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¿Cuál es su lectura respecto al fallo en contra de Uber y el anuncio de que se va del país?
Sienta un precedente muy grave para la tecnología, innovación e inversión extranjera. Pasa cuando en el país hay un “boom” de desarrollo en esos campos, proceso en el que Colombia ha sido líder en América Latina. Entonces, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) manda un mensaje completamente contradictorio a esa inversión y, sobre todo, al concepto de la rentabilidad tecnológica. Uber no es ilegal. Acá hay una ausencia de regulación y por eso fue que radicamos en noviembre un proyecto para equilibrar la cancha entre el gremio taxista y las plataformas de este tipo de servicios.
¿Cree que la decisión de la Superintendencia se da a raíz de una presión política?
Sin duda el Gobierno vive un momento de calor y fervor sociopolítico, rodeado por las marchas del paro nacional del año pasado. Entonces, para mí, el Ejecutivo decidió ceder ante las presiones del gremio de los taxistas. Considero que los taxistas no salieron al paro porque Duque se comprometía a tomar acciones en contra de la plataforma. Además, registré en mis redes los mensajes de los taxistas, posteriores a la reunión que tuvieron con el presidente y, por separado, con el senador Álvaro Uribe. Además, yo me encontré a un grupo de taxistas en el Congreso que fueron a pedirle a congresistas del Centro Democrático, de la Comisión Sexta, que no aprobaran el proyecto de ley sobre regulación de estas plataformas. Esa manipulación hizo que el Gobierno cediera, contrariando incluso sus propias banderas en innovación, tecnología e inversión.
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¿A partir de qué elementos deduce todo eso?
Porque esa demanda llevaba tres años en la SIC a la espera de un fallo. Y de un momento a otro, posterior a esas visitas que hicieron los taxistas al Ejecutivo y Legislativo por separado, sale esa decisión. Con un agravante: la narrativa del Gobierno se ha centrado en que fue un juez el que falló sobre esa demanda. Pero es una información tendenciosa, porque fue un funcionario de libre nombramiento y remoción quien tomó esa decisión. Un servidor que depende del presidente de la República y hace parte del poder Ejecutivo y, por ende, no es imparcial ni neutral. Ahora, eso no es un acto ilegal, pero sí es un error de la ley de que alguien parcializado decida en un caso con tanta envergadura política.
El Congreso vuelve a legislar en marzo. ¿Habrá ambiente para tramitar su propuesta?
Creo que hay ambiente positivo, por lo menos para fijar los reflectores en un tema que lleva años sin la atención adecuada. En la administración anterior nadie daba la cara ni proponía una solución. Esta vez las ministras de Transporte y TIC afirmaron que le corresponde al Congreso resolver este tema. Pero se requiere apoyo del Gobierno y un mensaje de urgencia para tramitar el proyecto. El gremio de taxistas ya empezó a demandar las otras plataformas y esto podría sentar un precedente grave en otros sectores de la tecnología. En el Capitolio habrá polarización, porque tanto Uber como los taxistas tienen una capacidad impresionante para hacer “lobby”.
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Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, es su compañero en este proyecto. ¿El partido de Gobierno está con ustedes?
Hay división en esa colectividad. Algunos congresistas están de acuerdo con la regulación y han dado su apoyo; otros, de los municipios y departamentos más pequeños, están en contra. El Gobierno ha guardado un silencio, que para mí es cómplice del problema. Solo mandaron un comunicado escueto y ambiguo. No se quieren meter por la posibilidad de que los taxistas entren en paro. Eso hace que sea difícil leer cómo actuará el Gobierno y su partido. Y La ministra de Transporte está en una encrucijada porque sabe que estas tecnologías llegaron y es imposible retirarlas, pero también tiene que garantizar el cumplimiento de la legislación.
La discusión del proyecto puede durar hasta un año. Incluso, si ponen mensaje de urgencia, duraría algunos meses, ¿qué hacer mientras tanto?
Aquí solo hay una solución a corto plazo: que el Gobierno emita una reglamentación, así sea temporal, mientras nosotros legislamos. Debe crear un mecanismo que les permita a las plataformas tener una seguridad jurídica y operacional para trabajar hasta que el trámite termine en el Congreso. Las aplicaciones de estos servicios son una realidad y el Ejecutivo debe actuar.