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A finales de 2019 se conocieron las denuncias sobre las supuestas irregularidades en el grado como abogado del senador Julián Bedoya, reconocido en ese momento por haber sido el representante instructor de la investigación contra el exmagistrado Jorge Pretelt por el caso de Fidupetrol. Y es que el político antioqueño había logrado una gesta casi imposible de imitar: volvió a la universidad poco menos de una década después de haberla abandonado para presentar y aprobar 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tiempo récord -tan solo cuatro jornadas-.
El hecho hizo que el Ministerio de Educación, la Fiscalía, y la Procuraduría pusieran la lupa sobre la Universidad de Medellín -alma mater de Bedoya-; el rector de la institución en ese momento, Néstor Hincapié; los profesores que participaron de la maratón académica del senador; y algunos directivos de la institución. El escándalo mediático cobró las cabezas de Hincapié y la presidenta de la consiliatura, la concejal Aura Marleny Arcila, y también trajo uno de los momentos de mayor inestabilidad en la institución universitaria.
Después de estos movimientos a principios de 2020, no se conocen mayores avances en los casos que llevan las autoridades. Sin embargo, en estos días se vino a conocer un reciente informe de 57 páginas de la Comisión Tercera de Asuntos Disciplinarios, Estatutarios y de Régimen Interno de la Universidad de Medellín que promete volver a remover las aguas del caso.
El documento habla de un grado tal de irregularidades en el proceso de ingreso, aprobación de materias y graduación de Julián Bedoya que da como única conclusión pedir “la declaración judicial de la nulidad de ese acto administrativo que le concedió el título de abogado al discente Julián Bedoya Pulgarín y que fuera expedido irregularmente por la universidad”.
El Espectador conoció el documento en su totalidad, que se basa en un estudio detallado de todas las pruebas entregadas por la Universidad de Medellín a cada una de las autoridades que lleva procesos por las presuntas irregularidades en la proclamación de Bedoya Pulgarín como abogado profesional. Allí se enuncian las presuntas irregularidades tanto en el reintegro del ahora senador como en la presentación de los exámenes que aprobó en tiempo récord.
Las primeras anomalías que encontró la comisión dan cuenta de dos solicitudes de reintegro de Bedoya, una en 2014 y en 2018, esta última fue la que le permitió volver a las aulas para obtener el grado. En el primer caso, con fecha del 14 de julio de 2014, se reporta una carta del senador, que no tiene su firma, en la que pide al Consejo Académico que le permita volver a retomar sus estudios, que comenzó en 2001, para poder obtener el título profesional. La respuesta fue proferida el mismo día y fue afirmativa, aunque Bedoya no volvió ese año a la Universidad de Medellín.
La solicitud y la respuesta tienen una apariencia de normalidad. No obstante, el análisis da cuenta que dicha carta llegó cuatro horas después de que el Consejo Académico terminó la sesión destinada para estudiar los casos de reintegro. En las actas de esa reunión figuran las solicitudes de reingreso debatidas ese día y en ninguna de ellas aparece el nombre del político antioqueño.
Es más, los directivos que investigaron el caso resaltaron que las solicitudes de reintegro que fueran aprobadas durante la reunión del Consejo Académico solo tuvieron una comunicación de respuesta el 15 de julio, un día después de aprobadas, mientras que la de Bedoya Pulgarín, sorpresivamente, fue respondida el mismo 14 de julio. Es más, la pesquisa da cuenta de una carta que llegó dos horas antes que la del senador liberal, pero aún así fuera de tiempo, por lo que su estudio se pospuso hasta la sesión del 28 de julio del 2014.
Por otro lado, en el informe queda constancia de que la respuesta dada a Bedoya “no usa la misma minuta ni el mismo tipo de letra de las demás respuestas”, y tampoco cuenta con un radicado interno de la universidad. Para la comisión investigadora, al parecer esta primera solicitud es inventada y la principal razón es que el reglamento de la universidad solo da 5 años de espera para que un estudiante se reintegre a la universidad sin un estudio especial, mientras que el político antioqueño llevaba desde 2009 fuera de las aulas. Esto quiere decir que el reintegro en 2018 sería irregular.
Pero esta no es la única anormalidad que habría encontrado la investigación en el reintegro hecho hace dos años. Haciendo referencia al reglamento, los documentos evaluados señalaron que después de 5 años de estar desvinculado de la universidad, el posible regreso debía hacerse por el Consejo de la Facultad de Derecho. Este debía definir la viabilidad de la acción, bajo cual currículo sería recibido y cuáles materias le serían validadas y las que debería repetir. Sin embargo, en el caso Bedoya, fue el Consejo Académico el que le dio el aval de volver.
“Si el Consejo de la Facultad de Derecho hubiera sido consultado, Julián Bedoya Pulgarín se hubiera visto obligado a cursar y a aprobar unas ocho (8) materias adicionales y a aprobar también los exámenes diseñados para verificar si el discente dominaba o no una segunda lengua”, reza el documento conocido por este diario.
Además, en esta misma línea, los administrativos llamaron la atención en que la última solicitud de reintegro de Bedoya es del 8 de octubre, pero los avales remiten a actas del 27 de septiembre. “En otras palabras, extraña, a esta comisión, que la decisión sea previa a las solicitudes”, agregan los consiliarios que hicieron el informe administrativo.
Allí mismo se destaca que el reintegro del exrepresentante se hizo con unas supuestas facultades otorgados al subsecretario de la Universidad, pero en actas se observa que estos poderes extraordinarios solo fueron dispuestos para fijar los precios de las matrículas
Las irregularidades también apuntarían a las suficiencias y preparatorios presentados por Julián Bedoya. Frente al primer punto, el documento expresa que 9 de los 12 exámenes no serían válidos. La razón de esto es que en dichas pruebas se incumplieron los reglamentos de la institución que establecen que “la prueba de suficiencia constará, a su vez, de una prueba oral y otra escrita, practicadas y evaluadas por dos profesores de la asignatura (…) La calificación definitiva, que será el promedio aritmético de ambas pruebas, no podrá ser inferior a tres con cinco (3.5) para considerarse aprobada”.
De acuerdo a la investigación, se encontraron “violaciones directas” de las normas en las 9 pruebas que, en criterio de los directivos, implicarían su “nulidad absoluta”. Entre los peros reseñados se encuentra que varias de las suficiencias no fueron practicadas por docentes que dictaran dicha materia. En muchas ocasiones solo se cumplía con que uno lo fuera y en otras ninguno de los examinadores era el idóneo.
Por otro lado, en mucha de las pruebas solo se pone una nota única, y no se satisface la exigencia de que la calificación final sea un promedio entre el examen oral y escrito. En ese mismo camino, desde las directivas se llama la atención que no se guardaron las copias escritas de los exámenes presentados por Bedoya para decir si tenía o no los conocimientos para aprobar la materia.
En cuanto a los preparatorios, exámenes exigidos a todos los abogados para que puedan obtener su grado, las irregularidades comenzarían en que el senador Bedoya presentó tres pruebas de estas cuando el reglamento expresa que “cada examinado tiene derecho a presentar un solo examen, a su elección en el mes respectivo”. Y, aunque se puede dar un permiso especial por parte del Consejo de la Facultad, este no figura dentro de los documentos presentados por la propia universidad.
En este mismo apartado se llama la atención que en todas las pruebas preparatorias aparece un mismo evaluador, que es John Mario Ferrer del área de “políticos”. La evaluación hecha por el personal administrativo expresa que dicha característica es llamativa porque “siempre han sido profesores del área correspondiente, quienes han practicado las evaluaciones y servido de jurados” y los exámenes presentados por el senador eran de más áreas que la de “políticos”.
Esta misma anomalía se presentó con otros dos profesores, que figuran de evaluadores de preparatorios de áreas de las que no pertenecían. Pero en este caso, en lo que más hicieron enfásis los investigadores de la Universidad es que en dos de las jornadas de exámenes, Bedoya presentó varias suficiencias y preparatorios que en tiempo real sumarían cerca de 11 horas por jornada y los aprobó todos.
“Nos llama la atención, pues no es normal que un estudiante logre superarlas todas con un promedio de calificaciones equivalente a cuatro ─ en ambos exámenes tanto en el oral como en el escrito ─ y sin reprobar una sola asignatura siquiera”, expresaron los tres administrativos que se encargaron de las pesquisas.
El último punto en el que se detectaron presuntas irregularidades fue en la validación del trabajo de grado. En vez de un trabajo de grado, exigencia para obtener el título, los estudiantes de la Universidad de Medellín pueden participar de un proyecto de investigación, por lo que Bedoya se vínculo a una investigación que llevaba a cabo el profesor Jhon Mario Ferrer.
Sin embargo, según el documento conocido, este proyecto lo venía adelantando el docente desde 2015 y en febrero de 2017 ya estaba recomendada su publicación, tanto que en ese mismo año ya tenía ISBN y el siguiente año, en septiembre, se hicieron las últimas pruebas de impresión, justo cuando Bedoya apenas estaba reintegrándose a la Universidad.
Supuestamente Julián Bedoya colaboró con unas fichas bibliográficas, pero según la comisión, esto no es creíble y esa labor no es suficiente para cumplir con la exigencia del trabajo. “Es indiscutible que, para el mes de octubre del 2018 ─ mes en el cual, según el dicho de Ferrer Murillo, Bedoya Pulgarín se vinculó a la investigación─ esta, la obra de Murillo que no de Bedoya, había finalizado y nada, consecuencialmente, podía aportarle el entonces discente Bedoya Pulgarín a ese trabajo y mucho menos las citadas fichas bibliográficas”, dice el texto.
Que se conociera esta investigación ha causado gran controversia en la Universidad, sobre todo porque solo dos de los tres consiliaros investigadores dieron el aval al informe y sus conclusiones. El tercero se encargó de presentar un salvamento y conclusiones propias. Ahora, ambos informes tendrán que ser debatidos por la consiliatura de la Universidad de Medellín, que tendrá que determinar su validez y si toman sus sugerencias.
Lo cierto es que, como comentaron algunos conocedores de la estructura interna de la institución, varios de los miembros de esta célula aún son del ala de Néstor Hincapié, por lo que dudan de que acojan lo expresado por el informe que revela supuestas irregularidades en el grado del senador liberal Julián Bedoya.
Por otro lado, al conocerse la existencia de la investigación, la Universidad de Medellín se pronunció para asegurar que la investigación administrativa fue una orden de la propia consiliatura y que hasta ahora se está estudiando los informes entregados, tanto los documentos como los más de 3.000 folios usados para su elaboración. “Una vez los ocho Consiliarios restantes tengan conocimiento suficiente sobre el particular se procederá a someter a la plenaria el caso”, dice un comunicado de la universidad antioqueña.
Lo cierto es que aún las investigaciones de las autoridades están pendientes, pero este informe deja en un muy mal lugar el grado obtenido por el senador Julián Bedoya, y por ende a este mismo. Tanto así que algunos de los movimientos que denunciaron las presuntas irregularidades en su caso ya están pidiendo que renuncie a su curul.