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En 2006, el Código de Infancia y Adolescencia dejó expresamente prohibido el maltrato físico contra los niños, niñas y adolescentes. En concreto, estipuló que los menores no debían ser expuestos a ninguna forma “de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual”. Ahora, 14 años después, un proyecto busca que de ninguna manera el castigo físico y tratos humillantes puedan ser usados por padres y tutores legales para disciplinar a los niños y jóvenes. La idea es erradicar a totalidad los “chancletazos”, palmadas, correazos, pellizcos y otros golpes que tradicionalmente han sido usados por los padres colombianos para disciplinar a su descendencia.
La iniciativa de siete artículos, que acumula las propuestas hechas por el Gobierno y por el representante liberal Harry González, apunta precisamente a prohibir los castigos físicos en contra de los menores y consagraban que toda forma de disciplina o autoridad para los niñas, niños o adolescentes debía ser sin manifestaciones de violencia. Incluso, se sugiere al Ejecutivo establecer una “estrategia nacional pedagógica y de prevención” para que se promuevan “prácticas de crianza positiva y educación”. Para este fin se podrán crear centros de formación de pautas de crianza. Por último, se establece que el Estado tendrá que rendir cuentas cada año ante el Congreso sobre los avances en la aplicación del proyecto.
A pesar de la temática y los objetivos del proyecto, este ha tenido más problemas de los esperados en su trámite. Fue radicado en agosto de 2019 en la Cámara y al llegar a la plenaria, el semestre pasado, tuvo que enfrentar una ponencia de archivo. El intento de frenar la discusión fue liderado por el partido cristiano Colombia Justa-Libres, pero no tuvo acogida: 25 votos a favor contra 132 en contra. Sin embargo, obligó a que el articulado fuera estudiado en una subcomisión, donde se precisaron algunos elementos que generaban dudas. Luego de este proceso, la Cámara le dio el sí a la iniciativa. Ahora es el turno del Senado, donde la Comisión Primera ha avanzado en las últimas semanas en el estudio y este martes debatirá la ponencia positiva presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
El análisis por parte de la Comisión Primera ha vuelto a poner sobre la mesa la misma discusión que venía desde la Cámara. Los bandos y argumentos son casi calcados: mientras que hay un grupo mayoritario que defiende la iniciativa, bajo el argumento de que es necesario erradicar cualquier tipo de violencias; otro sector, liderado por Colombia Justa-Libres, plantea que se está entrometiendo en la esfera familiar y se está yendo en contra del deber que tienen los padres de corregir ciertas conductas de sus hijos. Este debate se hizo evidente tanto en un foro convocado por la Comisión, el pasado jueves 10 de septiembre, como en otros espacios en los que han participado ambos sectores.
Las críticas, como se dijo anteriormente, vienen principalmente de Colombia Justa y Libres, a través del senador John Milton Rodríguez. En su concepto, existe una duplicidad normativa, pues ya en el Código de Infancia y Adolescencia está debidamente reglamentada la prohibición del maltrato contra los menores de edad. Este argumento fue expresado también por algunos de los intervinientes del citado foro, como la abogada María Fernanda Alarcón, directora de Red Familia Colombia, quien recalcó que el maltrato ya estaba tipificado, por lo que no es necesario crear una nueva ley. Además, explicó que se deben ajustar algunas definiciones, porque la ley daría a entender que incluso pegarle a un hijo en una mano para evitar que se queme es maltrato físico.
Otra de las razones expuestas por este sector es la supuesta injerencia en la autonomía de las familias, tesis enarbolada por el senador Rodríguez. Para este, el proyecto, con la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, crea un sistema de crianza estatal que calificó de “neocomunismo”: “Se mete en la autonomía de la familia y busca unificarla en un solo modelo, dejando a un lado los diferentes sistemas, creencias y culturas que hay en el país”, expresó. Asimismo, dijo que se fundamenta sobre un “buenísmo”, es decir, que ve al ser humano como bueno y maravilloso, y se olvida de la necesidad de corrección, incluso física. “Parte de la corrección de un hijo demanda una palmada o varita”, señaló.
A su vez, en diálogo con El Espectador, el representante Harry González salió en defensa del proyecto y enfatizó que el propósito se resume en uno solo: “Acabar con la chancleta, el coscorrón y el correazo”. Además, aseguró que se trata de una propuesta de carácter pedagógico y en ningún momento se plantea alguna sanción, sino que es “una transformación cultural en la que se establezca que para educar a los niños no se necesita violencia”. El congresista también justificó la iniciativa, en que sería una actualización para ponerse al día con compromisos adquiridos con la Unicef y con otros países con normativas similares.
Ante las críticas por la supuesta duplicidad, González aseguró que no es así, pues en varias ocasiones el castigo físico no alcanza los niveles contemplados por la ley para que sea catalogado como maltrato. También indicó que quienes están de acuerdo con que se les pegue a los niños buscan ahora ponerle al proyecto una cruz de que está “asociado con comunismo, socialismo, ideología de género y pérdida de patria potestad”, cuando lo que se busca es que sirva de mandato para crear una política pública, pues a futuro pueden llegar al poder otras fuerzas políticas a las que se les ocurra “avalar pegarles a los niños”. Por último, aseguró que no se está privilegiando ningún modelo de crianza, solo se pone como condición que no sea violenta.
La iniciativa también tuvo entre sus defensores a la Alianza por la Niñez y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Para Gloria Carvalho, vocera de la Alianza, se trata de un tema de derechos: “El derecho de los niños de ser protegidos de violencia y trato humillante”. La experta explicó que este tipo de violencias, así sean pequeñas, generan daños irreversibles, por lo que se necesita una “prohibición explícita” de ellas. Por parte del ICBF, su vicedirectora, Liliana Pulido, aseguró que está comprobado por estudios científicos que el castigo físico no tiene un efecto modulador en los menores, sino que genera pensamientos negativos de miedo e ira y “perpetúa la violencia en la sociedad”.