El “NO Conservador” presenta sus propuestas puntuales para renegociar la paz con las Farc

Marta Lucía Ramírez, quien lideró junto a Andrés Pastrana el "No" del conservatismo, expuso sus reparos. Son, esencialmente, en cuanto al campo, la justicia y la participación política de los desmovilizados.

SIG.

Desde que el pasado 2 de octubre los colombianos rechazaron el Acuerdo Final para finalizar 52 años de conflicto armado con las Farc, de inmediato los promotores del “No” fueron cuestionados por un plan de contingencia para redireccionar los acuerdos. En vista de que ninguno de los voceros de la opción que se impuso propuso una opción real para destrabar el proceso, durante toda la semana pasada se reunieron con el Gobierno para evaluar qué paso se iba a seguir para salvar los acuerdos entre Gobierno y Farc. Una de las más fuertes contradictoras del proceso fue Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial del Partido Conservador, quien desde la semana pasada instó a que todos los sectores que promovieron el “No” presentaran un documento con los planteamientos puntuales de lo que pretenden renegociar del acuerdo, tal como lo hizo público el “No Conservador” este lunes, por medio de la misma Ramírez. (Lea: Marta Lucía Ramírez llama a promotores del “No” a presentar prontamente sus propuestas)

Con la misma idea del uribismo de construir entre los promotores del “Sí” y el “No” un acuerdo total en el que se respete la Constitución de Colombia, la institucionalidad, se garantice justicia, se repare a las víctimas y se permita cierta participación política a las Farc, Ramírez pidió que en principio la redacción del acuerdo tendría que ser más clara, para que no fueran confusas las interpretaciones en cuanto a tiempos, funcionamiento, organismos y otros aspectos que a su parecer aparecen de manera ambigua en las 297 páginas del documento. (Lea: Este es el texto completo de los acuerdos firmados en La Habana)

“Tenemos la oportunidad histórica de pasar del “Mejor acuerdo posible” que cuenta con el apoyo del 49.78%, al “óptimo acuerdo posible” que represente al 99.9 % de los votantes. El principal resultado benéfico del ‘NO’ es, sin duda, evitar que el Acuerdo vaya al bloque de constitucionalidad y la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2016, con lo cual, se recupera el trámite de implementación dentro de la institucionalidad”, afirmó la también exministra de Defensa en el comunicado con que hizo públicas sus propuestas, con las que espera lograr una garantía de fortalecimiento de la institucionalidad, y que Colombia tenga la certeza de que las Farc desaparecerán como organización armada.

Reforma Rural Integral

La primera propuesta la tituló Ramírez tal como aparece en el acuerdo ente Gobierno y Farc: “Reforma Rural Integral”. Este, al parecer, es el punto que más preocupa al conservatismo, pues lo dividieron en siete pequeñas réplicas al respecto. En la primera, exigen que las Farc reconozcan su autoría en la apropiación ilegal de tierras y las devuelvan. Con la segunda, piden que se haga explícita la forma en que se realizará la transformación estructural del campo en cuanto a asignación de tierras, pese a que en el acuerdo hay más de 20 puntos en los que esto se detalla.

En la tercera objeción, Ramírez pide que la asignación de tierras no se entienda como el único modelo de desarrollo, y pide que algunas tierras rurales queden en manos del Estado y se asignen mediante contratos a los campesinos, a quienes también les otorgarían toda la financiación y apoyo para su producción agrícola; además, en este numeral contempla que no solo se asignen tierras a pequeños campesinos, sino también a pequeños, medianos y grandes productores.

En los otros cuatro puntos de este tema, el conservatismo pide que las zonas de reserva campesina no se conviertan en entidades territoriales en superposición a las autoridades existentes, pese a que no está estipulado puntualmente en los acuerdos. También solicita que se respeten las competencias de los departamentos y municipios en la definición de los planes de desarrollo, y que así se regule la participación de la comunidad al respecto. Incluso pide que se debe sustituir la expresión “instancias de decisión en los niveles territoriales” por “etapas de participación de las comunidades de manera ágil y eficaz”. El punto siguiente pide que el sector empresarial invierta en el campo, pues asegura que esta Reforma Rural Integral tiene “un alto gasto del Estado en bienes públicos y subsidios improductivos”. Finalmente, el documento exige que se haga un cronograma del cumplimiento de los deberes del Estado, de acuerdo con el monto que debe invertir en cada periodo.

Participación política

Para Ramírez, las Farc tienen en este aspecto ventajas y no garantías, que es lo que se les debería dar en su concepto. Por eso, pide que las Farc entren en la vida política del país en igualdad de condiciones y que el monto de dinero para financiar las campañas sea el mismo para el nuevo partido político y para los ya existentes. “La actividad política de las Farc recibirá una importante financiación de diferentes orígenes, directos e indirectos, así como cooperación internacional. Los demás partidos políticos o grupos de ciudadanos que participan de la democracia de forma legal no reciben ni recibirán jamás recursos similares”, afirma Ramírez, al pedir que esa financiación esté en el promedio de lo que se asigna actualmente a los partidos políticos existentes.

Lo más importante y que seguramente será muy debatido del documento, es que la excandidata presidencial pide que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan aspirar ni al Congreso ni a la Presidencia, en tanto está consignado en la Constitución Política

Respecto al derecho a la protesta, Ramírez también pide que se quite del acuerdo que los disturbios sean tratados con civilidad, pues a su parecer esto institucionaliza los disturbios como mecanismo de participación y las vías de hecho. Específicamente, pide que las protestas respeten los derechos de terceros al trabajo, la libre circulación y a sus bienes, y que esto en los acuerdos sea consignado de la siguiente manera: “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”, y no como está en estos momentos, hasta “civilidad”.

Fin del conflicto

En este apartado, el conservatismo pide que sean más específicas las facultades que tendrá la Unidad Especial de Investigación, que se crearía por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz para detectar conductas que amenacen la implementación de los acuerdos. “Por esta vía no puede criminalizarse las opiniones ni las posturas políticas en relación con la implementación del acuerdo”, dice puntualmente Ramírez al respecto.

Asimismo, pide que apenas empiecen a llegar los miembros de las Farc a las zonas de concentración, se empiecen las investigaciones sobre personas que sigan secuestradas y menores que estén aún en sus filas. Además, propone que en el punto que trata la entrega de armas se agregue el serial de las armas entregadas por las Farc.

Finalmente, Ramírez pide eliminar de los acuerdos la participación de miembros de las Farc en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tendría como funciones un servicio de vigilancia y la revisión de hojas de vida de servidores públicos. La propuesta de Ramírez es que esta comisión, creada como medida de prevención y lucha contra la corrupción, solo sea competencia del Gobierno, y que los miembros de las Farc tengan acceso a informes periódicos que haga esta comisión.

Solución al problema de las drogas ilícitas

En este punto, Ramírez pide que sea explícita en el acuerdo la garantía de que las Farc no realizarán su actividad política con dineros ilegales producto del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal. Solicita también que se especifique que estos dineros se destinarán exclusivamente a la reparación de las víctimas del conflicto armado. “El 1º de octubre de 2016 las Farc ofrecieron financiar la reparación de víctimas con dineros de esa organización fruto de la ‘economía de guerra’, por lo que esta obligación debe consignarse expresamente en el texto del acuerdo”, agrega el conservatismo al respecto.

Acuerdo sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Ramírez propone que es necesaria una pena de reclusión para los responsables de delitos de lesa humanidad, que a su parecer dejará un mensaje claro para garantizar que no se repita la violación de los derechos humanos, pese a que en los acuerdos se habla de que tendrán penas de reclusión siempre y cuando confiesen la totalidad de sus actos y los derechos de las víctimas sean satisfechos. De lo contrario, los responsables de estos delitos serán juzgados por la justicia ordinaria.

Por último, en este punto, la exministra de Defensa propone crear la Sala Especial de Paz en la Corte Suprema de Justicia, y pide que para ser magistrado de esta sala especial se tengan en cuenta los requisitos para ser magistrado de una alta corte.

Con estas propuestas, el sector del conservatismo que pidió votar “No” espera poder renegociar los puntos con los que no estuvo de acuerdo. En su concepto, con estas modificaciones la revisión del Acuerdo tendrá niveles elevados de aprobación política y ciudadana, o por lo menos eso esperan. “Brindará un mandato inequívoco de la sociedad colombiana a las diferentes ramas del poder público para lograr su pronta implementación”, agrega Ramírez sobre sus propuestas, y finalmente piden que ni la refrendación del acuerdo que se renegoció, ni su implementación sean incorporadas al texto de la Constitución Política ni al bloque de constitucionalidad.

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