Iván Duque: así fue su histórico triunfo en las elecciones presidenciales

hace 1 hora

El futuro de la salud en el gobierno de Duque o Petro

Dos expertos en políticas de salud pública a nivel internacional analizaron los programas de los candidatos a la Presidencia en el tema. Estas son sus conclusiones.

Archivo / El Espectador

Por: Amanda Glassman1 Johnattan García 
Especial para El Espectador

Los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro se disputan el cargo más importante del país el próximo 17 de junio. Sus acciones u omisiones como presidente de la República tendrán un impacto innegable en la calidad de vida de todos los colombianos. Es por ello que la salud debería ser un tema central en el debate. El gasto en salud en Colombia se acerca al 8% del Producto Interno Bruto y, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, en 2017 se registraron más de 200 millones de actividades de salud para cerca de 47 millones de personas. ¿Cuál sería el futuro de la salud en el gobierno de Duque o Petro?

Por un lado, la agenda de Iván Duque no propone mayores cambios al sistema de salud salvo algunos ajustes al sistema de pago y la implementación de un sistema de información digital para historias clínicas y flujo de recursos. Sin embargo, sus posturas como senador, así como las de su partido y sus aliados políticos, generan preocupación para el futuro de la salud pública en el país.

Por otra parte, la agenda de Gustavo Petro propone una revolución copernicana al actual sistema de salud, la cual se basa en la reducción de la desigualdad y en un énfasis en los Determinantes Sociales de la Salud que, aunque es una gran noticia para la salud pública en Colombia, a su vez plantea un rediseño estructural con el potencial de desdibujar los 25 años de evolución del sistema de salud.

La salud en el gobierno de Gustavo Petro

La propuesta de gobierno de Gustavo Petro es mucho más extensa en materia de salud, pero también mucho más radical. Incluye varios elementos valiosos como una perspectiva desde los Determinantes Sociales de la Salud, un enfoque hacia los trabajadores de la salud, y el fortalecimiento de políticas exitosas como la política farmacéutica del ministro Gaviria. Sin embargo, el rediseño estructural del sistema de salud puede generar un grave impacto en la continuidad en los servicios de salud y podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

Petro propone eliminar las EPS para dar paso a un sistema único de salud público y descentralizado. El cambio en últimas significa eliminar todas las EPS, incluyendo las que hoy hacen una buena labor, para construir una nueva súper EPS pública. Experiencias como Caprecom no ofrecen un panorama alentador. Sí, el sistema es impopular, pero basta con mirar otros países similares para darse cuenta de que Colombia ha logrado avanzar mucho con muy poco. Los sistemas de salud son increíblemente complejos y una reestructuración de este tipo es irresponsable sin que exista seguridad o siquiera indicio de que el costo de esta transformación tenga la capacidad real de ofrecer mejores resultados que los que pueda ofrecer una reforma más mesurada que corrija las fallas del sistema actual.

Otro aspecto que genera preocupación es la promesa de un sistema que garantice un acceso a todos los servicios de salud que no estén excluidos por la Ley Estatutaria 1751 de 2015. De acuerdo con el programa de Petro, “no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud que no haya sido excluido”. Lo anterior le plantea a la ciudadanía una promesa incumplible. Todos los sistemas de salud sin excepción deben tomar decisiones sobre los límites de los beneficios que pueden ser pagados con recursos públicos. Si el Estado continúa prometiendo beneficios casi que ilimitados, seguiremos con una racionalización implícita que se evidencia en mayores tiempos de espera y pérdida de recursos públicos en tecnologías que ofrecen poco o ningún valor.

Estas promesas transformadoras requerirían de una inversión pública extraordinaria. El problema es que el modelo propuesto no contempla soluciones para aumentas de los recursos para la salud. El programa de Petro no propone nada distinto a lo planteado en la Ley 100: los ingresos del sistema seguirían dependiendo de impuestos y contribuciones mientras que su incremento dependería de reducir la evasión y elusión, así como del aumento del empleo formal para tener mayor número de contribuyentes. Aunque sería lo ideal, esto no ha sido fácil de lograr, tal como lo dicta la experiencia de las últimas dos décadas.

Por último, la columna vertebral de la salud pública del gobierno de Gustavo Petro sería la implementación a gran escala del programa de Territorios Saludables. Esto sería excelente para regiones apartadas y dispersas como los departamentos de la Amazonía, donde el sistema de aseguramiento no solo fracasó, sino que acabó con la prestación pública que existía antes de la implementación de la Ley 100. Para las zonas urbanas, sin embargo, en donde hoy habita el 80% de la población colombiana, el modelo de Territorios Saludables no tiene el mismo impacto costo-beneficio.

La presión tecnológica y demográfica actual inevitablemente requiere una atención más allá de la atención primaria. Una muestra clara son las estadísticas de las acciones de tutela, en su mayoría dirigidas a conseguir servicios y tecnologías de más alta complejidad. En las ciudades se puede tener mayor impacto en la prevención de enfermedades mediante políticas dirigidas a reducir el consumo de azúcar, grasas saturadas, sal, alcohol y cigarrillo, así como a la promoción de alimentos saludables, de actividad física y de la higiene del sueño, mejor calidad del aire y de condiciones laborales, varios que ya Petro contempla en su programa de gobierno.

La salud en el gobierno de Iván Duque

Durante su campaña, Duque ha manifestado tener un programa de salud enfocado en la prevención. Sin embargo, el senador saltó al estrellato en 2016 al convertirse en el principal oponente del impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia, una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que cada día gana mayor aceptación alrededor del mundo. Duque señaló en su momento que, en vez de un impuesto, lo mejor sería promover buenos hábitos en salud.

El problema es que esta postura no es consistente con la evidencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN, el porcentaje de personas que cumplen con el mínimo de actividad física ha aumentado: pasó del 46% en 2005 al 51% en 2015. Aun así, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos pasó del 46% al 56% y en niños, niñas y adolescentes saltó del 10% al 24% en ese mismo periodo.[1] Este no es un tema menor.

Negar los beneficios del impuesto a las bebidas azucaradas va en contradicción con una política de salud preventiva. Un reciente estudio publicado por Vecino y Arroyo en el Social Science & Medicine Journal encontró que un impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia podría reducir el sobrepeso entre 1,5 y 4,9 puntos porcentuales al año y que, contrario a lo que Duque sostiene, los mayores beneficiados serían la población de menores ingresos. Cabe adicionar que el candidato también se opuso a un incremento al impuesto al cigarrillo a pesar de que el tabaquismo cobra la vida de más de 30.000 colombianos cada año.[2]

En materia de salud sexual y reproductiva, el gobierno de Duque tampoco resulta muy alentador. En 2015 el Centro Democrático intentó pasar una ley para exigir un consentimiento obligatorio firmado por padres de familia como requisito para que las niñas y adolescentes pudieran recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano,[3] una barrera innecesaria que terminaría reduciendo aún más los índices de esta importante vacuna cuya seguridad y eficacia ha sido fuertemente respaldada por la comunidad científica internacional.[4]

A muchos también preocupa la influencia de sus aliados como Alejandro Ordoñez, quien como procurador general intentó que el INVIMA retirara del mercado todas las píldoras anticonceptivas de emergencia o “píldoras del día después,”[5] abogó por la nulidad de la regulación de la interrupción segura del embarazo[6] y se opuso a la inclusión del medicamento misoprostol en el plan de beneficios, aunque éste se encontraba en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS.[7]

Es posible y no deseable que el gobierno de Duque también se oponga a nuevas normas de etiquetado de alimentos y bebidas, así como a la prohibición del asbesto que ha sido usado en múltiples proyectos de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario según lo denunciado por la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública MASP de la Universidad de los Andes y Greenpeace.[8] Preocupa que otras medidas como la reglamentación de la muerte digna o a la prohibición de la aspersión aérea con glifosato puedan ser revocadas u obstaculizadas en su mandato.

¿Cuál es el panorama en el contexto político actual?

El programa de gobierno de Iván Duque no propone mayores cambios, así que no depende de un poder político importante para poder realizar los ajustes que propone al sistema de salud. Así mismo, sus posturas en materia de salud pública están más centradas en el “no hacer”, lo que también tendría altas probabilidades de que lo descrito anteriormente pueda ocurrir. Por su parte, la propuesta de Gustavo Petro tiene menores chances de tener éxito ya que contempla reformas estructurales tan complejas que requeriría de una importante fuerza en el Congreso de la República para poder lograr modificar el sistema tal como lo tiene previsto, sin una idea cierta de sus costos y beneficios.

El futuro de la salud en Colombia dependerá de la independencia de Iván Duque frente a su partido y de su capacidad de adoptar medidas serias frente a las grandes problemáticas de la salud pública, que incluyen una mayor regulación a las industrias que inciden en la salud de los colombianos; así como de la capacidad de Gustavo Petro de valorar y adoptar lo mejor del sistema de salud actual y fortalecerlo con cambios más precisos que logren resolver los retos más apremiantes del sector con el menor traumatismo institucional posible.

1 Amanda Glassman es directora de Operaciones del Centro Global para el Desarrollo (CGD), Washington, DC.

2 Johnattan García es miembro del Programa Takemi en Salud Internacional de la Universidad de Harvard.

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