El miedo que no se va por la firma de la paz

La historia de un desmovilizado de las Farc que fue desplazado por bandas criminales es el reflejo de lo que está sucediendo en algunos territorios del país donde esa guerrilla ha dejado vacíos de poder.

En el departamento de Meta, las Farc hicieron presencia históricamente a través del Bloque Oriental. / Efe
En el departamento de Meta, las Farc hicieron presencia históricamente a través del Bloque Oriental. / Efe

Una fractura de nariz, una amenaza directa y la tristeza del desarraigo por tener que abandonar su tierra y salir huyendo en busca de ayuda fue lo único que le dejó a Gonzalo Gutiérrez* el haber intentado persuadir a un grupo de integrantes de una banda criminal de detener las intimidaciones contra los habitantes de su pueblo. Una tragedia que comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando él, presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), decidió enfrentar a los seis hombres y tres mujeres que llevaban varias semanas en la zona extorsionando y agrediendo física y verbalmente a sus habitantes.

Su osadía le costó la tranquilidad con la que había logrado sobrevivir desde el año 2000, cuando por voluntad propia se entregó al Ejército, dejó las armas que había empuñado por casi cuatro años como integrante del Frente Primero de las Farc y se dedicó a trabajar como líder en proyectos productivos y de desarrollo para su región. Y quizá eso es lo que más tristeza le produce: tener que dejar a medias los proyectos que había puesto a andar en su municipio y que quedaron en la nada, pues desde que salió de su tierra —dos días después del encuentro con los armados— tiene la certeza de que no podrá volver.

“Me dijeron que sabían quién era yo y cuál era mi pasado. Que tenían claro que yo era un sapo y que incluso sabían que yo hacía pedagogía de paz y que había estado en La Habana como representante del municipio hablando sobre el tema de cultivos ilícitos”, relató a El Espectador Gonzalo, quien completa ya más de dos meses desplazado.

Su situación, como él mismo lo explica, es un ejemplo claro de lo que está sucediendo en varias regiones del país en las que las bandas criminales han comenzado a ocupar los vacíos de poder que poco a poco han dejado las Farc por cuenta del proceso de paz con el Gobierno. Un panorama que incluso fue denunciado la semana pasada por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien aseguró que se han documentado varios casos de regiones en las que los grupos posparamilitarismo están apropiándose de las economías ilícitas que han quedado sin dueño claro tras la salida de las Farc del escenario del conflicto.

En el caso de Meta, si bien es cierto que siempre ha habido presencia de grupos neoparamilitares, también lo es que su accionar ha incrementado en los últimos tiempos. Y, según explica Gonzalo, la disputa territorial en la zona tiene precisamente como eje central el interés de los grupos criminales por apropiarse de los cultivos de coca, que abundan.

“Vista Hermosa ha sido siempre un municipio muy violento en el que han hecho presencia las Farc y los paramilitares, en una pelea por el territorio y los cultivos de coca. Esa es una de las razones por las cuales tenemos la presencia de esas personas allá. Si no hubiera coca, eso no existiría. Han incrementado mucho los cultivos. Las veredas que nosotros libramos de cultivos fueron 20, pero hay 85 en total y la mayoría son cocaleras”, agrega.

De hecho, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Vista Hermosa es uno de los municipios, junto con Puerto Rico y La Macarena, que concentran la mayor parte de las 5.002 hectáreas de coca cultivadas en el departamento. De ahí que ese sea el epicentro del fenómeno en la región.

No han sido pocas las alertas sobre la presencia de estructuras criminales en la zona. De acuerdo con un informe de la unidad investigativa de Indepaz, en los primeros meses del año se registró el accionar de por lo menos 14 grupos narcoparamilateres en 149 municipios de 22 departamentos del país. En el Meta, señala el documento, se ha identificado la presencia de los grupos Libertadores del Vichada y el Bloque Meta en zonas como Villavicencio, Granada, Restrepo, Acacías, Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Martín, Puerto Lleras, Granada, Villavicencio, Guamal y Vista Hermosa.

Sobre el tema también ha llamado la atención la Fundación Paz y Reconciliación, según la cual desde finales de 2015 se han registrado denuncias sobre la incursión en el departamento de los denominados Urabeños, hoy conocidos como clan del Golfo (antiguo clan Úsuga). “En el Meta, Guaviare y algunas zonas de Antioquia, todos ellos territorios de las Farc, se han presentado incursiones de los Urabeños en los últimos meses. En febrero se observaron contingentes de los Urabeños en la vereda El Cerrito, en San Juan de Arama (Meta)”, señala un informe sobre la disputa por los territorios de las Farc.

El fenómeno está plenamente identificado, e incluso en abril pasado la Séptima Brigada del Ejército desplegó la denominada operación Troya Meta, con el objetivo de desarticular las estructuras armadas del clan del Golfo, el Bloque Meta y los Libertadores del Vichada. Y fue precisamente en Vista Hermosa donde, en el marco de dicha operación, las autoridades capturaron por la misma época a Edrile Romero Palomeque, alias Negro Andrés, cabecilla del clan Úsuga en los Llanos orientales.

A pesar de los operativos, la preocupación en las comunidades va en aumento, sobre todo porque el caso de Gonzalo es sólo uno de los varios que se han presentado en la región. Desde hace más de cuatro meses, por ejemplo, se encuentra desaparecido Ángel María Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Guapaya, de Vista Hermosa, de quien no se sabe nada desde que salió de su casa a una reunión en calidad de líder comunitario.

“En Vista Hermosa se reciben constantemente panfletos y amenazas dirigidos especialmente a líderes y lideresas comunitarios. Durante los últimos meses se han presentado este tipo de manifestaciones estigmatizando particularmente la labor de las juntas de acción comunal y amenazando a sus presidentes”, denunciaba entonces la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia.

Para Gonzalo, el temor de los habitantes del municipio obedece también a que hay una profunda desconfianza hacia las instituciones y las autoridades, producto de experiencias pasadas: “La misma policía se encargaba de decirles a los paras que uno está denunciando. Lo hemos visto de cerca y lo hemos vivido”. A eso se suma que las amenazas contra los líderes causan más desesperanza entre los pobladores, pues “si los callan a ellos, es como matar al pastor de las ovejas, que quedan desorientadas. Uno los representa y los orienta, y si les quitan eso, pues no van a hablar, porque tienen mucho temor”, concluye.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.