Se eliminarían leyes identificadas entre 1864 y 2014

El proyecto de ley que busca eliminar casi 12.000 normas del ordenamiento jurídico

Prohibición de "importación de chinos", censura a la prensa o el impuesto a encendedores automáticos son algunas de las leyes que figuran en la iniciativa que pretende depurar el ordenamiento jurídico colombiano. Se busca expulsar más de 11.000 leyes y decretos ley que se quedaron en el pasado o fueron actualizadas.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, muchas normas del pasado quedaron inservibles. / Archivo

En el Congreso de la República avanza, sin mucho ruido, un proyecto de ley que tiene como objetivo principal dar seguridad jurídica y poner al establecimiento colombiano a tono con las legislaciones modernas del mundo. Se trata de la depuración normativa, cuyo proceso de estructuración se inició en 2005 en el Ministerio de Justicia y que busca expulsar del ordenamiento jurídico un total de 11.317 normas que, en resumidas cuentas, ya no sirven.

En principio se identificaron 15.772 de rango legal, que fueron expedidas entre 1864 y 2014. De allí se filtraron 12.706 que eran consideradas como depurables y finalmente se incluyó en la iniciativa legislativa el 89 % de la totalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley que fueron identificadas inicialmente. “Este proyecto busca fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica, que consiste en aplicar, a su vez, al sistema jurídico los principios de certeza, jerarquía y publicidad, con vocación de permanencia y confianza en resistir el examen de razonabilidad constitucional para garantizar la justicia, el orden y la libertad”, se lee en la exposición de motivos.

Le puede interesar: 11.845 normas obsoletas serían eliminadas vía Congreso

El tema es denso y bastante técnico, pero, en pocas palabras, se trata de expulsar aquellas normas que ya cumplieron sus objetivos o que, simplemente, quedaron muy antiguas para lo que es hoy el país. Por eso, para su depuración, las normas deben cumplir con los requisitos de obsolescencia, derogatoria orgánica, cumplimiento del objetivo de la norma, vigencia temporal, no adopción como legislación permanente o contravención al régimen constitucional.

“La norma prevé una entidad, sin gasto de más recursos, para que el Ministerio de Justicia cuente, de ahora en adelante, con profesionales dedicados a la depuración normativa. Con la experiencia que adquirieron los funcionarios que contribuyeron al proyecto de ley, el trabajo será más fácil (…) En Colombia hay una ley nueva cada cinco días”, expuso el senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, quien fue ponente de la iniciativa en Senado. El resultado será la eliminación de leyes y decretos que hoy se ven tanto innecesarios como extraños.

Ley sobre vagos, maleantes y rateros

La Ley 48 de 1936 sería objeto de depuración, de acuerdo con el proyecto, porque no está vigente por derogatoria orgánica, es decir, porque se expidió una norma posterior (el decreto 1345 de 1970), y, además, está vigente con otra redacción en el Código Penal. En aquellos años, a través de esta Ley, se presumía como vago a quien, habitualmente y sin causa justificativa, no ejercía una ocupación u oficio lícito o tolerado. Entre los literales del artículo 1°, por ejemplo, señalaba como vago a quien “induzca o mande a sus hijos, parientes o subordinados que sean menores de edad a mendigar públicamente (...)”.    

Prohibición de “importación” de chinos

La Ley 62 de 1887,  expedida para hacer varias prohibiciones, impidió el ingreso de obreros chinos “para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías”. No obstante, después se tramitaron normas para la promoción de la llegada de trabajadores de otros países a Colombia. 

Destrucción de la langosta

La noticia del 6 de abril de 1915 fue que en el departamento de Santander había una invasión de langostas, el milenario insecto que ha acabado con innumerables cultivos en el mundo y que es considerado como una plaga. Estaba la amenaza inminente, además, de su expansión a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Entonces, se expidió la Ley 60, que dio facultades a las autoridades para “proceder a la destrucción de esta, como en los casos de calamidad pública”:  “Todos los colombianos mayores de diez y ocho años, todos los propietarios de bienes muebles o inmuebles nacionales o extranjeros, y todas las corporaciones y autoridades de la República, especialmente los gobernadores, prefectos, alcaldes y concejos municipales, quedan obligados a contribuir a la obra de la destrucción de aquel insecto”, dice el artículo 1° de esa ley. 

Promoción de la  inmigración de trabajadores extranjeros

Muy diferente a lo que puede suceder hoy en varios sectores de la sociedad colombiana con la inmigración de ciudadanos venezolanos, expulsados por la crisis que vive el país vecino, la Ley 117 de 1892 obligó al Poder Ejecutivo a mover los medios que estimara convenientes para “la introducción al país de trabajadores adecuados para el cultivo del café, caña de azúcar y demás industrias agrícolas y mineras”. En ese momento, la norma autorizó al Ejecutivo para gastar hasta 150.000 pesos de la época para cumplir con esa ley. Veinte años antes, en 1872, se había expedido la Ley 18720501, que también promovía la inmigración de trabajadores extranjeros. Y 30 años después, en 1922, se expidió la Ley 114, que, con el objeto de propender al desarrollo económico e intelectual del país, fomentó “la inmigración de individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de precauciones respecto del orden social o del fin que acaba de indicarse, y que vengan con el objeto de laborar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, introducir y enseñar las ciencias y las artes, y, en general, que sean elemento de civilización y progreso”. 

Solo el Estado es la Policía 

El 4 de abril de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se expidió el decreto ley 918, que, visto en perspectiva, se podría leer como un intento para frenar la conformación de grupos que hoy podrían ser considerados  como paramilitares. La norma dejaba claro que las funciones de la Policía solo serían ejercidas por el Estado y que, en consecuencia, “ninguna organización privada podrá asumir funciones propias del policía, tales como vigilancia, investigación de los delitos, persecución de los delincuentes, pesquisas, rondas, etc.”. Este decreto dejó sin personería jurídica a las sociedades u organizaciones privadas que realizaban, por aquella época, alguna de esas actividades. Por supuesto, sin excluir la colaboración de ciudadanos a jueces de la República en la investigación de delitos y aprehensión de delincuentes.

Censura a la prensa

En 1945, cuando terminaba el período presidencial de Alfonso López Pumarejo, el Gobierno expidió el decreto 1411, que, al amparo del “Estado de perturbación del orden público en la capital”, estableció “la censura de prensa hablada o escrita en la capital de la República”. Esta norma facultó a la Policía para hacerla efectiva, aunque la directriz llegaría a través de la oficina de información y control de noticias del Gobierno Nacional. Sobre el asunto también se expidió el decreto 3229 de 1946, que censuró a la prensa en el Valle del Cauca, y se creó, en 1955, la Junta Nacional de Censura, que controlaba las películas de cine que entraran al país. Dos meses después, ese mismo año, se creó el Consejo Nacional de Televisión, que también fue considerado como un órgano para limitar a la prensa. 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

También le puede interesar: "Invadir a Venezuela: ¿Debe Colombia apoyar una intervención militar?"

 

815594

2018-10-02T06:30:00-05:00

article

2018-10-02T11:04:04-05:00

germangp8_76

none

-Redacción Política

Política

El proyecto de ley que busca eliminar casi 12.000 normas del ordenamiento jurídico

83

8406

8489