“Fast track” para los procesos judiciales en el que las víctimas son menores

Al Congreso llegó una discusión que comenzará su trámite próximamente y con el que se busca darle prioridad y celeridad a los casos judiciales en los que las víctimas hayan sido menores de edad. La iniciativa la presentó la senadora de la U, Maritza Martínez, y, en resumidas cuentas, pretende reducir a seis meses (a partir de la noticia criminal) el período que tiene el operador judicial competente para archivar o imputar cargos al responsable del delito.

Los derechos de los niños, según el artículo 44 de la Constitución, son de especial atención por parte del Estado, por eso la senadora Martínez llega con una propuesta que ayudará a combatir la impunidad y garantizar los derechos de los menores de edad.

“Con este proyecto se implementa una especie de fast track judicial basado en la necesidad apremiante de darle prioridad y celeridad a los procesos que se adelanten por delitos cometidos contra menores de edad”, dijo la parlamentaria.

Para ella, la iniciativa cobra relevancia por las preocupantes cifras de delitos contra menores de edad. Por ejemplo, recalca que Medicina Legal, entre 2008 y mayo de 2020, reportó 19.921 casos de abuso sexual contra niños, es decir, 55 violaciones por día.

Así mismo, 33.045 menores fueron víctimas de lesiones, violencia intrafamiliar y homicidio. Y tampoco descarta los perjuicios que viven los niños por la inasistencia alimentaria, uno de los procesos demandados más comunes en el sistema judicial.

Adicional a las cifras alarmantes, también están las de efectividad del aparato judicial, que, según el Consejo Superior de la Judicatura, en 2017 llegó apenas a un 18%, comparado con el 48% que denota el retraso en los procesos judiciales. Sumándole a ello el 99% del índice de impunidad que reconoció la Fiscalía en 2016. De 3.5 millones de delitos denunciados, el ente acusador solo alcanzó a investigar 350.000.

A los casos en los que los menores son víctimas se les dará prioridad, a excepción de cuando hayan acciones de tutelas, habeas corpus y denuncias por violaciones graves a los derechos humanos o derecho internacional humanitario.

En la actualidad, la justicia tiene hasta dos años para proceder sobre un cargo, y tres cuando se presentan concurso de delitos o cuando hay más de un responsable. Con el proyecto, manifiesta la senadora, “se contribuirá a mejorar los índices de gestión judicial, invocando, así mismo, una mayor inversión y un mayor apoyo a la institucionalidad”.