:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/ZVFxF0j0z_b_26rAvBOlXu4v0e4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/PRSBCPOIQ5CIXEXGEPAMCBUQBY.jpg)
En tiempo electorales, además de estar pendiente de las campañas, los colombianos tienen un ojo encima de los listados de la Registraduría para los jurados de votación. Ser llamado a cumplir esta labor, para muchos, se convierte en una especie de maldición que lleva a estar al pie de las urnas todo el domingo de votación. Los designados tienen cumplir de forma obligatoria con la convocatoria, pues, de no hacerlo, tendrán que pagar una cuantiosa multa.
Actualmente en el país, las personas que no cumplan con el llamado a ser jurado de votación, sin una justa causa, tendrán que pagar una multa de hasta 10 salarios mínimo y pueden perder el trabajo, si son empleados del Estado. Desde 2010 a hoy se han proferido más de 112.651 sanciones de este tipo, pero cerca de 28.000 colombianos no han subsanado esta deuda. Por eso, el senador Mauricio Gómez Amín radicó en los últimos días un proyecto de ley que propone amnistiar a los deudores que busquen ponerse al día con estas multas.
Esta iniciativa tiene un único fin: “establecer una amnistía a los ciudadanos deudores de sanciones impuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la inasistencia a ejercer como jurados de votación en el marco de los procesos electorales adelantados por la entidad”. De acuerdo al autor, la falta de pago de este tipo de sanciones hace necesario un mecanismo para que se incentive ponerse al día con estas deudas.
Con este objetivo en mente, el articulado del proyecto propone que desde que se promulgue la ley se tendrá un plazo de 6 meses para pagar la deuda y así recibir un descuento de hasta el 75%. Luego de ese periodo, se otorgará un semestre más para ponerse al día, pero en esa ocasión el beneficio apenas será del 50% de la deuda total. Los que se acojan a esta amnistía, según el texto, podrán hacerlo de contado o en mensualidades en un plazo de hasta un año desde que se hizo el acuerdo de pago.
Sin embargo, el proyecto tiene un parágrafo que advierte que, en caso de incumplir con el pago de alguna de las cuotas acordadas se perderá el beneficio de la amnistía y la persona tendrá que pagar la totalidad de la deuda original y pasará a ser reseñada en las centrales de riesgo.
Para el autor de la propuesta, es necesario este tipo de medidas ya que hay un aumento en la cartera de este tipo de multas debido “en gran medida a la falencia en el poder sancionatorio del Estado Colombiano”. Supuestamente, según el senador Gómez Amín, la poca intención de ponerse al día con estos pagos lleva a al Estado a perder recursos millonarios que podrían beneficiar “a la financiación misma de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a su vez, facilitar la distribución presupuestal del Estado”.
De aprobarse en cuatro debates el proyecto de ley, el Estado tendría una oportunidad para recuperar parte de los más de 26.000 millones adeudados. Sin embargo, destaca el senador, actualmente parte de esa cartera vencida, la del periodo 2010-2014, fue vendida a la Central de Inversiones SA (CISA). Por lo que lo recaudado con esta amnistía iría a parar tanto a la Registraduría como a esta entidad de cobro del Estado.