Si los tiempos apremian para aprobar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por los lados de la reforma política el reloj aprieta de forma más contundente. El proyecto de acto legislativo retomó ayer su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, a donde llegó con varias modificaciones consideradas importantes por los sectores más cercanos a la implementación de los Acuerdos de paz con las Farc y que, en su concepto, lo apartaban un poco de las recomendaciones que la Misión Electoral Especial le entregó al Gobierno en marzo pasado. Como están las cosas, la reforma, que buscaba una apertura electoral de cara a las elecciones de 2018, podría hundirse, lo que significaría una cachetada a lo pactado en el punto dos de la agenda de La Habana.
Hay versiones que indican que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, llegó a un consenso con el Gobierno para agendar de manera prioritaria la reglamentación de la JEP y el debate de las 16 circunscripciones transitorias de paz, lo que conllevaría a que, por simple terminación de la vigencia del mecanismo de fast track, la reforma no pase. Esa situación, explicó la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde, impediría que se adoptaran para 2018 varias medidas, como la adquisición progresiva de derechos de movimientos políticos minoritarios, el cambio en la forma de integración de los miembros de lo que sería el Consejo Electoral Colombiano, la posibilidad de anticipación de recursos para la financiación de campañas y el Tribunal de aforados, que tendría dientes para juzgar a altos magistrados, incluidos los de la JEP.
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La reforma política también se enfrenta en la Cámara a la negativa de Cambio Radical de acompañar la iniciativa. De acuerdo con el senador Germán Varón, el partido mantiene frente a la iniciativa una posición similar a la que han tenido con la estatutaria de la JEP, y cuando llegue al Senado, solo si hay modificaciones, se podría estudiar si sus votos son favorables. Por supuesto, como uno de los partidos considerado de los fuertes en el Capitolio, los intereses están enfocados en otros aspectos, como el punto de transfuguismo, que para Varón tiene mayor razón de ser que la posibilidad de coaliciones de colectividades grandes. “Es más lógico que la gente se vaya para el partido que cree que lo representa, antes que hacer uniones con quienes tienen posiciones ideológicas diferentes, pues quedan descontextualizados frente a la opinión pública”, comentó el congresista.
Así las cosas, hay dos escenarios: que la reforma se acomode a los intereses de los partidos ad portas de las elecciones de 2018, lo que para Jairo Rivera, de Voces de Paz, haría que el proyecto se desconectara por completo del Acuerdo de Paz, al no servir como una forma de apertura democrática sino que se utilice “para fortalecer la dinámica de clientelismo en el territorio en un contexto que necesita ser cambiado”. Y por otra parte, está la muy posible caída de la iniciativa, es decir, que no se tomen siquiera las más básicas recomendaciones de la Misión Electoral Especial. Además de que sería el más claro incumplimiento del Acuerdo de La Habana, Rivera señala que “es un mensaje a la ciudadanía de que el Congreso, de cara a un momento atípico en la política, es incapaz de fortalecer los procedimientos, las reglas de juego, no solo para incluir gente nueva, sino para darle seguridad a la democracia colombiana”.
Lo que es cierto es que la reforma política va dejando pedazos en el camino a medida que avanza. Por fuera ya han quedado las medidas que limitaban la permanencia en el Congreso de senadores y representantes, es decir, la reelección indefinida, y hoy están colgando de un hilo el Tribunal de aforados, que sería el reemplazo de la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara —criticada por su falta de efectividad—, además de los cambios en la conformación del nuevo Consejo Electoral Colombiano, que intenta desvincular la naturaleza política de sus integrantes y en donde se contempla la realización de un concurso de méritos.
Precisamente, ha sido el Tribunal de aforados el punto que ha generado una gran cantidad de impedimentos (más de 40), cuya votación ha demorado el avance del trámite en la Cámara. Este martes, en la plenaria de la corporación, se negaron en votación por bloques 44 impedimentos, un tema que ha sido una de las causas de la lentitud del debate. De hecho, alcanzó a haber una propuesta encaminada a que se retiraran del texto los artículos que crean dicho tribunal, para que fueran discutidos dentro de una próxima reforma a la justicia. Asimismo, se creó una comisión para que se estudiara y pueda haber una decisión respecto del tribunal de aforados que propone la reforma.
Por otra parte, desde los partidos minoritarios se ha mantenido la petición de que Lara se haga a un lado y no presida las sesiones en las que se debatan temas concernientes al Acuerdo de Paz, como la misma reforma, la Ley Estatutaria de la JEP y lo de las curules para las 16 circunscripciones transitorias, ante lo que consideran una clara intención de ralentizar la implementación. “Le hemos dicho a Lara que se haga a un lado. Nosotros, como Polo Democrático, seguimos insistiendo en que hay que cumplir los acuerdos y hay que aprobar el proyecto de reforma política”, fue lo que dijo el representante Alirio Uribe.