Se busca prohibir tanto a grupos paramilitares como guerrilleros: Gobierno

Así lo aseguró el ministro de Interior, Guillermo Rivera, quien defendió el proyecto. También afirmó que las críticas son el resultado de “una lectura equivocada” de la propuesta.

Mauricio Alvarado

El debate alrededor del artículo que busca que la Constitución prohíba explícitamente la conformación de grupos paramilitares en el país continúa. A pesar de que las críticas que han llegado de lado y lado, el Gobierno ha defendido la propuesta como una forma de “garantizar el derecho a la no repetición” de las víctimas del conflicto armado en el país. Uno de los últimos en hacerlo fue el ministro de Interior, Guillermo Rivera, quien aseguró que el proyecto incluye no solo a paramilitares, sino también a guerrillas.

Durante una entrevista con Blu Radio, Rivera aseguró que el proyecto, que consta de un único artículo, encuentra su “origen en el acuerdo de paz. Es la mejor garantía de no repetición es que en el futuro no existan esas organizaciones civiles armadas con fines ilegales. También se están prohibiendo las organizaciones guerrilleras”.

En ese sentido, dijo que el proyecto no se refiere solo a los paramilitares, sino que prohíbe, de manera explícita, las “organizaciones civiles armadas con fines ilegales”, es decir, incluye a grupos guerrilleros, sobre los que dijo que, después del acuerdo de paz, es difícil que se vuelvan a conformar. (Lea aquí: Cruce de trinos entre De la Calle y Uribe por las Convivir).

El ministro de Interior también reiteró que la importancia de este proyecto se debe a que prohíbe la existencia de estos grupos “al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico”. En esa misma línea, aseveró que la practicidad de ese proyecto es que “tendría un impacto muy importante en el imaginario colectivo”.

Sobre las críticas de los gremios de los empresarios, quienes aseguraron que ese artículo daría paso a millonarias demandas en contra del Estado por su falta de acción para enfrentar a estos grupos, Rivera afirmó que “existe una lectura equivocada del proyecto y cierta suspicacia, porque claramente nuestras normas penales sancionan el concierto para delinquir. Pensar que con esta prohibición se vayan a derivar demandas contra el Estado, es una lectura absolutamente equivocada”.