Con la emisión del decreto que suspende el plan ambiental que permitía las aspersiones con glifosato, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Gobierno da cumplimiento a su decisión de cancelar esta práctica. Sin embargo, la resolución 1214 afirma que será una medida “preventiva y transitoria” que podrá ser modificada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
La decisión de suspender las fumigaciones con glifosato había sido anunciada por el Gobierno desde mayo como una medida para dar cumplimiento al concepto de la Organización Mundial de la Salud según el cual el glifosato puede ser dañino para la salud humana. Esta definición hizo que el Ministerio de Salud elevara una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender esta práctica.
Las primeras aspersiones aéreas se produjeron hace 40 años en la Sierra Nevada de Santa Marta y tuvieron como objetivo la eliminación de los cultivos de marihuana. Esta operación desencadenó controversias por los daños causados en las comunidades indígenas y campesinas. Varias denuncias sobre el uso de agente naranja y paraquat se presentaron por esos días. Años después, investigadores de la Universidad del Magdalena dieron cuenta de imágenes de nacimientos de niños con malformaciones genéticas.
El uso del glifosato tuvo su origen en el Gobierno del presidente César Gaviria, cuando el Consejo Nacional de Plaguicidas autorizó su uso a pesar de la oposición del Ministerio de Salud. La implementación del plan de erradicación con este agrotóxico comenzó algunos años después, cuando los ojos del país estaban concentrados en la polémica por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de 1994.
En ese momento el gobierno aseguró que en un período de seis meses se destruirían los cultivos de coca, pero ese plazo se cambió a dos años y desde entonces hasta hoy se ha fumigado hasta cuatro veces cada año. Al principio de los años 80 la coca se localizaba en solo cuatro departamentos, y una vez iniciado el plan de fumigaciones, los sembradíos se fueron desplazando hasta encontrarse en 24 departamentos para el año 2000.
El Plan Colombia, financiado por el gobierno de Estados Unidos, se concentró en multiplicar las fumigaciones amparado en la política de “guerra a las drogas”. Más de una década más tarde los resultados indican que si bien en algunos años los cultivos disminuyeron, la coca se convirtió en la fuente de ingresos de miles de familias campesinas.
En todo este tiempo, el programa de fumigaciones ha sido criticado por comunidades, académicos y defensores de derechos humanos. Valga recordar las marchas cocaleras o las denuncias que produjeron fallos judiciales, como el que puso limitaciones a las aspersiones en resguardos indígenas sin consulta previa, o en parques naturales.
Investigaciones de varias organizaciones y de la propia Defensoría del Pueblo llegaron a sumar más de 8.000 quejas de personas que se vieron afectados por el programa. El Gobierno ordenó la implementación de un fondo de atención de quejas, pero este no resolvió ni el 5 % de los reclamos.
El último informe sobre presencia de cultivos ilícitos señala que de 1.102 municipios que tiene Colombia, 204 tienen cultivos de coca, y que el 81% de la producción de el alcaloide se concentra en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander.
Las aspersiones han sido ineficaces, inútiles e injustas. Se implementaron como un mecanismo para afectar las finanzas de los grupos armados ilegales, pero terminaron por causar incalculable daño a la salud de las comunidades, a la economía campesina y al medio ambiente.
Ahora el Gobierno ha decidido replantear esta estrategia, suspendiéndolas y priorizando la erradicación manual, pero no será fácil cambiar una práctica que ha predominado en la lucha contra las drogas por décadas. Incluso, el director de la Policía, Rodolfo Palomino, comentó ayer que la prohibición es a las fumigaciones aéreas y dio a entender que se continuará utilizando el polémico herbicida para la erradicación manual.
*Exalcalde de San José del Guaviare e investigador de Indepaz