El fuero militar no va en reforma a la justicia

El ejecutivo prefiere tramitarlo por separado para evitar hundimiento de proyecto que restructuraría la rama jurisdiccional.

Tres días después de que fue aprobado el articulado de reforma a la justicia, el proyecto continúa siendo motivo de discusión entre políticos y especialistas de la rama jurisdiccional. El Gobierno, en voz del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció el retiro del artículo que incluía el tema del fuero militar especial. Sin embargo, también advirtió que el asunto será abordado tarde o temprano en otra iniciativa que será radicada próximamente en el Congreso.

“El artículo del fuero inicialmente no hacía parte de la reforma, ese fue un asunto que se incluyó en las deliberaciones del miércoles y viendo que como quedó aprobado no resulta satisfactorio, creemos más útil que la reforma a la justicia se tramite tal y como estaba”, explicó Vargas Lleras.

Incluso, esta decisión evidenció la divergencia de posiciones frente al tema en la mesa de Unidad Nacional. Mientras el Partido Liberal celebró la decisión, algunos parlamentarios de la U aseguraron que darán la pelea para mantener el artículo en el proyecto.

“Espero que el presidente no se vaya a echar para atrás con este tema. Si lo separamos de la reforma no podríamos sacar adelante este proyecto y mientras tanto los militares están acuartelados, cruzados de brazos, temblando del susto por enfrentar a los jueces y fiscales”, expresó Juan Carlos Vélez, ponente del proyecto por parte de la U. Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, sostuvo que “el Gobierno se convenció de que la iniciativa era inconveniente y no estaba madura”.

El presidente de la Corte de Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, dijo que el fuero militar y la Justicia Penal Militar requieren de un amplio análisis y con más tiempo, por lo que consideró que “es un tema de hondo calado que merece mucha reflexión y análisis, en el que participan diferentes entes del Estado”.

Pero las criticas al proyecto que pretende darle un giro al sistema jurídico en Colombia no paran allí. Algunos representantes a la Cámara han sostenido que, tal y como quedó consignado en la iniciativa, la Comisión de Acusación sería eliminada y en su reemplazo se instalaría una comisión especial, pero que en realidad no hay un cambio sustancial en cuanto a los alcances que permitan una efectiva justicia en el caso de los aforados que esta corporación investiga.

Incluso, el representante Alfredo Bocanegra, integrante de la Comisión de Acusación, fue más allá y advirtió que este tribunal especial que se pretende crear costaría más de $3.500 millones y que en realidad el problema de fondo, que es la voluntad política para investigar, seguiría intacto. “Puede ser peor el remedio que la enfermedad”, expresó el parlamentario tolimense.

Otra de las preocupaciones que han surgido tiene que ver con los artículos que determinan la investigación disciplinaria a los magistrados, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 15 establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá acceso a los procesos disciplinarios contra magistrados del Consejo de Estado.

Pero lo que despierta las suspicacias es que en el siguiente artículo, que corresponde a la atribuciones del Consejo de Estado, se advierte que esta corporación también podrá conocer los procesos disciplinarios contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estos artículos fueron resumidos por un parlamentario que pidió omitir su nombre de la siguiente manera: “Yo te investigo, tú me investigas, yo te absuelvo, tú me absuelves”.

Durante las mesas de concertación entre Gobierno y representantes de las altas cortes, se dijo que el Consejo Superior de la Judicatura sería eliminado debido a que se había politizado. Sin embargo, dentro del articulado del proyecto se mantuvo esta corporación. Según el documento, la Sala Administrativa de esta entidad sería eliminada y sustituida por una Sala de Gobierno compuesta por los presidentes de las cortes , mientras que la Disciplinaria sería mantenida. Y hay muchos que creen que tampoco aquí se está haciendo nada, sólo cambiando de nombres.

 

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