“El gobierno y las Farc no son constituyentes, no pueden serlo”: Holmes Trujillo

Uno de los constituyentes de la carta política de Colombia recordó los hechos de hace 25 años y reflexionó sobre el proceso de paz que se adelanta en Cuba, con las Farc. También sostuvo que en este momento el país se enfrenta a una crisis en el sistema político.

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ArchivoCarlos Holmes Trujillo
A 25 años del inicio de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, hay diferentes opiniones sobre los beneficios que deja la Constitución del 91, por la forma por la que ha sido reformada por todos los gobiernos que han pasado, y también, por la forma en la que se ha quedado corta en ciertos aspectos. 
 
Para usted como constituyente, ¿cuál fue el gran éxito y cuál el gran fracaso de la Constitución del 91?    
A mí me parece que el gran éxito de la Asamblea Nacional Constituyente radica en la naturaleza del proceso que condujo a la elección de los delegatarios y las sesiones posteriores de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que otro de los grandes éxitos de la Constituyente fue el pluralismo de la Asamblea Nacional Constituyente y el haber recogido lo que era el sentimiento de reforma que planteaban los colombianos de manera muy intensa alrededor de temas como: la descentralización para dejar atrás el centralismo agobiante, la reforma a la justicia y la democracia participativa. Muy importante tener en cuenta que en aquellos años, había el clamor de que se abriera la democracia colombiana e incluso los constituyentes recibimos el mandato expreso de incorporar en la nueva constitución, todos los mecanismos y principios propios de la democracia de participación. 
 
¿Qué veo hoy yo pasados 25 años? Nos ganó la ilusión en muchos temas, dejamos de tratar algunos que eran fundamentales. Recogimos el sentimiento de los colombianos, pero nos faltó capacidad de previsión con respecto a lo que podría ser la evolución, no dejamos claras las cosas relacionadas con el régimen de los partidos. No dejamos claras las cosas relacionadas con el estatuto de la oposición; y eso condujo, en efecto, a una gran apertura, pero más que una gran apertura fue una explosión de pequeñas colectividades políticas que al final han venido contribuyendo a este desorden político, que en este momento vive Colombia, y que ha conducido a que la inmensa mayoría, cerca del 80%, se autocalifique hoy como independiente y no porque comparta un proyecto común, sino porque rechaza todo lo que hay.
 
 
Usted ha señalado que hay un fenómeno de sustitución de la Constitución; sin embargo, la Corte Constitucional es un ente que se ha encargado de que las reformas que se hacen a la carta política se hagan con un procedimiento adecuado. ¿Cuál es el papel que está desempeñando la Corte Constitucional y qué puede hacer cuando se llegue a un acuerdo en La Habana?   
Yo he señalado que en algunas iniciativas que ha presentado el Gobierno al Congreso hay en realidad un fenómeno de sustitución de la Constitución, porque en varias de ellas se altera por completo lo que es la naturaleza, la esencia, los procedimientos y la característica fundamental del poder legislativo; es decir, se altera el equilibrio de poderes; y cuando ello sucede se está alterando uno de los elementos esenciales del Estado colombiano. Razón por la cual manifiesto que hay un fenómeno de sustitución de la Constitución. Mire usted lo que acaba de pasar, por ejemplo, a raíz del anuncio del acuerdo sobre el denominado  “blindaje”. Lo que ha sucedido es que desde la mesa de La Habana, que se ha convertido en una especie de constituyente de hecho, se le envían al Congreso instrucciones, se le dice qué artículo debe incorporar y en dónde, se le dice qué ley debe aprobar y en qué momento, se le dice qué otro acto legislativo debe presentar, se le dice sobre cuál materia y se le señala, además, al Congreso que su capacidad de deliberación llega simplemente hasta decir sí o no a la integralidad de los proyectos que se presenten ¿Eso es una sustitución de la Constitución? Sin duda alguna. 
 
 
¿La Corte Constitucional adoptó una posición de juez hiperactivista que no se planteaba cuando se constituyó?  
 
Sí, yo veo que la manera como ha venido evolucionando la actuación de la Corte Constitucional, que merece el mayor de mis respetos, por supuesto, no voy a decir nada que pueda interpretarse como irrespetuoso con la Corte porque la verdad la respeto mucho. Pero veo que la evolución de la manera como ha asumido sus tareas, va mucho más allá de lo que se previó en la Constitución de 1991. Si uno repasa el texto, queda perfectamente claro que en materia de competencia de la Corte Constitucional de facultades se señala que ellas serán ejercidas dentro de los estrictos y precisos términos señalados en el artículo correspondiente. Eso de estrictos y precisos no fue una inadvertencia, todo lo contrario, se hizo así con el propósito de que quedara perfectamente claro cuál era el marco de actuación que debía respetar la Corte Constitucional en cumplimiento de sus funciones de guardián de la Carta Fundamental de Colombia. Hoy vemos todo tipo de sentencias, la modulación de las sentencias, las sentencias aditivas, las sentencias derogatorias que en la práctica, póngasele el nombre que se le ponga, implica que la Corte Constitucional ha venido legislando y ello va mucho más allá del marco limitado y preciso de las funciones que se concibieron en la Constitución vigente.    
   
 
Juan Manuel Charry dijo que algunos errores que no se habían podido solucionar con la Constitución del 91 son los de tener sistema político presidencialista, un sistema de autonomías territoriales que no funcionan adecuadamente, una profunda crisis de la justicia, ¿cómo solucionar estos problemas?
 
Son tres cosas distintas. Con respecto a la autonomía, a mí me parece que ese fue uno de los grandes avances que tuvo la Constitución del 91, haber definido la naturaleza del Estado colombiano como una república unitaria, con descentralización y autonomía dentro del marco de la Constitución y de la ley. A mi juicio, lo que sucedió es que la descentralización no se ha desarrollado conforme a lo que fue el diseño que se previó en la Constitución del 91. Mire usted no más que la Ley de Ordenamiento Territorial, que era el elemento central para el desarrollo de esas materias propias de la descentralización, que debió haberse expedido desde un principio, apenas se expidió 20 años después.    
    
De otro lado, la descentralización que concebimos no era una descentralización de choque como finalmente se hizo, era una descentralización gradual, era una descentralización que implicaba la construcción de capacidades en los niveles territoriales que no tenían capacidad evidente para efecto de ejecutar debidamente los recursos que le iban a llegar como consecuencia del régimen de transferencias que se definió. Eso es lo que yo creo en materia de descentralización y autonomía. 
 
Con respecto a la justicia, no hay duda de que hoy se requiere una reforma a la justicia, pero déjeme decirle con cierta nostalgia, que lo que hicimos en 1991 respondía a eso, por eso la Fiscalía General de la Nación, por eso la Corte Constitucional, por eso las acciones populares para efecto de buscar la eficacia a la justicia, por eso la acción de tutela, por eso el Consejo Superior de la Judicatura para que asumiera tareas administrativas y tareas disciplinarias. Infortunadamente, el diseño, que yo creo que sigue siendo bondadoso, no ha tenido buen desarrollo en la práctica, razón por la cual hay que volverle a dar una reconsideración. 
 
 
Juan Carlos Esguerra señala, como veníamos hablando ahorita, que uno de los logros de la constitución del 91 es donde se hace el reconocimiento de un Estado multiétnico, multicultural y diverso, pero hace énfasis en que tiene que ser uno solo, unitario. A algunos sectores les preocupa los antecedentes que hay sobre la creación de repúblicas independientes por parte de la guerrilla con la exigencia de autonomía en ciertos territorios. ¿Cuál es su posición respecto a la autonomía que exigen las Farc en determinadas zonas del país?      
 
A mí me preocupa muchísimo, porque coincido con el doctor Juan Carlos Esguerra, uno de los elementos centrales de la definición que se le dio al Estado colombiano como república unitaria es exactamente ese. Nosotros nos propusimos conservar la unidad de la república hasta el punto de que avanzamos en la descentralización y la autonomía dentro del marco de la constitución y de la ley, y pese a que se avanzó también en la elección popular de autoridades, específicamente en la de gobernadores, porque la de alcaldes ya existía, se estableció una dependencia del orden nacional en política económica y en materia de seguridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conservar la unidad de la República. Cualquiera decisión que llegase a tomarse en La Habana tiene que preservar la unidad de la República y lo que tiene que ver con las llamadas zonas de concentración o zonas de asentamiento, o como quieran llamarse, tiene que quedar perfectamente claro que hacen parte de la estructura territorial colombiana tal y como la tenemos, de lo contrario, estaríamos avanzando peligrosamente hacia la balcanización y a eso hay que oponerse de manera democrática pero muy dinámica. 
 
Señala también que esto se ha convertido en una constituyente en La Habana, sin que el pueblo haya escogido a los representantes que están ahí sentados ¿Qué opina de los miembros de la mesa de la negociación? ¿Representan la voz del pueblo? 
 
Por supuesto que no y además es que vienen tomando decisiones que de verdad le están dando la categoría de constituyente; de hecho, ese es uno de los más graves errores que se ha venido cometiendo en este proceso. El gobierno y las Farc no son constituyentes, no pueden serlo, no pueden tener la pretensión de serlo. De las conversaciones en La Habana no pueden emanar instrucciones para poderes que existen en el ordenamiento institucional colombiano ¿Cómo es posible que el gobierno y las Farc acuerden por sí y ante sí que los acuerdos son acuerdos especiales? ¿Cómo así?  Si los acuerdos especiales están definidos internacionalmente y tienen una característica precisa ¿Cómo así que la incorporación en el bloque constitucional definido eso por unos funcionarios del gobierno y por unos miembros de una organización terrorista? Eso es absolutamente inaceptable. Y es una de las grandes debilidades que yo personalmente le veo al proceso de conversaciones en La Habana. 
 
 
Actualmente, hay un sistema de partidos políticos en crisis, donde los partidos tradicionales pierden su credibilidad y hay un 80% de nuevos partidos y esto no ha terminado de formarse como una gran corriente política. ¿Cómo ve la actual situación de los partidos políticos en el país? 
 
Creo que es una de las más graves crisis que hemos vivido, yo veo una crisis real en el sistema político colombiano en materia de organizaciones partidistas, pero también la veo internacionalmente. Los partidos tradicionales se siguen debilitando, los nuevos no nacen o nacen con los mismos vicios de los viejos y en el entretanto aumenta el número de independientes. 
Yo lo que siento es que hay una crisis de los principios democráticos tal y como los hemos conocido y defendido hasta este momento, y hay varios factores que influyen: el avance en las telecomunicaciones ha elevado mucho el nivel de expectativas de los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Ello ha conducido a que los protagonistas políticos se eleven el nivel de sus propuestas y, naturalmente, la brecha entre la propuesta y las posibilidades reales de ejecución se amplia de tal manera que el descontento crece. A eso se le suma la desconfianza total en el sistema consecuencia de los escándalos de corrupción permanentes no solo en Colombia sino prácticamente en todo el mundo, con algunas excepciones que vale la pena estudiar con detenimiento.  Todo eso me lleva a decir que el ambiente general es un ambiente de crisis y que nosotros en Colombia no hemos logrado encontrar el camino para efecto de fortalecer la institucionalidad política en Colombia, pero hay algo más, la democracia representativa se sigue debilitando desde el punto de vista de la legitimidad y capacidad de estimular a la gente de los partidos, pero la democracia participativa no ha servido porque están ahí todas las herramientas pero la gente no participa. Se debilita la representativa, no se fortalece la participativa y quedamos en una especie de trampa democrática muy preocupante que tiene que obligar a una reflexión más de fondo sobre lo que está sucediendo.  
 
 
Usted declaró y cito: “hoy el colombiano no cree en nada” como han declarado muchas personas en el país, ¿por qué hay esa desconfianza por parte del pueblo colombiano, no solo en los diálogos de La Habana, sino en gran parte de las decisiones del Estado?       
 
Porque los hechos que vienen siendo conocidos de forma más clara por parte de la opinión pública gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y a la proliferación de otros medios de comunicación, distintos a los tradicionales, le indican día a día a la gente cuales son las falencias del sistema, y frente a esa avalancha de noticias negativas en relación con el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial; lógicamente, eso aumenta el escepticismo y eso aumenta la incredulidad y ello, además, se ve alimentado por el hecho de que el ciudadano no siente satisfechas sus necesidades. Todo ello, conduce entonces al estado de descreimiento, que es la principal característica que yo creo tiene hoy la opinión pública nacional. 
 
 
¿Cuáles son los principales desacuerdos que se tienen con la forma en la que se están llevando los diálogos en La Habana? Aparte de los ya mencionados. 
 
Primero, haber puesto en marcha las conversaciones sin previo cese de acciones violentas por parte de las Farc. Segundo, haber aceptado que no habrá ni un solo día de cárcel para los culpables de los más graves delitos que acepten su responsabilidad oportunamente. Haber aceptado, hasta donde se conoce hoy en los acuerdos parciales, por supuesto, la elegibilidad política inmediata para aquellos responsables de los más graves delitos. Haberle abierto la puerta a que el narcotráfico puede llegar a ser considerado como delito conexo al delito político, no estar exigiendo a las Farc de manera clara que conste en los acuerdos, repito hasta donde se conocen, la entrega de los recursos que tienen para efecto de financiar con ellos los programas de reparación a las víctimas. Y de otro lado, de haber metido exactamente en un pie de igualdad, cosa que para mi juicio es inaceptable, desde el punto de vista de la justicia a los agentes del Estado con los miembros de organizaciones terroristas. Yo entiendo que hay que tomar medidas de alivio judicial,  que hay que pensar en una justicia para avanzar en los procesos de reconciliación pero creo que eso no debe hacerse metiendo en la misma bolsa, para llamar las cosas de alguna manera, a los agentes del Estado con los miembros de una organización terrorista como las Farc.                                         
 
Precisamente, ¿cuáles son los desacuerdos que tiene el Centro Democrático con la participación política con las Farc?  
 
El desacuerdo nuestro no es con la participación política de las Farc, porque me parece perfectamente obvio que un miembro de las Farc que haya sido acusado de delitos políticos pueda y deba participar en política inmediatamente, eso no tendría ningún inconveniente, además, la organización debe tener una gran cantidad de miembros con capacidad para participar en política. O sea que de lo que se trata no es de que las Farc no participen en política, de lo que se trata es de que los culpables de los más graves delitos no sean elegidos inmediatamente ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque hoy ningún colombiano, ninguno, que haya cometido alguno de esos delitos y que haya sido condenado puede ser elegido a nada, eso es crear una desigualdad en la sociedad colombiana aterradora. Una cosa es establecer un régimen especial que facilite las cosas, pero permitir la elegibilidad política inmediata de los culpables de los más graves delitos me parece un gravísimo error histórico que puede tener consecuencias nefastas en  la vida colombiana. 
 
 
¿Cómo ve el fortalecimiento de las medidas de protección a los civiles no combatientes y a los altos mandos de las Farc?
 
Son dos cosas bien distintas, a ver, en primer lugar,  es obvio que si el proceso concluye, que si se firman los acuerdos, que si esos acuerdos son ratificados por el pueblo colombiano mediante un procedimiento idóneo, que a mí juicio no es el mecanismo del plebiscito, uno de los deberes que adquiere el Estado es darle seguridad física a los miembros de la organización que se desmoviliza en relación con las seguridades para los civiles no combatientes, la obligación de respetar unos acuerdos mínimos relacionados con los civiles no combatientes existe hoy, está vigente; pero eso no se cumple, eso es exactamente lo que han venido violando de manera sistemática las Farc a lo largo de los años. Y la figura de los acuerdos especiales que existe para ir más allá del cumplimiento de los mínimos humanitarios obligatorios no tiene nada que ver con el acuerdo político que están haciendo el gobierno y las Farc. Si existe la disposición, inclusive en esta etapa de hacer unos acuerdos especiales para no molestarle la vida, perdóneme que utilice esta expresión, a los civiles, bienvenida; pero la pretensión de convertir todo el acuerdo en un acuerdo especial es violatorio del todo. Es violatorio de nuestra constitución y es violatorio de las normas humanitarias en su letra y en su espíritu. 
 
 
Usted dijo, cuando era candidato vicepresidencial, que no existe una obligación legal de someter los acuerdos a un proceso de refrendación popular y había que reconocerle al señor Presidente que había tomado ese compromiso de refrendarlos; sin embargo, como muchos colombianos, se ha mostrado reacio al mecanismo que ha planteado el gobierno, el del plebiscito, ¿cuáles son los posibles mecanismos de refrendación frente a los acuerdos pactados con las Farc que plantea o que considera el Centro Democrático? ¿Y qué figuras son las más prudentes para llevar un mecanismo de refrendación adecuado?     
 
A ver, primero reitero: el presidente de la República no está obligado a poner en consideración del pueblo los acuerdos que suscriba con las Farc, el hecho de que se haya comprometido a hacerlo, hay que reconocerlo como un gesto democrático importante, pero creo que está cometiendo un gravísimo error en el mecanismo. El plebiscito no es idóneo, el plebiscito no se diseñó para eventualidades como estas, se diseñó para otros efectos. La consulta tampoco sería idónea, la consulta existe en la Constitución, como usted sabe, pero se acude a ella en circunstancias distintas a las que tienen que ver con este acuerdo. El referendo es un mecanismo idóneo, pero, además, es un mecanismo deliberativo y es un mecanismo que le permite al ciudadano tomar decisiones en concreto respecto a cuáles normas aprueba y cuáles normas rechaza para efecto de que sean incorporadas en el ordenamiento legal. Siendo idóneo el referendo, yo reconozco que tiene unas dificultades prácticas complejas, pero esas dificultades podrían aliviarse siempre y cuando se avance en un proceso de acuerdo político y de Estado para diseñar un mecanismo que se ajuste de mejor manera a las realidades del momento y le permita a los colombianos, sin dificultades derivadas de la naturaleza de los mecanismos, o de obstáculos prácticos, pronunciarse en detalle acerca de qué aprueba y qué rechaza de lo acordado entre el Gobierno y las Farc.  
 
 
La resistencia civil es un recurso de defensa y a la vez de oposición como su nombre lo indica, de resistencia con lo que no se está de acuerdo. La resistencia civil propuesta, ¿Qué objetivos tiene y qué finalidad persigue?  
 
La resistencia civil tal como se ha planteado es la multiplicación sistemática de las acciones de oposición pública, civil, pacífica, democrática, razonada y propositiva; esa es la concepción que tenemos. En ese orden de ideas, lo que estamos haciendo es multiplicando nuestra presencia, explicando nuestras posiciones, explicando cuales son nuestras objeciones a lo que se ha anunciado, explicando que es lo que proponemos con respecto a esos puntos que consideramos inconvenientes para la sociedad colombiana. Tenemos unas posiciones muy claras, muy definidas que tienen sustento en la historia, tienen sustento en la juridicidad colombiana y en las necesidades políticas y sociales del país.
 
 
La justicia transicional no es una definición universalmente aceptada, sino que es un mecanismo de justicia, claro que es transicional, pero, al fin y al cabo, justicia. Por lo tanto, no puede haber impunidad como resultado de ese mecanismo, ¿qué efectos puede traer la impunidad a la paz que se busca? y ¿cuáles son las posiciones con respecto a la manera en la que se está llevando este aspecto en la agenda de los diálogos? 
 
Paz con impunidad no conduce a la paz. Paz con impunidad puede conducir a nuevos factores de alteración y eso es muy inconveniente para la sociedad colombiana. Como usted lo dice, la justicia transicional no es un concepto universalmente aceptado, no hay una definición mundialmente acordada. Son los mecanismos que se han venido aceptando vía jurisprudencia y doctrina para facilitar las transiciones de las sociedades de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia o de violación masiva de los derechos humanos. Pero, como bien usted lo dice justicia transicional es justicia, y uno de los mayores problemas que tienen muchísimos, según mi opinión, muchísimos, pero uno de los mayores problemas de lo que acordó el Gobierno con las Farc es que se diseñó un mecanismo para efecto de que los culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel. Eso es impunidad disfrazada, no puede llamarse de otra manera. 
 
 
Hay muchas inquietudes con respecto al marco jurídico para la paz, pues se habla de que los crímenes de guerra sean conexos al delito político violando así las obligaciones del derecho internacional, ¿cómo ve el panorama internacional con respecto a los acuerdos?      
 
Los acuerdos que hasta el momento se conocen me permiten decir lo siguiente, no respetan los estándares internacionales. ¿Por qué hago esa afirmación? Cuando los Estados que así lo quisieron, suscribieron el Estatuto de Roma, se comprometieron a investigar y juzgar a los responsables de los delitos más graves: genocidios, lesa humanidad y crímenes de guerra; y también, se comprometieron a que si las autoridades no lo hacen, aceptarían que la Corte Penal Internacional asuma la competencia subsidiaria para el conocimiento de un caso o de dos casos, en fin, lo que la corte en su momento decida. 
 
Para la Corte Penal Internacional no importa el contenido del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, sí importa el impacto de la Corte sobre casos concretos. Y en relación con casos concretos, la Corte Penal analizará de qué manera se han castigado en nuestra legislación esos delitos más graves. Mirará que ellos han sido castigados siempre con pena de privación de la libertad. Mirará que los tiempos de esas penas siempre son tiempos prolongados, y a la luz del acuerdo, identificará que lo que se hizo, lo que busca es que los líderes culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel. Eso, a los ojos de la Corte Penal Internacional puede quitarle la autenticidad y la búsqueda real de una pena eficaz y proporcional a la gravedad del delito y al nivel de responsabilidad del autor; que es aquello a lo cual se comprometieron los Estados que suscribieron el estatuto. En ese caso, la Corte Penal Internacional podría abogar directamente el conocimiento de alguno de esos casos específicos. 
 
 
En un artículo para La tarde sobre su aspiración a ser candidato a la presidencia dice que su propuesta está estructurada en los lineamientos del Centro Democrático como lo son seguridad, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y diálogo popular ¿A qué se refiere con el diálogo popular? ¿Mantendrían diálogos con grupos al margen de la ley?     
 
No, el diálogo popular es el contacto permanente con la ciudadanía y lo que he dicho es que aspiro a ser candidato, aspiro a ser presidente como candidato del Centro Democrático y, lógicamente, mi propuesta estará basada en esos pilares, pero yo haré una contribución que permita presentarle al país la verdadera agenda nacional de desarrollo que Colombia requiere en esta etapa. 
 
Yo quiero plantearle a los colombianos un país seguro, quiero plantearle un país de emprendedores, quiero plantearle un país saludable y un país educado. Y el diálogo popular es la característica que tiene el Centro Democrático con su contacto permanente con la gente, pero déjeme decirle que es mi propia característica, eso es lo que yo he hecho toda mi vida, trabajé a fondo en la definición de los mecanismos de participación popular. Cuando fui alcalde de Cali, puse en marcha los concejos comunitarios de gobierno, los concejos de planeación participativa, las jornadas de rendición de cuenta populares. Es decir, yo creo que el verdadero liderazgo en Colombia tiene que ser un liderazgo dialogante con la gente y comunicativo. Una cosa es la comunicación, que es un deber, y otra cosa, la propaganda que es una deformación.