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La foto que no se pudo tomar en La Habana, en la que el expresidente Álvaro Uribe conversara con los miembros de la hoy exguerrilla de las Farc, finalmente se produjo esta semana. El juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) fue el motivo para abrir un capítulo hacia la reconciliación, que se encontraba en blanco. La imagen llegó después de un intenso pulso en la Comisión Primera del Senado de la República por cuenta de un proyecto de reforma constitucional propuesto por el Centro Democrático y Cambio Radical. Al final, se aproximaron posiciones y aunque no se firmó un acuerdo en el que confluyeran todas las fuerzas políticas, sí se sentaron las bases para empezar a construir el camino hacia una verdadera paz.
Así se logró un acuerdo político para juzgar a uniformados en la JEP
Todo empezó a finales de septiembre, cuando la bancada del ahora senador Uribe y la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras concurrieron al Congreso para proponer una sustancial reforma a la JEP, en la que se planteaba una nueva sala y nuevas reglas de juego para el procesamiento de los miembros de la Fuerza Pública involucrados en crímenes de guerra. El argumento era la seguridad jurídica de policías y militares, pero su desarrollo desnaturalizaba el Acuerdo de Paz y la institucionalidad del sistema de justicia transicional. La semana pasada se dio un primer round en la Comisión, en donde se hicieron evidentes las estrategias con que se enfrentarían: de un lado, la dilación para hundir el proyecto por términos y, del otro, la búsqueda de mayorías para salvarlo.
Los amigos del Acuerdo de Cuba consiguieron un bloque de ocho votos: Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez (la U), Rodrigo Lara y Temístocles Ortega (Cambio Radical), Angélica Lozano e Iván Name (Alianza Verde), Alexánder López (Polo) y Gustavo Petro (Colombia Humana). En principio hacían mayoría con el apoyo de Armando Benedetti (la U) y los tres senadores liberales (Luis Fernando Velasco, Miguel Ángel Pinto y Fabio Amín), pero la estrategia de persuasión de la bancada de Gobierno supo conjurar la táctica dilatoria que buscaba hundir la iniciativa por tiempos. El Centro Democrático, con sus tres senadores, sufría por la ausencia de José Obdulio Gaviria, quien se recupera de una operación del corazón. Pero contó con el firme apoyo de los tres conservadores (Eduardo Enríquez Maya, Esperanza Andrade y Juan Carlos García), el del MIRA (Eduardo Guevara) y Germán Varón, de Cambio Radical. Eran siete, pero empataron con el cambio de posición de Benedetti.
En el papel los liberales eran los votos definitivos de una comisión con 20 senadores de los 22 que la conforman -además de José Obdulio y el congresista de la FARC, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Losada, quien fue recusado y no pudo hacer parte de la discusión-. Y fue precisamente esta condición la que los condujo a hacer el rol de mediadores para propiciar el inédito encuentro entre los más férreos rivales políticos: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Gustavo Petro, Roy Barreras y Pablo Catatumbo. Durante seis sesiones, los dos bloques se enfrentaron para conseguir el acompañamiento de los miembros del trapo rojo. En una primera etapa, estuvieron del lado de los opositores a la iniciativa e, incluso, hundieron parte del articulado presentado por Paloma Valencia. Pero fue el expresidente Uribe quien los hizo replantearse.
Así fue el cónclave para salvar el proyecto para juzgar a los militares en la JEP
Ante la presión, el senador Velasco dejó claro que, o se buscaba un consenso o los liberales votarían para hundir el proyecto. Por su parte, Uribe lo llamó por celular y lo convenció de que impulsara un receso para discutir una fórmula de acuerdo, cuando el bloque de Roy Barreras tenía los votos para archivar la iniciativa. En ese escenario se produjo la foto del martes en la que aparecen Uribe, Petro, Victoria Sandino y Griselda Lobo, e ilusionó a la opinión pública con un acuerdo. Pero el miércoles se distanciaron las posiciones y la coalición de Gobierno ganó las mayorías. La tensión aumentó al mismo ritmo en que se ansiaba votar el articulado. La derrota de Barreras y compañía parecía inevitable, pero, nuevamente, los liberales propusieron otro escenario de concertación. Invocando que antes habían apoyado el receso salvando al Gobierno, Velasco propuso uno más para buscar una solución consensuada. Fue ahí que se construyó el acuerdo de cuatro puntos.
Aunque la FARC y el Polo Democrático fueron las únicas colectividades que se apartaron de lo pactado, son conscientes del valioso espacio que se consiguió esa tarde de Halloween. Firmado quedó un acuerdo para trabajar conjuntamente en la aprobación del acto legislativo, con el compromiso de que no se incorporarán temas nuevos en el trámite de la iniciativa, a la que le quedan siete debates. También se definió que todas las discusiones sobre el texto se darán en una comisión con todas las fuerzas políticas que conviven en el Capitolio y, finalmente, se dejaron plasmadas dos excepciones: la de continuar discutiendo el número de magistrados (se aprobaron 14) y la de presentar otras iniciativas sobre temas similares.
Con este acuerdo se dio paso a la reformulación total del articulado. Primero, la bancada de Gobierno renunció a la creación de una sala para procesar a los uniformados y tácitamente legitimó el sistema de justicia transicional, que fue creado en desarrollo del proceso de paz con la exguerrilla en La Habana. Por su parte, los defensores de las negociaciones de paz admitieron la ampliación del sistema con nuevos magistrados, los cuales serán elegidos por un comité independiente, conformado por delegados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y por el procurador general. Además, quedó establecido que quienes comparezcan o sean llamados a la sección de no reconocimiento no podrán ser condenados por la sola confesión de quienes se sometan al sistema. Se requerirá una prueba contundente.
Sin embargo, todos los involucrados saben que esto no es un puerto de llegada, sino apenas el punto de partida del camino hacia lo que podría ser un pacto real de reconciliación para todo el país. Una situación que hace retumbar en el Capitolio el mantra del expresidente Juan Manuel Santos: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Y es que las distancias entre posiciones son hondas y el tiempo amenaza el futuro de la iniciativa. Quedan seis semanas de sesiones ordinarias y el proyecto tendría que cursar su primera vuelta antes del 16 de diciembre. De lo contrario, el Centro Democrático tendrá que presentar un nuevo proyecto el próximo año y su aplicación solo se dará hasta 2020.
Las cuentas del proyecto de reforma constitucón que reforma la JEP
Desde la orilla de la FARC, que se negó a firmar el acuerdo político, se juzga como un buen paso el encuentro, pero prevalecen las desconfianzas. Para Pablo Catatumbo, quien fue el segundo al mando en la negociación de la exguerrilla en Cuba, el encuentro con Uribe demuestra que el rechazo del expresidente a ir a La Habana fue una gran pérdida de tiempo. “Uribe se equivocó y el diálogo que tuvimos ese día hemos debido tenerlo hace muchos años atrás, porque era posible. Lo que se abre ahora es una oportunidad para construir un acuerdo de reconciliación y es la demostración de que si hubiera dejado al lado sus pasiones hubiéramos construido más rápido y fácil el Acuerdo de Paz, y hubiéramos iniciado hace muchos días la reconstrucción de este país. Saludamos la nueva actitud del Centro Democrático, pero declaramos vivas nuestras desconfianzas”, expresó el exjefe guerrillero, luego de las intensas sesiones de diálogo que evocaron, por momentos, la renegociación luego del triunfo del No en el plebiscito.
“Me preocupan las declaraciones que dio la senadora Paloma Valencia en el sentido de que insistirá en acabar con la JEP, pero que aceptaron el acuerdo como una concesión a la presión de los parlamentarios. Sus palabras contrarían el acuerdo que nosotros no suscribimos, pero que vimos con esperanza. No lo aprobamos porque existen evidentes contradicciones, o cómo se entiende que se proponga que hagan parte del comité el elector de los magistrados miembros del Consejo Superior de la Judicatura si, al mismo tiempo, el Gobierno lo quiere acabar a través de la reforma a la justicia. Los nuevos magistrados deberían ser elegidos por el mismo mecanismo que seleccionó a los actuales, ¿o es que en verdad creen que la ONU, la Unión Europea o las universidades de Colombia nombraron jueces afines al terrorismo? Esa tesis sugeriría que las Farc eran tan poderosas para controlar estos organismos”, agregó el hoy senador Catatumbo.
Desde el lado del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, autora del proyecto, coincidió en que el ejercicio de concertación tuvo un efecto político positivo y es la demostración de que su partido quiere buscar acuerdos y no imponer sus posiciones. “Se viene un camino difícil. El consenso no va a ser fácil de concretar en el desarrollo de la iniciativa. Algunos sienten que se puso un punto final, pero este es un punto de partida”, expresó la congresista, quien, además, sostuvo que insistirán en algunas de sus pretensiones: “Garantías de equidad, paridad de magistrados y que podamos encontrar un mecanismo de selección que no sea adverso a los miembros de la Fuerza Pública”. Valencia fue enfática en que el acuerdo político no incluye el reconocimiento de la legitimidad de la JEP: “Es un sistema inaceptable para el juzgamiento de los policías y militares, porque fue creado para la impunidad de las Farc”.
El alto consejero presidencial para la política, Jaime Amín, da señales de distancia con la posición de la senadora del uribismo, pues para él el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla debe ser cumplido, lo que no obsta que se le puedan hacer correcciones para darle mayor legitimidad al sistema creado. “Lo cierto es que hay un acuerdo con las Farc que el gobierno Duque respeta. Sobre esa base, si el Congreso, en su legitimidad, le introduce cambios que permitan mejorar su funcionalidad y garantizar derechos a las Fuerzas Militares como consecuencia del sometimiento al tribunal, el Gobierno ve con buenos ojos los acuerdos y avances logrados hasta el momento”, dijo.
Una postura que coincide con la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien considera que el principal problema para sacar adelante este pacto son las naturales desconfianzas de los dos bloques políticos. “No es lógico ni razonable que destruyamos todo, así no nos guste, tratando de devolver las cosas a su origen. Es un escenario que hay que saber jugar. La grandeza es poderse sentar con ese adversario o contradictor porque es la forma de lograr un consenso básico para sacar un país adelante”.
La preocupación de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, quienes participaron en la renegociación del Acuerdo de Paz, es que se esté caminando hacia un pacto entre políticos que dejen en segundo plano los derechos de las víctimas. “Es una situación sine qua non la aprobación de las curules de las víctimas. Cualquier modificación de la JEP es una modificación para las condiciones de los victimarios. ¿Y a las víctimas, que eran el centro del Acuerdo, qué les vamos a dar?”, dijo Barreras.
Cepeda coincide con la preocupación sobre los derechos de las víctimas: “No tenemos reticencia para dialogar con los partidos y, en particular, con el Centro Democrático, que es el sector que más se ha opuesto a esto. Tenemos unas líneas rojas, como no sacrificar los derechos de las víctimas y por eso no votamos la proposición. No vamos a cargar con esa responsabilidad histórica que altera el derecho a la verdad de las víctimas”.
Los senadores pro paz se refieren, concretamente, a una propuesta en la que el expresidente Uribe ha insistido reiteradamente: los subrogados penales. Una fuente que asistió a la reunión explicó que el exmandatario volvió una y otra vez sobre la posibilidad de que los agentes del Estado que no reconozcan responsabilidad deberían quedar en libertad cuando hayan cumplido cinco años de prisión. La propuesta generó el rechazo en algunos sectores, pero Uribe les propuso que eso podría ser extensivo a los miembros de la FARC. Es decir, una ley de punto final disfrazada lo que, sin duda, podría abrir la puerta a una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Salvó la situación una intervención de Carlos Antonio Losada, quien se opuso a recibir cualquier beneficio adicional a los pactados en el Acuerdo de La Habana.
Las advertencias de la CPI por el proyecto para crear una sala especial para uniformados en la JEP
“Las pretensiones del proyecto inicial ponen en riesgo la situación jurídica de los militares y policías. No sé por qué los políticos quieren entregar a quienes pelearon su guerra. Los uniformados se sienten beneficiados, pero los políticos le temen a su verdad. Los están entregando a la CPI. Como dijo Rodrigo Lara, les están regalando un caramelo envenenado. Nosotros no tenemos ningún interés -y se lo dije a Uribe ese día- en que los militares se pudran en la cárcel. No queremos que pasen largas condenas. Queremos que la verdad abra la senda de la reconciliación y que la justicia restaurativa nos otorgue el perdón de las víctimas. Acá no hay venganzas. Hagamos la paz en un ambiente fraternal y, sobre todo, no vamos a deshonrar la palabra empeñada con las víctimas”, concluyó Pablo Catatumbo.