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hace 5 horas

El nuevo mapa de la restitución de tierras

Meta, Caquetá, Norte de Santander y Chocó hacen parte de la nueva macrofocalización de la restitución de tierras.

Una candente polémica viene enfrentando el proceso de restitución de tierras por cuenta del surgimiento de un movimiento que se opone a esta política. Las cabezas visibles de este grupo han sido el procurador, Alejandro Ordóñez, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. A su alrededor, empresarios rurales, ganaderos y opositores de la restitución han venido organizando una serie de audiencias públicas para exigir una reforma a la Ley 1448. Sin embargo, la implementación de la norma avanza y hace unos días, luego de casi cinco años de vigencia de la ley, finalmente se dio vía libre a la restitución en todo el territorio nacional.

Y es que una de las premisas para devolver la tierra a quienes fueron despojados ha sido la seguridad material en los territorios. Con este objetivo, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de Defensa han desarrollado los conceptos de macro y microfocalización, que consisten en priorizar las zonas donde el Estado ejerce control territorial para realizar allí la devolución de predios. Este sistema ha recibido las críticas de diferentes organizaciones sociales, que consideran que ha hecho más lento el proceso.

Actualmente, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 89.498 solicitudes, de las cuales 46.031 aún están en trámite, 20.556 ya fueron procesadas y 12.000 más están en manos de los jueces. Desde junio de 2011, cuando el presidente Santos sancionó la ley, se han restituido 201.000 hectáreas, y actualmente los jueces tienen en sus manos el destino de otras 500.000. Un balance agridulce si se tiene en cuenta que las proyecciones del despojo rondan los 7 millones de hectáreas.

Y es que restituir la tierra no ha sido tarea fácil, ya que de alguna manera se trata de implementar una medida propia del posconflicto en medio de la confrontación. De ahí que el proceso haya sido progresivo y se haya concentrado en algunas regiones. Inicialmente se habló de 12 macrozonas focalizadas, posteriormente se pasó a 15, luego a 20, y desde el viernes pasado a todo el territorio nacional (ver mapa).

El mapa muestra que la nueva región que iniciará su proceso de microfocalización es el suroriente del país. Lo que indica que la ley se concentra en Huila, el sur del Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Vichada, Casanare, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Córdoba y Chocó. “Ahora empezará la microfocalización de las zonas, y se priorizará donde hay mayor número de reclamaciones. Creemos que al finalizar el año tendremos microfocalizado el 60 % del país”, detalló Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras.

La nueva macrofocalización expone que, en esta nueva fase de implementación de la restitución de tierras, el sur del Meta y Caquetá son las zonas con mayor número de solicitudes. En el Meta, por ejemplo, se han recibido casi 5.000, mientras que en Caquetá no llegan a 2.000. En Chocó se han registrado 1.684; en Guaviare registran 1.267 solicitudes; en Vichada, 720; en Casanare, 679; en Vaupés, 65; en Guainía, 35, y en Amazonas, 20. Esta es la realidad de las nuevas zonas a las que llegará la restitución de tierras.

Los datos estudiados por la Unidad de Restitución y el Ministerio de Defensa son reveladores en cuanto a responsables del despojo. La información contradice la tesis de Lafaurie sobre que los reclamantes son guerrilleros. De las 89.498 solicitudes de restitución, el 40,3 % acusa a la guerrilla de ser quien le quitó la tierra, el 35,6 % señala a los paramilitares, el 10 % dice que fueron otros actores, el 11 % no tiene mayor información, y el 2% sostiene que fueron las bandas criminales.

Así las cosas, el nuevo reto de la restitución de tierras es avanzar en las zonas a las que hasta ahora no ha llegado siquiera la promesa de devolver la tierra a sus legítimos dueños. Y aunque en su mayoría se trata de zonas que no tienen un alto volumen de solicitudes, el reto consiste en que son los territorios más apartados donde el subregistro campea, y nadie, ni el Estado, sabe de quién es la tierra. Ya sea porque se trata de terrenos baldíos, porque se adquirieron a través de procesos informales o porque nunca se registraron las transferencias de dominios. Una situación que complica el proceso de restitución. Primero habrá que establecer de quién es la tierra.

Pero la ilusión está en las noticias que pueden llegar de La Habana. Si se firma el acuerdo final de paz con la guerrilla, se abrirá una nueva fase de la restitución de tierras en las regiones donde la insurgencia ha hecho presencia históricamente y en las que nunca se ha visto un funcionario público. De llegarse al fin del conflicto se sabrá qué fue lo que ocurrió con la tierra en medio de la guerra y ya no habrá excusa para que quienes fueron despojados a la fuerza de sus predios regresen a sus tierras y reciban todo el apoyo necesario para que se realice la transformación rural y agraria que el país les debe a los campesinos desde hace más de medio siglo. Y todo tendrá que empezar con la restitución de las tierras despojadas en medio del conflicto.