El proyecto que busca “elevar” el debate político exigiendo títulos a congresistas

Sede del Congreso Nacional, máximo órgano legislativo de la República de Colombia. /Gustavo Torrijos

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En Colombia, para ser senador, representante a la Cámara o presidente de la República no se necesitan muchos requisitos. Solo con ser ciudadano y tener cierta edad se puede aspirar a los máximos cargos del Legislativo y Ejecutivo. No obstante, el senador Nicolás Pérez, del Centro Democrático, considera que debe haber una condición más: tener un título profesional. Para este fin radicó este 25 de agosto un proyecto de acto legislativo que busca “establecer como requisito adicional a los vigentes para acceder a los altos cargos del Estado, que aún no lo exigen, el poseer título universitario de pregrado”. Es decir, que congresistas y el primer mandatario por lo menos tengan un diploma como profesional.

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La propuesta se enfoca en agregar ese requisito a los artículos 172, 177 y 191 de la Constitución, que establecen las condiciones para ser senador, representante y presidente, respectivamente. Las únicas excepciones, a los que no se les exigiría título universitario, serían las circunscripciones indígenas en Cámara y Senado, así como a las circunscripciones especiales de la Cámara (afros, raizales y colombianos en el exterior). En ninguna parte de la iniciativa se encuentra una excepción que cobije a los miembros del partido FARC o a las curules otorgadas a los derrotados en las presidenciales, por lo que las críticas a la propuesta ya han comenzado.

La iniciativa, que va firmada por 17 miembros del Centro Democrático, tiene entre sus justificaciones que es “bastante común que en el Legislativo” haya casos en los que los congresistas no tengan título universitario, por lo que no tienen “conocimiento técnico sobre los aspectos que se analizan en el marco de las discusiones parlamentarias”. Esto, agrega la propuesta, hace que no se tenga “la profundidad” en las discusiones que permita hacer contrapeso al “modelo hiperpresidencialista vigente en Colombia”. Para su autor, “lo que se busca es elevar la calidad del debate político. En el Congreso no solamente se realizan discusiones electorales, sino también técnicas”.

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Expertos consultados por este diario tienen una visión contraria. Mauricio Jaramillo, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Rosario, calificó de “demagógico” el proyecto y añadió que “la democracia no se incentiva con más normas”. El docente también aseguró que se trata de “una ilusión engañosa” de que se va a mejorar el debate, cuando no hay garantías de que ocurra, como lo demuestran varios casos de corrupción en los que sus autores son profesionales. Asimismo, consideró “elitista” la iniciativa, pues excluye a los que han tenido una formación empírica: “Muchos líderes sociales no tienen estudios universitarios, ¿qué va a pasar con sus deseos de acceder a las corporaciones?”.

¿Quiénes serían los afectados?

De ser aprobado el acto legislativo, su aplicación comenzaría para las elecciones de 2022. Aún con su futuro incierto, queda en el aire si esta propuesta no terminaría siendo un nuevo obstáculo para la participación política. Y es que en el país, según cifras de la OCDE, apenas el 22 % de los colombianos tienen estudios universitarios, por lo que solo esa porción de la población podría ser elegible. Además, una parte importante de los actuales congresistas no podrían postularse en las próximas elecciones, pues, por distintas razones, no cuentan con un diploma que los acredite como profesionales.

El Espectador indagó en la hoja de vida de los parlamentarios y pudo determinar que actualmente son más de 25 los que no podrían aspirar nuevamente a sus curules de aprobarse la iniciativa y de no obtener un título profesional de aquí a 2022. En el caso de la Cámara, serían al menos 15 los afectados, mientras que en Senado la cifra iría por el aproximado de 11 miembros que no tienen título profesional. Entre los partidos afectados estarían Cambio Radical, Alianza Verde, Polo, FARC, Conservador, MAIS, Liberal y hasta el Centro Democrático, colectividad que impulsa la propuesta.

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El proyecto perjudicaría, por ejemplo, a Gabriel Santos, hijo del exvicepresidente Francisco Santos, quien no ha acabado sus estudios en derecho. Al preguntársele sobre este tema, el congresista prefirió no manifestarse. En la colada de afectados también entrarían Eloy Chichí Quintero (Cambio Radical), que estudió siete semestres de zootecnia antes de dedicarse de lleno a la política; el expresidente de la Comisión de Acusación John Jairo Cárdenas (de la U), que se define como autodidacta, o Wilson Arias, del Polo, que figura con estudios del Sena.

Hay situaciones como la del representante liberal Juan Carlos Losada, que es instructor de yoga, cuyos títulos no son homologables en el país y otros que tienen estudios técnicos. En ambos casos, sus aspiraciones a 2022 se verían truncadas. Otra situación que hasta el momento desconoce el proyecto es la de líderes sociales e indígenas que llegaron al Congreso a ocupar una curul ordinaria y que no tienen estudios profesionales. En esta categoría está el representante Nevardo Eneiro Rincón, de los liberales, y el senador Feliciano Valencia, del MAIS y de la etnia nasa, que lo más parecido a un título universitario es ser Maestro de la Sabiduría, otorgado por la Unesco en 2009.

En una línea diferente están varios congresistas que han asegurado que finalizarán sus estudios profesionales pronto. Se trata de los representantes Fabián Díaz Plata, Mónica María Raigoza, Karina Rojano, Jorge Enrique Burgos y el senador Gustavo Bolívar. Este último, que en 2021 recibirá su grado como comunicador social de la Universidad de La Sabana, dijo estar de acuerdo con este tipo de iniciativas, en las que se exija que sean profesionales o que “por lo menos certifiquen la idoneidad en algún área del conocimiento producto de la experiencia adquirida”. Lo mismo piensa Burgos, para quien la propuesta garantizaría un Congreso “más selecto” y “técnico”.

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Tal como está el proyecto radicado hoy, el partido FARC sería la colectividad más afectada. Siete de sus nueve miembros en el Congreso no tienen títulos profesionales. Solo tienen grado universitario la senadora Victoria Sandino (comunicadora social) y el representante Luis Alberto Albán o Marcos Calarcá (licenciado en ciencias sociales). En la bancada están los casos de Ómar de Jesús Restrepo, Carlos Carreño Marín (Sergio Marín) y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), quieness desde que abandonaron las armas se encuentran estudiando. También está el caso de Israel Alberto Zúñiga (Benkos Biohó), que estudió sociología, pero nunca recibió su grado.

Para la colectividad, este proyecto no tendrá mucha acogida, según lo dejan ver las declaraciones de algunos de sus miembros. “Es una absoluta irresponsabilidad que un Congreso, que históricamente ha legislado contra la educación, diga, de manera cínica, que solo quienes tengan un título pueden estar en él. Es lo mismo que en la Colonia y el siglo XIX, solo son ciudadanos quienes tengan un patrimonio”, enfatizó Carreño Marín. Y el senador Zúñiga recalcó: “No solo es una afectación a los miembros del partido, sino una forma más de profundizar la segregación clasista que ha caracterizado al país. Estaríamos de acuerdo si lo antecede la gratuidad de la educación superior”.

Pérez, autor de la iniciativa, señaló que la situación del partido FARC no es clara, dado que hay una discusión jurídica de si estos requisitos pueden ser exigidos a sus miembros, “dado que ellos no llegan al Congreso por votación, sino en virtud del proceso de paz”. Sin embargo, aclaró que no hay intención en hacerle trampa, así no esté de acuerdo con que hagan política sin haber reparado a las víctimas: “Esta iniciativa no se presentó con segundas intenciones. Solo buscamos elevar la calidad del debate político en el Congreso”.