El paso de Santos de la concordia al conflicto

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La crisis de la justicia, lo electoral y las negociaciones con las Farc se convirtieron en los ejes de disputa del Gobierno con la oposición. El espíritu de diálogo parece erosionado.

No ha pasado un mes, pero esos tiempos en los que desde la Casa de Nariño se tendían puentes al procurador Alejandro Ordóñez y a la oposición del Centro Democrático para discutir sobre la paz, parecen ya lejanos. Un torrente de controversias alrededor de la crisis de la Rama Judicial, del supuesto malestar del negociador y general (r) Jorge Enrique Mora con la conducción de la mesa con las Farc y de la propuesta del propio presidente de eliminar la Ley de Garantías, es el abrebocas del retorno al escenario de la confrontación y la polarización en un año de lucha electoral y crucial para el futuro del país.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de paz con las Farc había entrado en una etapa definitiva y que, por lo tanto, era necesario buscar consensos entre los colombianos. Lo hizo a través de la convocatoria de una Comisión Asesora de Paz a la que invitó, entre actores de la sociedad civil, del empresariado y de la política, a representantes del Partido Conservador y del Centro Democrático, sectores críticos de las negociaciones de La Habana desde el comienzo de las mismas. Los conservadores accedieron, pero los uribistas no.

Pasaron pocos días cuando, después de meses de tentativas, el procurador general, Alejandro Ordóñez, llegó a la Casa de Nariño para sostener una reunión privada con el jefe de Estado. Según trascendió, las partes llegaron al acuerdo de establecer un canal institucional de comunicación para que el jefe del Ministerio Público se mantuviera informado de los avances de las negociaciones con la insurgencia y pudiera expresar las preocupaciones que le surgieran.

Incluso, a partir de esa reunión, desde los medios de comunicación y los círculos de poder se especuló con que el Pacto por la Paz, que Ordóñez había propuesto días antes a los sectores políticos para ejercer una especie de veeduría sobre la mesa de Cuba, sería la plataforma para que el uribismo canalizara sus quejas respecto a las negociaciones. La iniciativa, de acuerdo con las mismas versiones, no sería mal vista por la Unidad Nacional, pero el uribismo reaccionó y no se vinculó ni a la Comisión, ni al Pacto. Por el contrario, constituyó una comisión de estudio sobre las conversaciones de La Habana.

En esas idas y venidas se atravesó el escándalo por los supuestos actos de corrupción en los que habría incurrido Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional. La Unidad Nacional en pleno salió a pedir su renuncia, mientras el uribismo amagó con defender abiertamente la investidura y el derecho al debido proceso del togado. En el entretanto, a través de las cadenas radiales, Pretelt aplicó el “si me caigo, todos se caen” y denunció extrajudicialmente a sus pares y al fiscal. El país consintió que había una crisis institucional.

Otro capítulo del agarrón del oficialismo y el uribismo vino cuando Santos, rodeado de sus ministros, relanzó el proyecto de reequilibrio de poderes, que cursa en el Congreso, como el mecanismo para enfrentar la crisis y quitar funciones electorales a las altas cortes, lo que a su juicio es el nido de las prácticas non sanctas de los magistrados. Ya en el trámite en el Congreso, y a raíz de declaraciones a la prensa del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, el uribismo dijo que lo que quería Santos era cooptar a la Justicia nombrando al tribunal de aforados que, eventualmente, tendría que juzgarle, una afirmación que desmintió el Ejecutivo advirtiendo que la fórmula para el nombramiento de los integrantes del tribunal aún no estaba definida.

A las pocas horas, Santos revivió el otro frente de batalla cuando dijo, en el marco del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena: “yo sí le pido al procurador que deje de hacer política y de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía”. El airado pronunciamiento fue la respuesta a un comunicado emitido por el procurador en el que se declaraba preocupado por la inasistencia de los generales (r) Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo a la más reciente ronda de negociaciones con las Farc.

Pero el presidente ya venía con los ánimos caldeados. La renuncia de tres generales de la reserva que brindaban una asesoría ad honorem a Mora prendió el debate por una supuesta controversia en el equipo negociador del Gobierno. Desde la Casa de Nariño aclararon en varias ocasiones que los generales no eran parte de la delegación en La Habana y que, contrario a lo que los oficiales retirados decían, la razón para que Mora no hubiera asistido a La Habana era, simple y llanamente, que él era el personaje idóneo para que explicara en los batallones, junto a Santos, los pormenores de la negociación con la guerrilla y que en el próximo ciclo se reintegraría a la mesa.

Pero Santos no planteó desde Cartagena ese único escenario de batalla y puso al país a pelear por cuenta de una intrépida propuesta: eliminar la Ley de Garantías, que se había creado en 2005 para evitar abusos de poder en el nuevo escenario que suponía la entrada en vigencia de la reelección presidencial. Dijo el primer mandatario que si la reelección se va a eliminar en el reequilibrio de poderes (cuando aún falta la segunda vuelta de ese proyecto de acto legislativo), no tiene sentido mantener esa norma y habló de su derogatoria como una forma de garantizar que los gobiernos locales cumplan sus programas y como una medida para mitigar la desaceleración de la economía.

Aunque los alcaldes y gobernadores salieron al unísono a respaldar la idea, el Centro Democrático y el procurador encontraron el motivo para arremeter de nuevo contra el Ejecutivo. El uribismo dijo que se trataba de una propuesta clientelista que pretendía, subrepticiamente, que los mandatarios locales aprovecharan el presupuesto público para favorecer a los candidatos de la Unidad Nacional en las elecciones regionales. El jefe del Ministerio Público, por su parte, dijo que la derogatoria de la Ley de Garantías dejaría al Estado sin herramientas para evitar “la utilización de los recursos públicos para desequilibrar las garantías electorales”.

El conflicto y la polarización volvieron a embadurnar la coyuntura política. El uribismo, ante el nuevo panorama, reivindicó en las redes sociales el no haber accedido a reunirse con Santos y pidió respeto por el procurador y lo que ellos llaman sus “legítimas” preocupaciones. Paralelamente, el Gobierno se la juega por lograr que sus mayorías se impongan en el Congreso tanto en el reequilibrio como en la derogación de la Ley de Garantías, y por volcar la opinión sobre el proceso de paz en su favor, en un año en el que la Unidad Nacional se juega en las urnas la posibilidad de seguir siendo hegemónica.

 

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