El paro nacional y la fragilidad del Estado de Derecho

Las protestas en el país se iniciaron el pasado 21 de noviembre. / EFE

El paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre ha mostrado la peor cara de las instituciones estatales. A unas peticiones legítimas de la ciudadanía, el Gobierno ha respondido con fuerza y desdén. ¿Cómo comprender lo que está pasando en Colombia?

El orden social es una ficción, al igual que el orden político. La sociedad moderna no conoce otro orden político que no sea el que se produce en el marco del Estado. Creemos que el Estado es legítimo por otra ficción: que todos participamos en su construcción. Pero de tanto vivirlas, de tanto institucionalizarlas e interiorizarlas, esas ficciones se convierten en verdades. Los Estados existen y cuentan con todos los mecanismos necesarios para regular el orden social. Cuando el orden se sale de la normalidad, el Estado tiene la capacidad de usar la fuerza para restablecerlo.

Por otra parte, los ciudadanos creemos que hacemos parte de un orden social consensuado, y que todos podemos reclamar condiciones de igualdad por las vías democráticas. Si, por alguna razón, algunos miembros de la sociedad deciden desconocer la naturaleza incluyente del pacto social, confiamos en que el Estado tiene los mecanismos para impedirlo.

El Estado real

Pero, ¿y si esas ficciones no funcionan en la realidad? ¿Qué pasa si descubrimos que no hay un verdadero orden social, sino un frágil equilibrio de fuerzas que en cualquier momento puede explotar?

En América Latina, los jóvenes han sido los protagonistas de las movilizaciones sociales y eso no es gratuito. En el caso colombiano, los jóvenes no sienten que la Constitución de 1991 sea tan ajena como para cambiarla por otra, pero sí sienten que sus postulados son irrealizables en un Estado disfuncional, gobernado por una clase política que no trabaja por el interés general, no se sienten partícipes de ese pacto social.

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Por otra parte, también es necesario incluir en la ecuación el rechazo a los casos de corrupción conocidos en toda América Latina, que es otro síntoma de la distancia entre gobernantes gobernados de fractura de un pacto social incluyente. La percepción de esa desconexión está en la base del malestar que se siente en nuestros países. Los ciudadanos no piden nada extraordinario: simplemente que los gobernantes no se queden con el dinero que es de todos y que aseguren mejores condiciones para el bienestar social.

Fuerza y opresión estatal

Las movilizaciones sociales en América Latina también han dejado ver el lado más brutal y desmedido del uso de la fuerza estatal. En Colombia, esa violencia se ha manifestado en el uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía y de su cuerpo antidisturbios, el temible Esmad.

El Gobierno Nacional y algunos gobiernos locales, como el de Bogotá, han normalizado la represión de la protesta social. Se ha dado la instrucción de despejar toda manifestación de las vías, como si se presumiera que ninguna movilización es pacífica. Eso ha justificado el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, como sucedió el pasado 23 de noviembre, cuando un innecesario desalojo de la plaza de Bolívar terminó con el homicidio del joven Dilan Cruz.

La muerte de Dilan Cruz fue la consecuencia de un uso indebido de un arma convencional con munición, conocida como bean bag rounds, cuyo uso indiscriminado puede causar graves resultados. Organizaciones como Amnistía Internacional han recomendado a los gobiernos y a los cuerpos policiales limitar el uso de este tipo de armas.

También hemos visto a miembros de la Policía Nacional llevar a cabo procedimientos injustificados y arbitrarios, por ejemplo: revisar teléfonos móviles sin orden judicial; detener a periodistas e incautar sus equipos y su material; intimidar a medios de comunicación días antes del paro nacional, como sucedió con el portal independiente Cartel Urbano; y censurar material en redes, como ocurrió con el Manual antidisturbios publicado por el medio Cero Setenta de la Universidad de los Andes.

Todas estas conductas nos dejaron ver la peor faceta de nuestra Policía. También nos hicieron reflexionar sobre la fragilidad de nuestro Estado de Derecho, cuando está en juego el orden social.

La fragilidad del Estado

Pero ¿y si tampoco hay orden social? Ante el menor cambio en nuestras sociedades, se disparan las expresiones de violencia, como se ha visto en Chile y en Colombia, en menor medida. Imágenes de incendios, saqueos, destrucción de bienes públicos y privados se vuelven comunes.

Pero también emergieron en estas semanas expresiones de violencia social que crearon incertidumbre y miedo, como los anuncios de intentos de saqueo en algunos conjuntos residenciales en Cali y Bogotá, amplificados por las redes sociales y que dejan en el aire la discusión sobre si se trató de una operación concertada, como lo sugirió el alcalde Peñalosa.

En ese contexto, se amplificó el miedo hasta producir una situación de pánico colectivo que desbordó, por algún momento, la capacidad de respuesta de las autoridades y encontró al ciudadano atemorizado e indefenso, en una especie de estado de naturaleza hobbesiano con imágenes impensables hasta hace poco: vecinos armados a la entrada de sus conjuntos, dispuestos a defender sus propiedades en clave de autodefensa. Es decir, la negación misma del Estado moderno.

¿Plomo es lo que hay?

Para replantear las relaciones entre entre el Estado y la sociedad, es necesario fortalecer la prevalencia del Estado de Derecho: el uso legítimo de la fuerza; el control de la violencia asociada con la protesta de manera proporcional y disuasiva; y el diálogo social para hacer ajustes de corto mediano y largo plazo, en clave de políticas públicas, pero también de representatividad e inclusión.

Es necesario maniatar al monstruo del Estado que, aunque puede traer bienestar, en momentos de crisis, solo sabe responder con la fuerza. Como decía un entusiasta manifestante de una marcha anterior, plomo es lo que hay. Especialmente cuando un sector político extremo llega a conducir el Estado.

*Profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista de Razón Pública.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí.