El escándalo de la justicia y la candidatura de Ordóñez

Aunque su aspiración va por firmas y no depende de partidos, el exprocurador se está viendo en aprietos para explicar el nombramiento de la esposa del magistrado Leonidas Bustos en un alto cargo en el Ministerio Público. Su táctica por ahora es atacar a quienes lo cuestionan.

El exprocurador Alejandro Ordóñez, hoy precandidato presidencial. Archivo

No cabe duda que el escándalo que por estos días sacude a Colombia y que involucra a tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de varios congresistas, excongresistas, abogados y exfuncionarios, en un “carrusel” de compra de absoluciones en el alto tribunal, tendrá consecuencias en el escenario electoral de 2018. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que el hecho de que Luis Alfredo Ramos haya salido mencionado en el caso le resta posibilidades de ser candidato presidencial. Como se sabe, el exgobernador de Antioquia se encuentra recorriendo el país, escuchando a la gente, cavilando una posible aspiración, e incluso se ha rumoreado que es el “gallo tapao” del expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

Ramos ha dicho, en entrevistas a medios de comunicación, que está tranquilo y que confía en que superará este nuevo obstáculo. “Mi vida ha sido limpia. He sido un hombre recto. Jamás he entregado dineros para hacer cosas sucias y saldré muy bien librado de toda esa información”, le expresó a Noticias Caracol. Y en diálogo con la revista Semana, manifestó que seguirá dándole la vuelta al país, tomándole el pulso y, cuando termine esa vuelta, decidirá si se lanza o no. Insistiendo además que no tiene ninguna inhabilidad para postularse, así esté actualmente en libertad condicional por la investigación sobre presuntos nexos con grupos paramilitares. El lío es que en el mismo uribismo hay quienes consideran que sería una candidatura muy riesgosa, pues cualquier decisión judicial en su contra, en cualquier momento, los podría dejar sin carta para pelear el poder dentro de un año.

Otro de los actuales aspirantes que se está viendo en líos por cuenta del escándalo en la justicia es el exprocurador Alejandro Ordóñez. Si bien no aparece mencionado directamente y está buscando su candidatura por firmas, por lo que no depende de la decisión de ningún partido, los nombramientos hechos cuando estuvo al frente del Ministerio Público de familiares o personas cercanas de algunos de los magistrados y congresistas cuestionados, que fueron los que lo postularon y lo reeligieron en el cargo, lo ponen en entredicho. Y más cuando sus respuestas, cada que uno que otro periodista le pide explicaciones, son salidas de tono e incluso tirando el teléfono, como lo hizo con Néstor Morales, director de noticias de Blu Radio. Eso sumado a que cuando ha contestado ha sido con datos falsos o con verdades a medias.

Se puede decir que el florero de Llorente se dio cuando Ordóñez, a través de su cuenta en Twitter, expresó: “Proponemos una reingeniería a la Rama Judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares”. Entonces se le vino una andanada de críticas recordándole que su destitución como procurador por parte del Consejo de Estado tuvo como motivo, entre otros nombramientos, el haber designado a Ana Josefa Velasco, esposa del magistrado Leonidas Bustos, como Procuradora 134 Judicial II Administrativo de Bogotá. Bustos es, precisamente, uno de los magistrados señalados de haber cobrado grandes sumas de dinero para favorecer a personas investigadas en la Corte Suprema, que como se sabe, fue la que ternó a Ordóñez para que fuera reelegido en la Procuraduría.

Incluso Ordóñez llegó a decir que él no la había nombrado, que había sido el anterior procurador, Edgardo Maya. Pero en redes sociales y medios de comunicación le sacaron el documento que prueba que sí fue él. Uno de sus críticos, precisamente, ha sido el abogado y académico Rodrigo Uprimny, autor, entre otros, de la demanda contra su reelección, quien le recordó que el argumento del Consejo de Estado para destituirlo habla de violación al artículo 126 de la Constitución, ya que nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran competentes para intervenir en su designación y para ternarlo, lo que constituye un claro conflicto de intereses.

Pero Alejandro Ordóñez, quien aspira a dirigir los destinos del país y ser, como dice la misma Constitución, “símbolo de unidad nacional”, ripostó diciendo que Uprimny ha sido contratista del gobierno de Juan Manuel Santos, del que él es un acérrimo opositor, y que incluso lo asesoró en el proceso de paz de La Habana. De paso, este viernes pasado arremetió contra los medios de comunicación, cuando varios periodistas en Popayán quisieron enfrentarlo: “¿Ustedes por qué creen que se han fortalecido las redes sociales? Porque no les creen a ustedes”, dijo. Y agregó: “El ciudadano sufre con el carácter sectario de los medios de comunicación, porque el ciudadano ve que ese monopolio de la opinión pública que ostentaban algunos medios obedece a intereses económicos, políticos, sociales, lícitos e ilícitos”.

Graves acusaciones cuando se habla de cuestiones ilícitas en la prensa, sobre todo viniendo de quien quiere ser presidente de Colombia en 2018. Lo curioso es que es posible que en una coyuntura como la actual, donde impera la polarización, con un gobierno Santos en sus más bajos índices de favorabilidad, y cuando se ha asumido el concepto de que entre más se alce la voz e incluso más se calumnie, más réditos políticos se sacan, no faltará quienes aplaudan la postura de Ordóñez. Pero también habrá quienes vean en su actitud un motivo para querer castigarlo cuando sea el momento del veredicto de las urnas. Para razones, el tiempo…