión sobre si era procedente o no el recurso presentado por el legislador uribista, el mindefensa, el mismo que hace unos años fue criticó con el Congreso por no llevar con éxito las mociones de censura, guardó silencio, pese a que minutos antes había dicho que estaba preparado para seguir respondiendo.

Aunque Macías sostuvo que la proposición fue una acción que planteó desde la individualidad, Robledo está convencido de que todo estuvo planeado con anterioridad y con el aval del Gobierno. “Me imaginaba que iba a pasar, siempre hacen lo que diga la Casa de Nariño. Pasó con una moción que le íbamos a hacer a Alberto Carrasquilla, pero no tuvo tanto ruido en su momento, y con la ‘jugadita’ de Macías el 20 de julio de 2019, que no iba a dejar hablar a la oposición”, dijo, advirtiendo que tomará acciones legales contra los 58 senadores que respaldaron revocar el debate y seguramente contra la misma votación como acto administrativo de la Mesa Directiva. “Nos violaron un derecho fundamental, a nosotros y nuestros electores, de participación política, y por eso vamos a insistir en que el debate se debe hacer”, acotó.

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Pese a las mayorías que aprobaron la proposición, hay quienes destacan que dentro de una democracia el valor sustantivo es el respeto de las minorías, en este caso la oposición, que desde hacía un mes radicó la moción con el 10 % de las firmas de los miembros de la corporación, por lo que procedía, de acuerdo con la Constitución, era la asignación de fecha y hora para su desarrollo. Esto sin ponerse en consideración ante la plenaria.

Así lo explicaron desde sus redes sociales los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. “Lo que sucedió en el Senado no tiene antecedentes desde que existe la moción de censura. Someter el debate a las mayorías es inconstitucional e ilegal”, escribió el primero, mientras que el segundo apuntó que lo hecho es antidemocrático. Además de ellos, personajes que pasaron por las altas cortes también demeritan los argumentos dados durante la plenaria para tumbar el debate.

“El pronunciamiento del Consejo de Estado es de carácter judicial, que tiene primera y segunda instancias, y eventual desacato. El debate de moción de censura es inminentemente de control político del Congreso, debió realizarse para que en los próximos días se decidiera si cabía o no la sanción al ministro. Lo que sucedió fue un acto que, a mi juicio, resulta lesivo para los derechos de las minorías. El respeto a estas también es parte de la democracia”, señaló el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, quien vaticinó que lo sucedido puede abrir una discusión sobre los alcances del artículo 185 de la Constitución en la Corte y que tiene cabida a ser estudiado por el Consejo de Estado, “máxime cuando había llamado la atención al Gobierno para que se cumplieran con los requisitos para el paso de tropas extranjeras por suelo nacional”.

También un exmagistrado y expresidente del tribunal supremo de lo contencioso administrativo contrarió la decisión y estuvo en la misma línea en cuanto a que el debate sí se debió de dar: “El Consejo de Estado dijo que la tutela no era el medio idóneo para tramitar el eventual incumplimiento del Gobierno, mas no dio visto bueno de que las tropas sí podían estar. El ministro debió dar las explicaciones sobre el motivo de la moción para que, posterior a esto, el Senado tomara la decisión frente al juicio político que no podía darse con anticipación como pasó”, explicó Rafael Ostau, quien aseguró que el hecho es demandable ante el tribunal.

Quizá, como previó Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, lo que sucedió fue dado por la gallardía que otorga el Congreso virtual, que permite que se “pierda eficacia, relevancia y dimensión política”, y que da pie para que no se contraríe a las mayorías. “Presencialmente no se hubiesen atrevido a hacer lo que pasó, porque la oposición estuviera en el atril haciéndole presión al presidente del Senado, Arturo Char. Esto nunca había pasado”, aseguró sobre la moción de censura que seguramente no se hará o tardará en hacerse hasta que actúe el sistema judicial. Hay que decir que la citada columna de Trujillo de hace cuatro años la tituló y finalizó invitando a una “misa de réquiem por la moción de censura”. Y para varios congresistas y expertos, el jueves pasado el país asistió a la defunción de una de las herramientas de la Constitución del 91 para hacerles control político y poner en cintura a los presidentes.