El proceso de paz un año después

El 18 de octubre de 2012, Gobierno y Farc instalaron oficialmente la mesa de diálogos. Hoy el proceso de paz parece estar en un cuello de botella ¿Qué ha pasado desde entonces?

Ver galería

Hace un año, el 18 de octubre de 2012, en Oslo (Noruega), ante la mirada de todo el país y el mundo entero, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc instalaron oficialmente la mesa de negociaciones en busca de un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Ese día, con la presencia de delegados de los países garantes del proceso, Noruega y Cuba, y los acompañantes, Venezuela y Chile, Gobierno y guerrilla dieron el primer paso en su intención de sentarse a dialogar, pero al mismo tiempo quedó claro que no sería un proceso fácil, que las diferencias y los desacuerdos son profundos y que se necesitarían muchas horas de trabajo y mucha paciencia para ganar confianza y poder llevar el barco de la paz a buen puerto.

De entrada, en declaraciones por separado, las partes comenzaron a poner sus cartas sobre la mesa. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, recalcó que la idea no era hacer la negociación en los micrófonos, que no estarían atados al proceso indefinidamente, que las discusiones girarían sólo en torno a la agenda pactada —la cual tiene relación directa con el fin de conflicto—, que todo estaría concebido como algo serio, digno, realista y eficaz, y que el Gobierno ofrecía y deseaba un trato digno y respetuoso.

A su vez, en un discurso dogmático e ideológico, ‘Iván Márquez’, líder del equipo negociador de las Farc, planteó reformas estructurales al Estado —incluyendo las Fuerzas Militares— y cuestionó con nombre propio a empresas, empresarios y hasta los tratados de libre comercio que viene suscribiendo el país. Posiciones encontradas y diferencias que tuvieron eco inmediato en el país, que recibió con “optimismo moderado” este nuevo intento de paz.

Por ejemplo, el senador Roy Barreras, en ese momento presidente del Congreso, dijo que no era sorpresivo que la guerrilla tuviera visiones opuestas del modelo económico y político del país, y que de lo que se trataba era que esos modelos, equivocados o acertados, se convirtieran en banderas para hacer política sin armas y con garantías. Y para el representante Simón Gaviria, jefe del liberalismo, lo que había que destacar era la voluntad del Gobierno y las Farc de ponerle fin al conflicto, sin importar que tengan posiciones opuestas.

Otras opiniones apuntaron entonces al pesimismo. Antonio Navarro Wolff, exguerrillero, vio similitud entre el discurso de ‘Iván Márquez’ con el que manejaron las Farc en el Caguán: “Eso significa que están en condiciones de igualdad con el Gobierno y que prácticamente todos los temas de la agenda nacional deben ser concertados con ellos (...) preocupa que volvamos a un punto que pensamos que ya se había entendido, en el sentido de que no es factible encontrar un proceso de paz de esa manera”, advirtió.

Y el expresidente Álvaro Uribe criticó que no se le hubiese exigido a las Farc el cese de actividades criminales, que se les estuviese abriendo la puerta a su elegibilidad política, que no hubiese equilibrio entre la paz y la justicia, cayéndose en la impunidad, y que el Gobierno hubiese aceptado definir con esa guerrilla temas de la agenda nacional como el desarrollo rural, la superación del narcotráfico y las garantías a la oposición.

Un año después y tras 15 rondas de conversaciones en la sede de los diálogos, La Habana (Cuba), la realidad muestra que la mesa sólo ha avanzado en el primero de los cinco puntos de la agenda, el de la política agraria integral, aunque aún con puntos claves por resolver. Y que el proceso se encuentra trabado en el tema de la participación en política de la guerrilla tras una eventual desmovilización.

Incluso, al final del último ciclo se escucharon reproches de parte de Humberto de la Calle por el supuesto “lento ritmo” de los diálogos por culpa de las Farc: “Los colombianos quieren avances, esperan compromisos, exigen acuerdos. No conciben conversaciones interminables", dijo. ‘Iván Márquez’ respondió que no era sensato pretender “mostrar a la insurgencia como la parte del diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso”. Una clara muestra de las dificultades que se padecen.

Pero paralelo a las negociaciones, en el país político están sucediendo cosas que indirectamente las afectan. El presidente Santos ha vivido a lo largo del último año duros momentos por cuenta de varias movilizaciones y paros en diferentes sectores y regiones, como el del Catatumbo o el de los campesinos, y su favorabilidad ante la opinión pública está en niveles muy bajos. La oposición del expresidente Álvaro Uribe, ahora candidato al Senado, arrecia, y crece la expectativa por la decisión que a más tardar deberá tomar el 25 de noviembre sobre si va o no por la reelección.

En cuanto al respaldo al proceso de paz, las encuestas muestran un país dividido. La mitad cree que hay que seguirle apostando y la otra mitad que hay que acabarlo, pues las Farc han dado muestras de que no tienen real voluntad de terminar con el conflicto, ya que siguen cometiendo secuestros y atentados terroristas. Además, en nada han ayudado las continuas declaraciones públicas de la guerrilla refiriéndose a temas que no están en la agenda acordada: constituyente, reforma a las Fuerzas Militares, reformas integrales al Estado, etc.

Y están el espinoso asunto de resolver los líos judiciales de los jefes de la insurgencia, incluyendo los negociadores en Cuba, con la mirada encima de los tribunales internacionales y más de una organización de derechos humanos, que reclaman verdad, justicia, reparación a las víctimas y no impunidad. Un punto en el que, al menos por ahora, Gobierno y Farc parecen ir en contravía.

Mientras el presidente Santos defiende iniciativas como el Marco Legal para la Paz, que se supone será la base para el trámite de leyes estatutarias de justicia transicional a la hora de un acuerdo de paz, o la del referendo, que permitiría que el pueblo pudiera ir a las urnas a refrendar lo pactado el mismo día de las elecciones a Congreso o Presidencia, la guerrilla las rechaza y dice que no acepta presiones de ese tipo.
Lo cierto es que un año después de la instalación en Oslo, son más las incertidumbres que las certezas e incluso el debate actual gira sobre si lo más conveniente es suspender las conversaciones mientras se surte el proceso electoral de 2014, y hay otros que hasta piden cancelarlas definitivamente. Y la posibilidad de reelección aparece como un fantasma, pues hay quienes aseguran que Santos está vendiendo la idea de que se necesita darle continuidad a su mandato para lograr conquistar la paz.

También es cierto que, como lo ha dicho en varios discursos el presidente Santos, se ha avanzado como nunca antes en una negociación con la guerrilla. Y le asisten razones a quienes aseguran que apostarle al fracaso de la paz y aumentar el escepticismo nacional es echar a perder la oportunidad histórica de que Colombia pueda al fin cerrar este conflicto inútil.

Y hay otra realidad ineludible: no es fácil salir de una guerra de 50 años y ningún proceso de paz en el mundo ha sido tan breve. Y hay avances importantes. Sea como sea, las Farc han cambiado su postura frente a las víctimas y en sus últimos comunicados han reconocido su responsabilidad y han dicho que están dispuestos a repararlas. Y en la mesa de diálogos, se han mostrado dispuestas a discutirlo todo, incluyendo su desmovilización y entrega de armas.

¿Qué va a pasar? El Gobierno habla de la fecha del 18 de noviembre como límite para tener resultados concretos o un acuerdo parcial, sobre todo en el tema de la participación política. El presidente Santos apostó todo su capital político a la paz. Le ha salido costoso, sin duda, pero se le ve dispuesto a jugársela a fondo. El próximo miércoles arrancará un nuevo ciclo y seguirá el tire y afloje que ya lleva un año y que, hasta ahora, sigue siendo sólo una esperanza.