El nuevo proyecto de matrícula cero que busca recibir financiación del FOME

Aunque la oposición a principio de legislatura radicó una iniciativa que decreta la gratuidad en la educación pública, esta semana aterrizó una nueva que acota tiempos en los que habrá matrícula cero y resuelve de dónde saldrán los recursos.

13 de noviembre de 2020 - 02:17 p. m.
Estudiantes de la U. Nacional organizaron una velatón para exigir matrícula cero durante el próximo semestre.
Estudiantes de la U. Nacional organizaron una velatón para exigir matrícula cero durante el próximo semestre.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por lo menos 15 de las 32 universidades públicas del país tomaron medidas de urgencia ante la posibilidad de una creciente deserción estudiantil, que, según estimaciones, habría podido superar el promedio de 9% de estudiantes que abandonan sus estudios –cifra del 2016, pero que es la más reciente–.

Matrículas gratuitas para el actual semestre y descuentos fueron las fórmulas de las instituciones de educación superior (IES) públicas, que encontraron una solución económica para ofrecerlos a través del Fondo Solidarios para la Educación (creado bajo estado de excepción) y recursos dados por los entes territoriales.

Sin embargo, las dudas recaen en que, si estas universidades tienen la capacidad de endeudamiento para sostener dicha matrícula cero para 2021, pues muchas de ellas sus recursos propios provienen de las inscripciones de matrículas y, sin un salvavidas del Gobierno, no podrían garantizar la gratuidad de la educación superior.

Esta semana aterrizó un nuevo proyecto de la oposición de matrícula cero. A diferencia del anterior, este nuevo aterriza la gratuidad para 2021, como solución a corto plazo, y determina que los recursos para garantizar la gratuidad en los dos semestres del próximo año, que serían $1.8 billones ($1.4 para pregrado y $0.4 para posgrado), provendrían del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2021, hay un artículo que determina que los recursos del FOME que no se ejecuten este año, pueden trasladarse a la vigencia siguiente. Hasta septiembre, el FOME tenía asignado la mitad del dinero ($14.9 billones de un fondo de $30.5). Y las estimaciones son que el año cierre con un saldo a favor de $12.3 para 2021, de los cuales los senadores Wilson Arias (Polo Democrático), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Gustavo Bolívar (los Decentes) piden $1.8 billones para cubrir la matrícula cero de más de 660.000 estudiantes de pre y posgrado de las 32 universidades públicas.

“Esto representa un alivio temporal en las finanzas de estas instituciones, pero especialmente garantizará la continuidad de los estudios para cientos de miles de estudiantes”, dijo el senador Bolívar al respecto.

El proyecto busca modificar el decreto legislativo 662 de mayo de 2020, con el cual el Gobierno creó el Fondo Solidario para la Educación como medida para “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo”. Dicho fondo es administrado por el Icetex y se divide en planes de auxilios y líneas de crédito.

“La respuesta ante la crisis fue crear un nuevo sistema de endeudamiento para los estudiantes, aunque este fondo tiene unas enormes garantías, este se convierte casi que en un programa de transferencias condicionadas que no resuelve el grave problema acumulado tras décadas de operación de la ley 30”, explica el proyecto.

La mencionada Ley 30 de 1992 determina que las transferencias realizadas a las IES se hacen bajo la fórmula del IPC. “Los índices de inflación de la educación superior se encuentran muy por encima de la evolución de la inflación promedio de la economía. Entre 1993 y 2019, la variación promedio de la inflación en el sector de la educación superior ha estado cerca de un 10.7% anual, lo cual es cinco a seis puntos porcentuales superior al IPC”.

Esto sin contar, claro está, el incremento de inscripción de estudiantes a las 32 universidades públicas, que en 1993 eran 159.218 y en 2018 representaron 634.800. Lo que representa un crecimiento de la demanda de 298%, según la justificación del proyecto.

Los problemas de la educación superior en Colombia son enormes, las movilizaciones estudiantiles de 2018, 2019 y las ocurridas este año en el marco de la pandemia son un testimonio de la compleja situación. Este proyecto no resolverá esos problemas estructurales, sin embargo, si se quiere convertir en un aseguramiento para que los jóvenes (los más afectados por el desempleo) continúen sus estudios y para que las IES no se ahoguen financieramente buscando estrategias para evitar la declarada deserción por cuenta de la pandemia y la crisis que suscitó.

Sobre el otro proyecto de matrícula cero

Reconociendo el mismo problema del recién radicado proyecto, la iniciativa presentada por varios miembros de la bancada alternativa determina que los recursos para pagar la matrícula cero para 1.1 millones de estudiantes debe de salir del Presupuesto General de la Nación, según las proyecciones que se hicieron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la hoja de ruta del gobierno Duque para el período 2018-2022.

“La inversión en matrícula cero solo representaría el 3,3% del total de los recursos destinados al sector educativo en el Plan de Desarrollo Nacional. En caso de necesitar recursos extraordinarios para garantizar esta medida, se pueden crear impuestos progresivos, pagados por las personas de ingresos más altos en el país. Con una ampliación de la base gravable del impuesto del patrimonio, y un aumento de tarifa de impuesta de renta al1% más rico de la población, se podrían cubrir los recursos faltantes”, se lee como propuesta del proyecto, sumándole los aportes que puedan hacer los entes territoriales.

El articulado determina que las universidades no podrán hacer cobro por inscripciones, a menos de que sean cursos de extensión de alguna carrera de pregrado o posgrado. En caso de requerir más recursos y que sean asignados, el Fondo Solidario para la Educación será el que los administre.

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