El incómodo impuesto al carbono

En 2018, el Gobierno colombiano fue galardonada con el Carbon Pricing Champion, por haber implementado estrategias que contribuyen a luchar contra el Cambio Climático.

Se ha abierto un debate sobre la no-ejecución del impuesto al carbono, que conlleva al aplazamiento de inversiones centrales para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, la construcción de paz y el desarrollo en los territorios del postconflicto.

Los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de París sólo se cumplirán si se invierte en soluciones basadas en la conservación de la naturaleza. De allí que, la filosofía que enmarcó la creación del impuesto al carbono, en el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos, se fundamentó en la intersección entre ambiente, paz y desarrollo; es decir, la paz con la naturaleza y las comunidades que la han conservado es la base del desarrollo sostenible incluyente.

Precisamente, en línea con lo anterior, el impuesto al carbono se destinó principalmente a proyectos en zonas rurales del postconflicto con un enorme impacto en el bienestar de la “otra” Colombia, esa Colombia negra, campesina, indígena, paramera/paramuna, cienaguera y rural ribereña. No deja de sorprender que, aún teniendo los recursos disponibles del impuesto al carbono, no se hayan transferido a sus ejecutores. ¿Hubiese sucedido lo mismo si estos recursos en lugar de destinarse a la “otra” Colombia, estuvieran dirigidos a rescatar grandes empresas? Lo dudamos.

Es pertinente decir algo que nadie habla por estos días, que existe un mecanismo de “no causación” del impuesto que conlleva a que cerca del 35% de los recursos nunca llegan ni llegarán al Fondo Colombia en Paz, en la medida que el impuesto permite que quien invierta directamente en acciones de mitigación del Cambio Climático, no pague el valor equivalente a la cantidad de toneladas mitigadas que se le compren a los proyectos. Esto hace que se hayan ejecutado aproximadamente $600 mil millones con destino directo a la carbono-neutralidad; esto desde 2017 y dentro de un dinámico y creciente mercado nacional de carbono.

Lo otro tiene que ver con los recursos que efectivamente entran a la Tesorería Nacional, es decir $1,3 billones, que desde hace tres años se han acumulado y que en lugar de estar en caja, deberían estar invirtiéndose en el territorio fortaleciendo la agenda del postconflicto, manejando la erosión costera, reduciendo la deforestación, fortaleciendo el sistema de áreas protegidas, conservando las fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos como los páramos. Estos son recursos que desesperadamente necesita el sector ambiental y las regiones del posconflicto.

Al parecer, hay sectores del actual gobierno que no comparten la filosofía del impuesto al carbono en lo relacionado con el destino de la inversión en proyectos que articulen protección ambiental y paz. De ser así, el impuesto les resultaría incómodo. No quisiéramos creer que detrás de la no-ejecución de estos recursos, más allá de enredos burocráticos, esté la intensión de continuar desfinanciando la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón y, de paso, limitar la acción ambiental para facilitar la posible llegada de la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato.

Estamos convencidos que en el contexto de la crisis por el COVID 19 y el rechazo al racismo estructural, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al Cambio Climático basada en la naturaleza y sus culturas representan una enorme oportunidad para la recuperación socio-económica. Dicha oportunidad debe aprovecharse y para eso se requiere de los recursos que ya están recaudados. No hay justificación válida para no transferirlos al Fondo Colombia en Paz y MinAmbiente.

* Fellow Investigador, Universidad American, Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

** Investigador/consultor en mercados forestales de carbono, experto en cambio climático