El que esté libre de pecado...

Cambio Radical está en el ojo del huracán por “bendecir” a Oneida Pinto para la Gobernación de La Guajira. Pero en casi todas las colectividades hay candidatos cuestionados.

Oneida Pinto, el florero de Llorente en Cambio Radical. /Carlos Fernando Galán prefirió hacerse a un lado. Cristian Garavito / Archivo - El Espectador

“La crisis que viven los partidos políticos en Colombia los obliga a tomar decisiones que lleven a la recuperación de la confianza de los ciudadanos. Por eso se deben privilegiar las ideas y la coherencia, en lugar del pragmatismo que rodea el propósito de simplemente sumar votos”. Fue lo que dijo el jueves pasado el senador Carlos Fernando Galán, al renunciar a la presidencia de Cambio Radical, en rechazo a la decisión del partido de otorgarle el aval como candidata a la Gobernación de La Guajira a Oneida Pinto, a quien todos señalan de ser cuota del detenido exgobernador Kiko Gómez, algo que ella niega tajantemente.

Pero a Galán no solo le llovieron rayos y centellas por lo de Pinto. También por los casos de Jorge Emilio Rey y Luis Pérez, avalados por Cambio Radical como candidatos a las gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia, respectivamente. Sobre el primero, en 2010, siendo alcalde de Funza, estuvo suspendido durante 30 días por la Procuraduría por haber presentado como sustento un acuerdo municipal, declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para cobrarles plusvalía a los industriales de la zona. También lo rodeó un escándalo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, por un contratista que habría sido donante de su posterior campaña al Congreso.

De Luis Pérez, quien tiene el aval en coalición del Partido Liberal y Cambio Radical, en la pasada campaña como aspirante a la Alcaldía de Medellín fue acusado por Alonso Salazar, entonces burgomaestre de la capital antioqueña, de contar con el respaldo de grupos paramilitares. De hecho, en junio de 2011 y siendo presidente del partido el entonces representante a la Cámara Germán Varón Cotrino, se le negó la entrada y el aval, lo que fue calificado por el mismo Pérez como “una comedia”.

Que se debe respetar la presunción de inocencia, dicen todos. Pero ya desde otras orillas políticas caen duros cuestionamientos contra Cambio Radical. “El clan Char está dando avales a personas cuestionadas y no sólo en La Guajira, también en Magdalena (…) nosotros estamos completamente alejados de esos avales que están otorgando en Cambio Radical”, declaró José David Name, presidente del Senado, hablando a nombre del Partido de la U, refiriéndose a los hermanos Álex y Arturo Char, delegados por Cambio para definir los avales en la Costa Atlántica.

“Galán ha intentado hacer una depuración; en las pasadas elecciones lo hizo, pero las decisiones no dependen sólo de él, porque el mando es más amplio”, agregó por su parte León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, advirtiendo que si bien en el caso de Cambio Radical hay cosas escandalosas, todavía quedan asuntos por conocer sobre avales que se van a entregar de aquí a junio, en todos los partidos, donde muchas veces lo que pesa es que se tenga votos y dinero.

Y es que, según una reciente investigación de Paz y Reconciliación, son por ahora 36 los aspirantes a las elecciones locales y regionales de octubre próximo con cuestionamientos que van desde el tener investigaciones de la justicia o la procuraduría en curso, líos con contratos cuando fueron funcionarios públicos, presuntos nexos con grupos armados ilegales o ser considerados herederos de dirigentes presos o inhabilitados por parapolítica u otros hechos delictivos. Y muchos ya tienen la “bendición” de partidos como el de la U, Conservador, Liberal, el Centro Democrático y Opción Ciudadana.

Varios botones para la muestra: la exsenadora Dilian Francisca Toro, aunque no se ha oficializado, hace rato tiene el respaldo de la U para ser candidata a la Gobernación del Valle. Sobre ella pesan investigaciones por supuestos vínculos con grupos ilegales y lavado de activos. Luis Carlos Torres, exsenador también, busca el aval de esta misma colectividad en el Meta, amparado en el apoyo de su esposa, la senadora Maritza Martínez. Estuvo investigado por parapolítica, tiene abierto un proceso en la Fiscalía por contratación irregular y en 2008 la Procuraduría lo destituyó como gobernador (ocupó el cargo entre 2001 y 2003) y lo inhabilitó por diez años para ocupar puestos públicos. La decisión fue levantada luego por Alejandro Ordóñez.

La U anuncia igualmente el aval a Yolanda Wong para la Gobernación de Bolívar. De poco recorrido político, tiene el respaldo de los excongresistas Miguel Ángel Rangel y William Montes, condenados por parapolítica. En Caquetá, el Partido Conservador anuncia como su carta para la Gobernación a Arnulfo Gasca, quien es el esposo de la suspendida alcaldesa de Florencia Gloria Patricia Farfán, a su vez exesposa del narcotraficante Evaristo Porras Ardila. Para la Gobernación de Antioquia, el Centro Democrático tiene a Liliana Rendón, considerada ficha política del exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien pelea actualmente en los tribunales ante las acusaciones de nexos con grupos ilegales. Y en Chocó, Melecio Quinto Arias ya hace campaña por el uribismo. Hace poco se le vio en un homenaje a Hugo Aguilar, exgobernador de Santander condenado por parapolítica y quien acaba de salir de prisión.

Por el lado de los liberales, en la lista de la Fundación Paz y Reconciliación aparece, entre otros, Arturo Calderón como candidato a la Gobernación del Cesar. Es primo de Benjamín Calderón, llamado el Gatico por ser socio de Uniapuestas y de la cuestionada Enilce López, la Gata. Los rojos estudian también el aval a Dídier Tavera para la Gobernación de Santander, que sigue vinculado a una investigación por el asesinato de una persona en Barbosa, cuyo cuerpo fue hallado en una finca de su familia en Güepsa. Opción Ciudadana avala en Córdoba a Carlos Gómez, que tiene el apoyo de Pedro Pestana, dirigente indígena condenado por paramilitarismo.

Como se ve, un debate recurrente cada vez que se asoman unas elecciones en Colombia, pero sobre el que muchos prefieren hacerse los de la vista gorda. Por eso hay quienes claman por una verdadera reforma política que ajuste el régimen de inhabilidades y que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con corrupción y lavado de activos continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional. Porque aunque hoy se salpica de agua sucia a Cambio Radical, bien se puede decir que a la mayoría de los partidos políticos les cabe la famosa frase bíblica “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

***

Otros botones para la muestra
 
En Córdoba, el Partido de la U dio su aval para la Gobernación a Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile, investigado por parapolítica. Para la Alcaldía de Montería, según la fundación Paz y Reconciliación, Marco Daniel Pineda García está buscando el apoyo del Partido Liberal o el Centro Democrático. Ya dirigió los destinos de la ciudad y estuvo suspendido por la Procuraduría por irregularidades en la sanción de cuatro proyectos. Su madre, la senadora Nora García, es investigada por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.
 
Holguer Díaz y Carlos Fernando Sánchez se pelean en Santander el aval del partido de la U para la Gobernación. Del primero se dice que es el candidato del actual gobernador, Richard Aguilar, y del segundo que es la ficha de su padre, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. En Casanare, Julio Ramos busca el aval de Cambio Radical apoyado por el exgobernador Nelson Mariño, destituido por contratación irregular y con investigaciones por parapolítica.
 
Una normatividad demasiado laxa
 
La Ley 617 de 2000, la norma que en sus artículos 30 y 36 habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”. Para León Valencia, esta laxitud es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas sigan aspirando, sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y condenadas.
 
“Un partido puede negar el aval y de nada va a servir, porque inmediatamente se darán a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizando la personería de uno más pequeño que les permita mantener viva su candidatura”, indicó.