El lío electoral del Centro Democrático

La suerte jurídica de Óscar Iván Zuluaga en la investigación por el ‘hacker’ Sepúlveda podría tener graves consecuencias para el partido uribista, según las sanciones que establece la reforma política de 2011.

Óscar Iván Zuluaga y su hijo David (izquierda), en tiempos de la campaña presidencial. / Cristian Garavito

La decisión se adoptó en Sala Plena esta semana y será anunciada oficialmente el próximo martes: el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará de oficio una investigación contra el Centro Democrático, con el fin de determinar si hubo o no omisión de información en el reporte de gastos de la campaña presidencial, tras las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre en el sentido de que se le habrían pagado $230 millones al hermano del hacker Andrés Sepúlveda, dinero que aparece como una deuda con David Zuluaga, hijo del excandidato Óscar Iván Zuluaga y quien fungía como gerente de su campaña. “Esta investigación se origina porque en una información periodística se dice que no fueron reportados esos pagos. Queremos tener la certeza si eso que se afirma es verdad o no”, le dijo Emiliano Rivera, presidente del CNE, a Blu Radio.

Pero, ¿cuáles son las sanciones que contempla la ley si se comprueba esa irregularidad? ¿Puede el Centro Democrático llegar a perder su personería jurídica? Según las normas electorales, dichas sanciones se imponen de acuerdo con la valoración que se haga de las faltas, en el siguiente orden: multas que pueden ir entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña; congelación de los giros respectivos; devolución parcial o total de los recursos entregados, incluyendo las donaciones privadas e, incluso, en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso puede decretar la pérdida del cargo, según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

No es este último el caso del Centro Democrático, pues Óscar Iván Zuluaga no ganó la Presidencia. Por eso, según fuentes del organismo electoral, la sanción a aplicar sería la de la multa, en caso de que se llegue a comprobar que David Zuluaga hizo giros a Luis Carlos Sepúlveda, el hermano del hombre señalado de haber ‘chuzado’ el proceso de paz, como pago por sus servicios, los cuales no habrían sido incluidos en la contabilidad del Centro Democrático. Además, según reveló la revista Semana, en la documentación oficial aparecen dos pagos más, uno por $35 millones y otro por $64,5 millones, por propaganda electoral, cuando al parecer la campaña no había arrancado en firme.

Pero el verdadero embrollo para el Centro Democrático, según dicen en el CNE, está en que Óscar Iván Zuluaga, actual presidente de la colectividad, sea sancionado jurídicamente por la investigación que adelanta la Fiscalía. Como se sabe, el ente acusador citó a interrogatorios al excandidato, a su hijo David y a su exasesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, para explicar de dónde salieron las supuestas órdenes para que el hacker Andrés Sepúlveda infiltrara y atacara por las redes sociales el proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana. En ese caso, el Centro Democrático tendría en riesgo su personería jurídica, de acuerdo con la reforma política de 2011 (Ley 1475).

Y es que esa reforma estableció, entre otros puntos, que los directivos de los partidos serán responsables por incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico. Los responsables de tales hechos serán acreedores a la amonestación escrita y pública —sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar—, a la suspensión de cargo directivo hasta por tres meses; a la destitución del cargo y a la expulsión de la colectividad. Pero además, los partidos también serán sancionados, por ejemplo, con la suspensión de la financiación estatal, la suspensión temporal de la personería jurídica o a la cancelación de la misma, según la gravedad.

Claro, hoy no hay un proceso formal en contra de Óscar Iván Zuluaga y primero tendría que ser vencido en juicio. Pero para el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, el simple hecho de que se plantee esa posibilidad ratifica la “persecución” de que es víctima el uribismo: “El presidente Santos está utilizando todo lo que pueda para acabar con el Centro Democrático, que para él es un estorbo, una piedra en el zapato. Cuántas cosas peores han ocurrido en el país, hay partidos de garaje que no entregan cuentas y nunca ha pasado nada. A nosotros nos esculcan con lupa y cualquier cosa que encuentren la van a utilizar para tratar de eliminarnos. Todo esto no es de poca monta, lo hemos advertido, vamos camino a Venezuela”, enfatizó.

Antecedentes en Colombia no hay, pues la rigurosidad que se implantó en la reforma política de 2011 apenas está comenzando a aplicarse. Sin embargo, hay otro partido con un lío similar o quizás más complicado: nada más ni nada menos que Cambio Radical, el del vicepresidente Germán Vargas Lleras. En abril de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a tres años y nueve meses de prisión al representante a la Cámara Jaime Cervantes Varelo, por vínculos con grupos paramilitares. Y compulsó copias a la Fiscalía para que investigara su posible participación en un homicidio. Según conoció El Espectador, el CNE estudia ya el caso para determinar si se le suspende o se le quita la personería jurídica a la colectividad que lo avaló: Cambio Radical.