El nuevo “round” por las Zidres

Coalición conformada, entre otros, por Oxfam, Codhes y Cumbre Agraria asegura que el proyecto es una contrarreforma agraria.

El Gobierno dice que el censo dará luces sobre la vocación de la tierra, datos que apoyarán la idea de las Zidres. / Archivo

Con la promesa de fomentar el empleo rural, el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra y, en últimas, el desarrollo en áreas apartadas de las ciudades -especialmente en la altillanura colombiana-, en abril pasado el ministro de Agricultura ad hoc, Juan Fernando Cristo, por impedimentos del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 223, más conocido como “Zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres)”.

La iniciativa, celebrada por la agroindustria, debe ser aprobada esta semana en segundo debate en la plenaria de la Cámara, donde hay un duro pulso entre defensores y detractores. Para el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, se trata del “sexto intento del Gobierno por legalizar el acaparamiento de tierras, favorecer la extranjerización, eliminar requisitos para la adjudicación de baldíos y expropiar a campesinos que no cumplan con los parámetros productivos”.

De hecho, instituciones como Oxfam, Codhes, el Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, han unido fuerzas en contra del proyecto. Por ejemplo, respecto a lo que ha comunicado el Gobierno acerca de que es falso que el proyecto de ley permite que las tierras baldías de la nación puedan ser adjudicadas a favor de las empresas, dice Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, que si bien “no contempla adjudicaciones, sí transferencia de dominio cuando en el artículo 9° se considera la opción de adquirir predios con antecedentes de baldíos”.

Dice el artículo: “En las Zidres, el ejecutor del proyecto (...) podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho del dominio, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo”. Esto último, para el representante Asprilla, por demás, elimina, sin que se haga explícito, la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), pues el límite de hectáreas se rompe al permitir que se complete el área que el proyecto requiera.

Al respecto, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, recordó a El Espectador que un baldío deja de ser baldío cuando es adjudicado. “Los baldíos en Colombia se pueden vender y no tienen ninguna prohibición. Una persona a la que se le adjudica puede ir y venderlo a los 10 minutos, con el castigo de que no se le vuelve a adjudicar baldío”. A la pregunta de si esa práctica va o no en contravía del propósito de la Ley 160 de 1994 -que tierras baldías sean para campesinos sin tierra- respondió que en la altillanura, 72% de los baldíos no están en manos de campesinos. “Allá no hay campesinos, entonces los tendrían que llevar de otras zonas del país para cumplir el requisito de los cinco años, porque para ser adjudicatario lo tiene que haber ocupado, trabajado durante cinco años”.

Vélez agregó que, por el contrario, la ley de Zidres dice que campesinos o personas que se vayan a trabajar a esas zonas serán susceptibles de adjudicación al tercer año. “Incluso, estamos quitando dos años”. Con la salvedad de que el artículo 10° dice: “Este beneficio no será aplicable a los campesinos, mujeres rurales y/o trabajadores agrarios que se hayan vinculado al proyecto asociativo sin desprenderse de la titularidad de la tierra”.

Luis Francisco Dangond Lacouture, presidente ejecutivo de Fedepalma, cree que es necesario que se incluya seguridad jurídica frente a la propiedad de la tierra. “Muchos se levantan hoy en Colombia y no tienen claro de qué son dueños después de tanto esfuerzo”, dijo. “Las Zidres son una manera de avanzar hacia una política de acceso a la tierra donde todos quepan, incluida la agricultura familiar”.

En contraste, Eberto Díaz, representante de la Cumbre Agraria, asegura: “Es una segunda etapa de contrarreforma agraria. La primera fue por la violencia de los paramilitares. Ahora ésta es por vía de la ley”. De paso, anunció una movilización campesina a partir de julio, pues asegura que el Gobierno no les ha cumplido los compromisos adquiridos en 2013 y 2014.

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