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Se refieren, entre otros puntos, a la aplicación de una justicia que satisfaga a las víctimas, al país y a la comunidad internacional. Un asunto en el que las posiciones son distantes y en el que el grupo guerrillero sigue dando puntadas, como la de ayer, cuando en un comunicado recalcó que el proceso de paz es un hecho político y no un proceso jurídico.
Iván Márquez, líder de los negociadores de las Farc, ya había planteado que el proceso debería generar “un nuevo derecho para lograr la paz” y que los colombianos “debemos alcanzarla a nuestra manera, sin injerencias extranjeras”. “Que nos dejen abrir caminos desde nuestra propia realidad, sin intromisiones jurídicas internacionales (...) debemos privilegiar el Derecho de Gentes y la doctrina del Margen Nacional de Interpretación, sobre normativas de los entramados jurídicos”, escribió en Twitter.
Trinos en clara respuesta a una declaración pública hecha por De la Calle, en la que manifestó que, para el Gobierno, Colombia “debe ajustarse a estándares mundiales y nacionales, en particular en lo relacionado con crímenes internacionales. Creemos, sin embargo, que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad. Y hablo expresamente de combatir la impunidad de todos los responsables”.
En otras palabras, según conoció El Espectador, la discusión que se viene en la mesa de diálogos de La Habana sobre víctimas y justicia partirá de la posición del Gobierno de que haya cárcel para los máximos responsables de delitos —así sean penas mínimas o alternativas—, y la de las Farc, que no consideran, al menos por ahora, esa posibilidad. Un asunto que, lo saben todos, tendrá la mirada atenta de la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales, además de las organizaciones de derechos humanos.
De todas maneras, el comunicado de ayer de las Farc da luces también en el sentido de que se pueden lograr consensos, pues dice que “siendo la paz, como derecho síntesis, el más elevado propósito humanitario, aspiramos a que prevalezca el compromiso ético y el deber de no contaminarlo con las pasiones y las manipulaciones que suelen desatarse durante las campañas electorales. Dentro de esta perspectiva, sobre los temas que apenas estamos explorando, no se puede sugerir al país que hay abismos infranqueables, sólo para congraciar con quienes conciben las conversaciones de La Habana como un proceso de sometimiento”.
Además, la guerrilla concuerda con la postura del presidente Santos de que es indispensable que la ciudadanía niegue o apruebe lo que se pacte. “A nadie se le puede ocurrir que en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país, se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción, y en su implementación. En este contexto la refrendación del Acuerdo Final es un paso fundamental si queremos lograr una paz estable y duradera”, dijeron en su comunicado, en el que también dan a entender que el mejor camino es el de una constituyente.
“La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción. Un acuerdo logrado por encima de cualquier interés particular o de grupo, si no apela al constituyente primario para efecto de su validez, nada podrá garantizar. No queremos una paz convenida exclusivamente con poderes constituidos que no pueden propiciar la seguridad jurídica necesaria para que la reconciliación nacional sea estable y duradera. Sólo el poder constituyente, partero de los poderes constituidos, garantiza el buen rumbo de la paz buscada”, dicen.
Sin embargo, para el Gobierno, en voz del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya los negociadores han expresado públicamente la inconveniencia de la constituyente y hay que mirar otros mecanismos de refrendación que están en la Constitución, aunque “es mejor que esperemos el momento de la firma”. De todas maneras, recalcó que, desde el primer día de las negociaciones, el presidente asumió el compromiso en el sentido de que los acuerdos deben ser votados por el pueblo: “Ese es un compromiso que se va a cumplir, así que la posición de las Farc es la misma que ha tenido el Gobierno en los últimos dos años”, enfatizó.