El exterminio de los líderes sociales, un capítulo del libro de los exministros Cristo y Rivera

La editorial Penguin Random House adelanta en El Espectador un capítulo del libro “Disparos a la Paz”, de autoría de los dos exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, en el que cuentan detalles de la última fase de la negociación con las Farc, los errores de ambas partes, pormenores de la campaña del plebiscito y la aprobación de la estatutaria de la JEP en el Congreso.

Disparos a la paz - libro
El libro estará en las librerías del país a partir de este 12 de agosto. Mauricio Alvarado - El Espectador

La historia republicana de Colombia ha sido una secuencia interminable del uso de la violencia para imponer posiciones políticas. En el siglo XIX los inspiradores y redactores de cada constitución eran los vencedores en el campo de batalla. La guerra entre liberales y conservadores a partir de la mitad del siglo XX dejó un escalofriante saldo de muertos y barbarie. Y lo que paró ese desangre, que consistió en un acuerdo de alternancia en el poder de quienes venían de matarse en las calles y las veredas, fue el germen de una nueva violencia, esta vez por el combate entre las fuerzas regulares del Estado y las guerrillas que surgieron en la década de los sesenta, entre ellas las Farc.

A mediados de los años ochenta, el gobierno de Belisario Betancur adelantó un proceso de conversaciones con las Farc para buscar un acuerdo que le pusiera fin al conflicto. Aunque ese proceso se frustró, de él nació un partido político que se denominó Unión Patriótica, más conocido como UP.

En los debates electorales de la época le fue mejor a la UP en el nivel local que en el nacional, pero sin que llegara a ser considerada una fuerza política determinante. No obstante lo anterior, tal y como lo han documentado decisiones judiciales, grupos paramilitares financiados por narcotraficantes y en varios casos apoyados por agentes del Estado, desataron contra los militantes de la UP una macabra campaña destinada a asesinarlos.

Colombia no fue ajena a las concepciones de la guerra fría en las que todo aquel que tuviera una militancia en una organización política de izquierda era visto como un peligro. Amplios sectores de la sociedad, incluidos dirigentes políticos, así lo asumían y la doctrina de las fuerzas militares estuvo permeada por tales prejuicios. En medio de esta realidad, las estructuras paramilitares emergieron apoyadas por hacendados, políticos, narcotraficantes y militares. Con la justificación de combatir a las guerrillas comunistas y con el argumento de que el Estado no lo hacía, desataron una ola de terror, no sólo contra aquellas, sino también contra quienes consideraban sus aliados políticos.

En el informe de Roberto Romero Ospina denominado Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido1, se documenta como víctimas a mil quinientos noventa y ocho militantes de la UP. Unos fueron asesinados y otros fueron desaparecidos. En esa lista se incluyen los homicidios de ciento cuarenta y cinco concejales, quince alcaldes, once diputados, tres representantes a la Cámara y tres senadores. A ellos habría que agregar dos candidatos presidenciales. Este es, sin duda, uno de los capítulos más dramáticos de la historia colombiana. Los crímenes contra los militantes de la UP estuvieron en total impunidad durante más de una década. En el marco de la jurisdicción de justicia y paz surgieron testimonios de exparamilitares que sirvieron para que la justicia ordinaria develara algunos responsables, en todo caso mínimos, de esos crímenes. Actualmente cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano por estos hechos.

El exterminio de la UP fue siempre uno de los argumentos de las Farc para dejar por sentada su desconfianza en el Estado cuando había lugar a conversaciones destinadas a buscar un acuerdo para superar la confrontación armada. Incluso, varios de sus comandantes han dicho que su ingreso a la guerrilla fue consecuencia de la persecución que se desencadenó contra quienes integraban la UP.

Romper este histórico matrimonio entre política y violencia era una condición esencial para alcanzar la paz. Pero a la par de la violencia con fines políticos, en los últimos años ha crecido en algunos territorios otra violencia: aquella que tiene fines rentísticos ilegales. Esta se ha expresado fundamentalmente en el litoral Pacífico, en el Cauca, en el bajo Cauca Antioqueño, en Urabá, en el sur de Córdoba y en el Catatumbo. A pesar de que en todo el territorio nacional, después de firmado el acuerdo de paz, la tasa de homicidios disminuyó considerablemente, en los territorios atrás mencionados se registra un dramático incremento de asesinatos contra líderes sociales.

Este fenómeno empezó a crecer significativamente a partir del año 2015. Una cruel paradoja es que ese fue justo el año en que las Farc iniciaron una cesación unilateral de sus acciones militares y en el año siguiente se suscribió el acuerdo que le puso fin al conflicto. Podría pensarse, en principio, que el cese del accionar armado de las Farc dio pie al ingreso de otras organizaciones ilegales que pretendieron imponer a sangre y fuego sus intereses rentísticos en esos territorios. Lo único cierto es esta cruda realidad surgió por la ausencia del monopolio del uso de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado.

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En los años que siguieron al 2015, estos homicidios crecieron y hay que reconocer que fueron cientos los líderes sociales asesinados. Cada uno de los informes anuales que publicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos daba cuenta de esta barbarie.

Frente a esta realidad, a principios del año 2016, tomamos la decisión de conformar un equipo interagencial del Estado, en el que además del gobierno participaron la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y en el que asistió como invitado permanente el representante en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el seno de ese equipo se tomó la decisión de validar el trabajo en territorio que hacía la oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos para verificar en cada caso concreto de homicidio el rol de liderazgo o de defensa de los derechos humanos que tuviera la víctima. Esa no fue una decisión menor, pues significaba dejar en manos de un actor externo la validación de una información sensible. Lo que buscábamos desde el gobierno era dejar absolutamente clara nuestra apertura y transparencia frente a las estadísticas de un fenómeno que merecía nuestro rechazo y el de toda la sociedad. También la Fiscalía destinó un equipo dedicado exclusivamente a la investigación de dichos crímenes. Este comité se reunía con la presencia de las cabezas de cada una de las agencias (era indelegable) una vez por semana para hacer un seguimiento pormenorizado al avance de las tareas acordadas. A varias de esas reuniones invitamos a líderes de organizaciones sociales o de movimientos políticos que contaban entre sus integrantes a víctimas de este fenómeno criminal. Lo hicimos para que nos expusieran sus puntos de vista y nos expresaran sus recomendaciones.

Desde el principio fue posible identificar que, a diferencia de lo que ocurrió con la UP, no existía una sola organización criminal con el propósito de exterminar líderes sociales, sino que se trataba de varias y que su comportamiento e intereses dependían de la realidad de cada región. En algunos territorios los victimarios eran organizaciones de narcotraficantes, en otros eran testaferros de despojadores de tierras y en determinadas zonas se trataba de organizaciones dedicadas a la minería ilegal. En casos específicos se identificaron complicidades de agentes estatales ligadas más a la corrupción que a propósitos políticos.

Los líderes sociales asesinados eran miembros de juntas de acción comunal, líderes de cabildos indígenas, de consejos comunitarios, de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, de los programas de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y de organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente. Los líderes de los programas de restitución de tierras eran asesinados por testaferros de quienes habían sido sus despojadores, los de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito eran asesinados por bandas de narcotraficantes y un buen número de líderes indígenas, afrodescendientes e integrantes de juntas de acción comunal que buscaban proteger los recursos naturales caían asesinados porque se oponían a proyectos ilegales de minería.

Durante varios momentos de la implementación territorial del acuerdo del Teatro Colón, muchos líderes recibieron amenazas escritas en las que se les reprochaba su apoyo a la paz.

 
Cubierta del libro "Disparos a la Paz"
Cortesía Penguin Random House

Siempre estuvo presente la discusión acerca de la sistematicidad de estos crímenes. En el gobierno nos atuvimos a la información que arrojaban las investigaciones judiciales, así como la que provenía de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ambas fuentes se concluía que no había un único patrón de comportamiento en los victimarios sino que estos eran diversos en sus intereses, sus maneras de actuar y su ubicación regional. Por tal razón, sostuvimos la tesis de que había una sistematicidad de alcance regional pero no nacional.

Se hicieron muchos esfuerzos de protección a través de la Unidad Nacional de Protección. Miles de líderes sociales cuentan con esquemas de protección individual, sin embargo, desde aquel entonces, ya se advertía la insuficiencia de ese modelo y la necesidad de diseñar uno de protección colectiva.

En noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón el acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y las Farc. El acuerdo no fue ajeno a esta histórica y dramática realidad y le dedicó varias de sus páginas. En primer lugar, planteó un llamado a la celebración de un pacto político entre todas las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política.

También se planteó de manera enfática la necesidad de asegurar el monopolio de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. Haber acordado esto con las Farc resultó ser un gran avance porque lo que estas se disputaron durante años con las Fuerzas Armadas fue justamente el monopolio de la fuerza y del uso de las armas en gran parte de la geografía colombiana. Este propósito se llevó a la propia constitución a través de un acto legislativo.

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El acuerdo del Teatro Colón contempló varias medidas adicionales en esta materia. Vale la pena mencionar algunas:

• Crear la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta comisión tiene por objeto el diseño y seguimiento de la política pública criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación del acuerdo o la construcción de paz. Esta comisión debía ser presidida por el presidente de la República, e integrada por los ministros competentes en los asuntos de seguridad, los comandantes de las fuerzas armadas, el fiscal general de la nación, el defensor del pueblo y dos voceros de las plataformas de derechos humanos como representantes de la sociedad civil.

• Crear la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen de la implementación del acuerdo de paz. Esta unidad estaba concebida al interior de la Fiscalía, pero tendría autonomía para decidir sobre sus líneas de investigación. Su director sería elegido por el fiscal general de la nación de una terna de candidatos que propondría el mecanismo de selección de magistrados de la JEP.

• Conformar un cuerpo élite en la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado, en especial aquel que atente contra los defensores de derechos humanos y los líderes que trabajen en la implementación del acuerdo de paz.

• Entregarle autonomía a la Defensoría del Pueblo para emitir alertas tempranas y conformar en el gobierno un grupo de reacción inmediata para dar oportuna respuesta.

• Diseñar y poner en marcha un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

¿Qué ocurrió con este conjunto de medidas? Algunas se pusieron en funcionamiento y otras no. Conviene empezar por el pacto político. El presidente Santos siempre estuvo interesado en que este se hiciera, pero la resistencia del Centro Democrático al acuerdo de paz fue el principal obstáculo. Durante las deliberaciones con los voceros del NO, justo después del plebiscito, se estuvo cerca de llegar a un consenso que hubiera posibilitado ese gran pacto político que está consignado en el acuerdo del Teatro Colón. El propio Santos buscó a Uribe en Rionegro en noviembre de 2016. Logró hablar con él, pero sin que se alcanzara un entendimiento. Quizás lo más cercano a un pacto político para erradicar la violencia de la política fue un comunicado que promovió el presidente Santos poco antes de terminar su mandato. Este consistió en un rechazo a los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales, así como también el compromiso de trabajar unidos para protegerlos. El comunicado fue firmado por el presidente Santos y por el presidente electo Iván Duque, por los directores de los partidos políticos y por las cabezas de todas las ramas del poder público. Yo mismo me comuniqué telefónicamente con el senador Álvaro Uribe para invitarlo a firmar, pero me dijo que el presidente Duque era su jefe y que si su firma ya había sido estampada él se sentía incluido.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada mediante decreto. El presidente Santos se tomó muy en serio su funcionamiento y nunca delegó su presencia en sus sesiones. Se reunía cada mes y sus deliberaciones se tomaban una mañana o una tarde entera. En ella participaban acuciosamente los delegados de la sociedad civil, entre quienes se encontraba Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista. Su primera sesión se desarrolló en la ciudad de Popayán en consideración a que el departamento del Cauca era para ese entonces el más afectado por el fenómeno de homicidios a líderes sociales. En una ocasión, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, fue invitado a participar en la comisión. Al final de la misma les confesó a los medios de comunicación que había quedado sorprendido por el nivel de detalle con el que se abordaban los asuntos de competencia de la comisión, pero, sobre todo, por el tiempo que le dedicaba el propio presidente de la República. Tanto la fiscalía como los comandantes de la fuerza pública presentaban en cada una de las reuniones completos informes sobre sus responsabilidades. Los voceros de la sociedad civil no solamente tenían la posibilidad de confrontarlos sino también de sugerir ajustes a las tareas institucionales. En el momento de escribir estas líneas el presidente Duque completa diez meses de ejercicio de gobierno y solamente ha convocado en una ocasión a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Por otra parte, mediante decreto se modificó el sistema de alertas tempranas. A partir de entonces las alarmas ya no eran emitidas por el gobierno nacional sino de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo. En el mismo decreto se estableció la forma y los tiempos en que el gobierno debería reaccionar frente a las alertas tempranas. Desde el mismo momento en que se expidió este decreto, pusimos en marcha todo un equipo para tomar las medidas tendientes a evitar violaciones a los derechos humanos. El general Naranjo, en su condición de vicepresidente, asumió el liderazgo en el gobierno para que las acciones derivadas de las alertas tempranas contaran con responsables al más alto nivel.

Durante varios meses estuvimos construyendo un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, junto con organizaciones sociales y la misión de verificación de las Naciones Unidas. En el primer semestre de 2018, a pocos meses de terminar el gobierno, logramos un acuerdo y se expidió el decreto respectivo. Tomamos la decisión de probarlo en el territorio y adelantamos unos planes piloto en unas veredas específicas de los municipios de Tumaco, Guapi, San José de Ure y el Tarra. Este modelo, además, tenía la enorme virtud de que las propias comunidades participaban junto con las autoridades en el diseño de su respectivo esquema de protección colectiva.

De todo este ejercicio envié por escrito un detallado informe a mi sucesora y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Por lo revelado en las noticias, tengo la impresión de que el actual gobierno decidió desarrollar un modelo distinto. Gracias al liderazgo del general Óscar Naranjo, la Policía Nacional conformó un cuerpo élite para operar en el litoral Pacífico, según lo previsto en el acuerdo de paz.

Frente a la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía hay que decir que conforme a las funciones que para ella propuso el acuerdo de paz, así como para su autonomía y el mecanismo para elegir a su director, era necesaria una reforma constitucional. El fiscal Néstor Humberto Martínez expresó no sólo su desacuerdo sobre una reforma de esas características, sino que además nos advirtió que si la presentábamos él iría al Congreso a oponerse a esta. Algo de razón tenía en el argumento de que un texto constitucional de esa naturaleza lo que hacía era crear otra entidad al interior de la Fiscalía sobre la que él no tendría injerencia alguna. Finalmente acordamos que en uno de los decretos de reformas a la estructura del Estado se crearía una unidad que estuviera bajo su tutela. No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que el crecimiento de la violencia contra los líderes sociales en los últimos dos años sí hubiera justificado un ente autónomo dedicado única y exclusivamente a luchar contra esos crímenes. Si bien la Fiscalía ha dado resultados importantes en materia de capturas y judicialización de autores materiales, se ha echado de menos una investigación que dé cuenta de los patrones criminales de las organizaciones que están atentando contra la vida de líderes sociales.

En los últimos meses también se han incrementado los homicidios contra excombatientes de las Farc que se habían reincorporado a la vida civil. Este fenómeno es igual de grave al de los homicidios de los líderes sociales porque se trata de personas que cumplieron su palabra y que lo menos que podían esperar del Estado con el que suscribieron un acuerdo es que este les garantizara la vida.

No cabe duda de que el principal problema que enfrentamos los colombianos es el exterminio de los líderes sociales, así como también el número creciente de homicidios contra excombatientes de las Farc. Para el abordaje de soluciones eficaces a este fenómeno no puede caber la polarización política que se agudiza día a día. Garantizar el derecho a la vida debe ser la prioridad de una sociedad que se precie de ser democrática y, por supuesto, de su gobierno. Resulta lamentable que el debate político se haya concentrado en los propósitos del Centro Democrático por reformar la JEP dejando en un segundo plano la implementación territorial del acuerdo de paz que sería determinante para contener esta ola de violencia.

Es cierto que el NO ganó en el plebiscito y también lo es que el presidente Iván Duque planteó durante su campaña críticas al acuerdo de paz. Sin embargo, garantizar el derecho a la vida debe estar por encima del natural debate político que existe en toda sociedad democrática. En los territorios en donde están asesinando a los líderes sociales se requiere asegurar el monopolio de la fuerza y del uso de las armas en cabeza del Estado, pero se requiere también poner en marcha un modelo de desarrollo que permita superar las economías ilegales que son el combustible de la violencia. Los contenidos de los planes de desarrollo con enfoque territorial no son una inspiración del gobierno anterior, son en realidad el resultado de la participación de miles de ciudadanos que por primera vez se dieron cita con las instituciones para pensar en su futuro en una perspectiva de mediano y largo plazo. Una apuesta por llevarlos a la realidad será jugársela por erradicar de raíz el germen de la violencia.

También hay que decir que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el modelo de protección colectiva, ya incorporados al ordenamiento jurídico, pueden ser útiles para evitar que continúe esta barbarie contra los líderes sociales. Ojalá el presidente Duque se liberara de los sectores más radicales de su partido y se animara a examinar todos estos instrumentos sin prevenciones y con el objetivo de garantizar la vida de miles de colombianos.

Desde el gobierno se ha convocado a las fuerzas políticas a la construcción de un gran acuerdo nacional. Resultaría esperanzador que la prioridad de ese acuerdo, si se lograra, fuera la de proteger a los líderes sociales. Sería lo coherente en un Estado democrático.

*Exminsitros del Interior, autores del libro "Disparos a la Paz". 

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Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera*

Política

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