“El presidente tiene que demostrar su independencia”: Juan Camilo Restrepo

“La reforma agraria integral es, si se quiere, el corazón de los Acuerdos de Paz, pero la implementación avanza muy lentamente”, advierte Restrepo. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Su más reciente actividad pública consistió en liderar el equipo negociador del Estado frente al Eln. No se conocieron las razones de su renuncia. ¿Se pueden saber ahora?

Estuve al frente del equipo gubernamental en las conversaciones de Ecuador, con el Eln, durante año y medio. Me retiré, básicamente, porque no estuve de acuerdo con que se utilizara la denominada “diplomacia paralela”, es decir, el envío de emisarios oficiosos que, a menudo, ordenaba el Palacio de Nariño y que más que ayudar, debilitaba la capacidad negociadora de la delegación oficial. Pero, además, porque después de un esfuerzo muy grande que, como dije, duró cerca de año y medio, me convencí de que el Eln no tenía una voluntad de paz evidente. A veces tenía la sensación de que estábamos negociando con gente que más que enrumbar con seriedad un proceso de paz, estaba interesado en dilatarlo.

Su molestia con la “diplomacia paralela” es similar a la que expresó Humberto de la Calle con respecto a lo que sucedía en La Habana. Ese doble diálogo, ¿era cuestión de estilo del expresidente Santos para avanzar más rápido o una estrategia para administrar, él solo, los hilos de la negociación?

Un jefe de Estado tiene derecho a montar sus canales no oficiales de diplomacia. Pero en el caso concreto de lo que pude percibir, en Quito, resultó inconveniente, pues a veces esos emisarios hubieran querido que se negociara cualquier cosa y a cualquier costo. Y nunca estuve de acuerdo con eso.

Por lo que ocurre con los contraproyectos legislativos, las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la oposición a la existencia misma de la JEP por parte del partido del presidente Duque y otros temas gruesos, se sabe que el Acuerdo de Paz con las Farc se reducirá al mínimo o, en el peor de los casos, será liquidado. Esta actitud oficial, ¿daña la imagen y la palabra empeñada por el Estado colombiano?

A veces uno se pregunta: ¿Existe realmente una voluntad política clara de cumplir los compromisos del Acuerdo? O, más bien, ¿estamos frente a un propósito soslayado de dinamitarlo? Me da la impresión de que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP constituyen un factor distractor que nos aleja del punto principal que, como lo dije, debe ser el de la atención a la implementación de los Acuerdos de Paz. Al mismo tiempo, nos estamos hundiendo en un fangal. Como país, no podemos haberle quedado bien a la paz (con la firma), pero quedarle mal al posconflicto con una ejecución deficiente o negligente de los compromisos adquiridos.

Si estuviera en sus manos, ¿cumpliría lo pactado aunque no compartiera el 100 % de lo acordado?

El acto legislativo que aprobó el Congreso, y que está vigente, dice que los Acuerdos de Paz deben traducirse en políticas públicas que aseguren su continuidad al menos durante tres períodos presidenciales. Esto ya no es asunto de preferencias personales. Es de preguntarnos si, como sociedad, queremos que la paz crezca y florezca o si la asfixiamos cuando apenas se encuentra en el vivero.

Los debates sobre paz, pero también sobre otros asuntos, por ejemplo, en política internacional, han regresado con alto nivel de agresividad. ¿Vivimos una era de involución histórica, también en el nivel externo?

Su pregunta me hace pensar en la coyuntura de Venezuela. Está bien que el Gobierno colombiano lidere una oposición regional al régimen dictatorial de Maduro. Pero, asimismo, hay que prepararse para convivir con los vecinos en caso de que el gobierno no se caiga. ¿Cómo vamos a manejar la situación si después de uno o dos años Maduro sigue instalado en el Palacio de Miraflores? No podemos permanecer en una cruzada vociferante contra el gobierno vecino, en tal hipótesis. Habrá que preparar escenarios pragmáticos que, protegiéndonos de las vicisitudes venezolanas, en cuanto esté a nuestro alcance, nos permita mantener una política realista en las relaciones internacionales.

En varios importantes asuntos de interés público interno asoman síntomas de autoritarismo y autocracia, más por parte del jefe del partido de Gobierno que del propio jefe de Estado. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta hipótesis?

El presidente Duque, como la mujer del César, no solo tiene que actuar sino demostrar diariamente y de manera indubitable su independencia frente al jefe del partido mayoritario de la coalición gubernamental. Permítame hacer una breve referencia a la política agraria: ¡Qué triste que, actualmente, las cabezas de las dos entidades encargadas de desarrollar las políticas agrarias estén, la una, suspendida, y la otra, dedicada a recibir llamadas y a darle explicaciones al expresidente Uribe, en lugar de dedicarse a cumplir los compromisos que atañen a la política agraria!

¿Se refiere, en su orden, a Claudia Ortiz, directora de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, suspendida por la Procuraduría, y a Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras que recibió peticiones “obligatorias” del expresidente Uribe que quedaron grabadas en video?

Sí. Exactamente a ellas me refiero.

Usted fue uno de los diseñadores de las políticas agrarias más modernas, entre otras la contenida en la Ley de Víctimas (año 2011) en lo que se refiere a restitución de tierras y recuperación de baldíos de la nación. ¿Esas políticas han dado resultados?

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es una de las medidas más audaces y exitosas que se hayan adoptado en Colombia. Normalmente, los países implementan este tipo de políticas una vez han concluido sus conflictos internos. Tal es el caso de Sudáfrica. Aquí lo asumimos en pleno fragor del conflicto. De ahí que sean más admirables los resultados obtenidos. En materia de restitución de tierras despojadas, el único antecedente que hubo en el país fue el del año 59, durante la administración Lleras Camargo, cuando se desmovilizaron las guerrillas del Llano. Pero su aplicación fue efímera. Antes de la ley de 2011, la restitución de una tierra despojada por la violencia le tomaba a la víctima entre 10 y 12 años. Hoy puede resolverse entre 1 y 2 años.

¿Ha leído el proyecto con que unos senadores del uribismo pretenden modificar la sustancia de la ley? ¿Qué opina al respecto?

Además de carecer de fundamento jurídico, el proyecto de ley presentado por senadores del partido gubernamental es un torpedo más de los que se están lanzando contra el Acuerdo de Paz. En el evento de que esta desafortunada propuesta legislativa llegara a ser aprobada, los procesos de restitución tomarían entre 10 y 15 años. Ese nefasto proyecto legalizaría, además, los despojos de tierras causados por la guerrilla, los paramilitares y terceros que se aprovecharon de la violencia. Y sería el Estado quien entraría a pagar el valor del despojo, a favor de los ilegales. Es realmente sorprendente que el Gobierno que dice, de dientes para afuera, que aprueba los comportamientos de legalización no haya alzado la voz para marcar su distancia con relación a ese proyecto.

Los promotores de la modificación de la ley de restitución sostienen que es necesaria para defender a unos propietarios que compraron tierra de manera ingenua...

El proyecto de ley que, afortunadamente, ha recaudado muy poca solidaridad en el Congreso, se utiliza como caballo de Troya para destruir la política de restitución en favor de los llamados “segundos ocupantes”. Pero quienes lo redactaron olvidan que diversas sentencias de las altas cortes han modulado, de manera satisfactoria, la atención a los segundos ocupantes sin dejar en indefensión a las víctimas, lo cual ocurriría si se aprueba esa propuesta tal como está planteada. En cuanto a la recuperación de baldíos por la que me preguntaba antes, hay que recordar que estos, por disposición constitucional, solo pueden ser adjudicados por la autoridad de tierras para fines de reforma agraria. Y no pueden ser, nunca, asignados por jueces a particulares, que es lo que se viene dando últimamente. Es urgente que la Agencia Nacional de Tierras realice el inventario de baldíos que hace cuatro años le ordenó levantar la Corte Constitucional.

Parece difícil que eso suceda: la directora de esa agencia es la misma a la que usted se refirió antes y cuya voz se escucha en una grabación reciente, cuando le contesta al expresidente Uribe acatando sus órdenes en directo. Y, repito, el senador es la personificación política de lo que podría denominarse “la contrarreforma”...

Sería muy bueno que la directora de la Unidad de Tierras les prestara más atención a las instrucciones que le ha dado la Corte Constitucional que a las que le transmite, al aire, el expresidente.

La cuestión agraria, el libro que usted escribió en 2014, es un análisis sincero y serio sobre la pobreza y el atraso histórico del campo en Colombia. En términos generales, ¿cómo se proyecta la política del sector en el gobierno Duque, en lo pactado en el Acuerdo de Paz?

La reforma agraria integral es, si se quiere, el corazón de los Acuerdos de Paz, pero, como señalé, la implementación avanza muy lentamente. El último informe del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) confirma que esta política camina a paso de tortuga. Estamos a la espera de la última evaluación del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que aún no ha sido divulgada. Todo parece indicar que también es muy negativa. Hay que resaltar, sin embargo, los esfuerzos recientes que se han hecho para echar a andar el catastro multipropósito, y la financiación externa que se obtuvo para consolidarlo.

Uno de los temas en que más se empeñó usted como ministro de Agricultura, hace seis años, fue el del correcto manejo de los parafiscales que los ganaderos aportan por la comercialización de carne y leche. Entonces, como hoy, esos dineros los ha administrado Fedegán. ¿Por qué se revirtió la decisión oficial de retirarle el manejo de esos $90 mil millones al gremio para devolvérselos?

Como lo ha dicho varias veces la Corte Constitucional, quien maneje los recursos públicos de los parafiscales debe exhibir índices sobresalientes de democratización interna y de transparencia. Por eso resultó, y sigue siendo muy sorprendente, que el Ministerio de Agricultura -contra expresa recomendación de la Contraloría General-, le hubiera asignado la administración de la parafiscalidad de la carne y de la leche a una entidad que, como Fedegán, ha sido altamente cuestionada, razón por la cual se le había retirado esa facultad sin mediar, además, una licitación pública sino asignándola a dedo. Quedó un tufillo de “amiguismo” en la reasignación a Fedegán de este que, finalmente, es el segundo fondo en importancia después del Fondo del Café. Entiendo que la Contraloría mantiene serias reservas sobre la forma como procedió el Gobierno en este caso.

A raíz de las diferencias con la presidencia de Fedegán, varios comités de ganaderos crearon otra asociación: Nueva Federación Ganadera, que se perfilaba como el reemplazo de la anterior. Pero con la nueva situación política, presidente de la República, ministro de Agricultura y hasta gerente del Ica, del entorno personal de quien dirige Fedegán, los disidentes quedaron liquidados. ¿Por qué el monopolio del sector se permite y por qué no se puede derrotar?

Al haber suspendido, arbitrariamente, el proceso de licitación pública que llegó a estar en curso para, en cambio, adjudicar a dedo el manejo del Fondo parafiscal de la carne y de la leche, se cortó la posibilidad de que nuevos participantes, como eran los de la Nueva Federación Ganadera, pudieran haber participado en la evaluación final. Se trató de un procedimiento arbitrario que evitó que soplara un poco de aire fresco en la administración de esos recursos, que sigue caracterizándose por su poca democracia, contraria, repito, a lo que ordena la Corte Constitucional.

¿Cree que hay razones para demandar, judicialmente, la entrega de los recursos parafiscales a Fedegán de esa manera? ¿Valdría la pena enfrentar su poder?

Vale la pena el esfuerzo, y creo que hay muy buenas razones para demandar ante los tribunales la adjudicación del Ministerio de Agricultura, que, reitero, fue entregada a dedo. Seguramente habrá quienes se estén ocupando, ya, de preparar esas demandas. Lo que sí se sabe, hasta el momento, es que la Contraloría General está preocupada por este caso y, seguramente, hará un pronunciamiento al respecto.

“Un liderazgo que aún no encuentra”

El liderazgo nacional desde la Presidencia no aparece, cediéndole el mando, en una especie de jefatura pública única, al jefe real del Congreso y del uribismo, con sus puntos de vista ideológicos que representan a un sector, no al país entero ¿Cómo califica la autoridad del presidente Duque?

Hasta ahora, la figura de Iván Duque es la de un presidente de muy buena voluntad pero en busca de un liderazgo que aún no encuentra: un día aparece liderando la lucha contra el consumo de droga en los parques, pero ese brío decae a las pocas semanas. Otro día lo encontramos enfocado en las políticas anticorrupción, y ese empeño se desdibuja al poco tiempo; en otro momento lo vemos entusiasmado, encabezando la lucha contra el gobierno de Miraflores, pero no se sabe si el régimen de Maduro se cae o se perpetúa; después, encabeza aguerridas denuncias contra el gasto público, y los anunciados recortes no comienzan. En resumen, su liderazgo no es perdurable y se ve disperso porque no se concentra en unos pocos pero grandes propósitos.

“Displicencia presupuestal y metas pobres de desarrollo”

¿Usted cree que la voluntad política que mostró el entonces presidente Santos frente a los acuerdos y la que expresa el presidente Duque, al menos de palabra, son de las mismas fortaleza y magnitud?

Para utilizar el título del reciente libro del expresidente Santos, creo que durante su gobierno se dio y  se ganó la batalla por la paz  con las Farc, entendida esta como la firma de los acuerdos. Pero la otra gran batalla, la de la implementación, empezó a cumplirse muy deficientemente en su gobierno y, ahora, es peor. Un posconflicto se desarrolla en un periodo largo, de 10 o 12 años, mínimo. No obstante, la experiencia internacional demuestra que la dinámica, el momentum de los posconflictos, ocurre en los primeros años. Y, a mi entender, esto es lo que le ha faltado al proceso colombiano. El Presidente ha dicho que no va a hacer ni trizas ni risas el acuerdo. Pero el compromiso de gestión pública para desarrollarlo, no tiene la contundencia requerida: hay displicencia presupuestal, nombramientos de muy bajo perfil en puestos clave y las propias metas del Plan de Desarrollo son tan pobres, que no dan para pensar en un compromiso político rotundo.