El polémico punto que tiene estancado el proyecto de rendición de cuentas de congresistas

Entre los artículos de esta iniciativa, que promueve apartes de la consulta anticorrupción, está el que obliga a los legisladores a informar sobre cada una de sus reuniones con servidores públicos. Varios de ellos no lo apoyan.

Rendir un informe sobre todas las citas que sostengan con funcionarios públicos sobre gestión legislativa es el punto que tiene en jaque este proyecto. Archivo El Espectador

A un día de que se termine este periodo legislativo, la plenaria de Senado sigue discutiendo el proyecto de ley estatutaria que establece mecanismos para que los congresistas rindan cuentas sobre su gestión. La iniciativa adopta varios puntos de la Consulta Anticorrupción de 2018 y promueve la transparencia en el trabajo de los congresistas, un tema que respaldaron, en dicha consulta, más de once millones de colombianos. Sin embargo, aunque se encuentra en segundo debate en esa corporación, su trámite está estancado y podría hundirse por falta de tiempo.

Con 55 votos a favor y cero en contra, la sala apoyó unánimemente la mayoría del articulado. Sin embargo, no ha logrado ponerse de acuerdo en el punto cinco, que especifica sobre qué actividades los congresistas deben rendir información. Concretamente, algunos senadores están en desacuerdo con dar cuenta de cada reunión que sostengan con servidores públicos “o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos” según se lee en el documento. Ese, el numeral ocho, les exige informar sobre qué relación tienen con los asistentes al encuentro, el lugar y fecha del mismo y la materia tratada.

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Además de ese, también hay congresistas en contra de los numerales siete y nueve, que piden, respectivamente, “una relación detallada sobre los votos emitidos para la elección de los servidores públicos” -exceptuando el voto secreto- y “Una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos”.

Aunque Ernesto Macías, presidente del Senado, le dijo a la sala que “debían salvar el proyecto”, varios congresistas se opusieron rotundamente a aceptar la triada mencionada.

Juan Samy Merheg, del Partido Conservador, fue uno de ellos. En su concepto, aceptar esos puntos es “mandar un mensaje contradictorio a la opinión pública y a la gente que confió en nosotros”. De igual forma, Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, consideró que hacerle ese tipo de seguimientos al trabajo legislativo que ejercen los congresistas “en nada fortalece la democracia ni las instituciones”.

Y, el liberal Miguel Ángel Pinto dijo que esos eran “numerales inocuos”, dado que esas propuestas “ya existen” y dan acceso a que las personas puedan revisar su gestión en las actas del Congreso. “Ya hay una obligación de presentar informes cuando los congresistas nos reunimos con los ministros. Pero, cuando los ministros vienen a plenaria se acercan muchos legisladores a hablar con ellos. Imagínese todo el mundo rindiendo cuentas de eso. Yo he apoyado de todos los proyectos de transparencia, pero tampoco lleguemos a normas sin sentido. Tampoco nos pasemos de la raya y que tengamos a una persona detrás de uno para que dentro de un año yo presente un informe sobre eso”, manifestó y dijo que votaba negativamente todo el proyecto.

Contrario fue la postura del senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde. Dijo que esas intervenciones demostraban la “necesidad” de todo el articulado. “Nosotros no podemos salir de acá diciéndole al país que a nosotros nos incomoda que les sepa qué es lo que hacemos en la vida pública y bajo el cargo de senador de la república. insistimos que se ponga en votación de los numerales siete, ocho y nueve de esta ley. Por el bien del Congreso y de las Instituciones” expresó.

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Wilson Arias, del Polo Democrático, tuvo esa misma postura. A diferencia del senador Pinto y de los otros opositores al proyecto, para Arias estos apartados son fundamentales, dado que, para él, la norma existente es insuficiente. “Acaba de ocurrir en el país el ejemplo más dramático de cómo la falta de esta legislación da paso a la corrupción. Si los funcionarios hubieran tenido esto, hubiéramos conocido lo de Odebrecht. La norma existente es precaria. Nosotros respaldamos. Algunas de estas normas ya están escritas y son insuficientes. Lo que mencionó es cierto. No es lo mismo que un ciudadano pueda revisar el acta viniendo hasta Bogotá (porque no aparece en internet), a que un congresista esté obligado a llevar ese tipo de informes a sus votantes”, dijo.

Ante los argumentos a favor y en contra de los numerales, Santiago Valencia, ponente del proyecto y senador del Centro Democrático, dio una posible salida para votar el artículo cinco: se le eliminan los tres puntos en discusión y se adiciona un nuevo artículo que diga que “Ministros y secretarios de despacho informarán de citas que tengan con congresistas, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que tengan por objeto la gestión de recursos públicos”, expresó.

Pese a la polémica e importancia del debate, la votación de esos dos nuevos artículos aún no se ha dado. Por el partido de Colombia contra Qatar, Macías llamó a receso hasta las siete de la noche de este miércoles. Cabe recordar que este es un proyecto anticorrupción distinto al presentado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el cual ya fue aprobado en esa corporación. A la iniciativa de rendición de cuentas de los congresistas, todavía le falta terminar de ser votada en Senado y seguir a tercer debate en la Cámara de Representantes. Si esto no pasa, se hunde, dado su carácter de ley estatutaria. 

 

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-Redacción Política

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