Así es el revolcón que se propone en la elección en altas cortes y entes de control

Un proyecto de acto legislativo propone un revolcón en las elecciones de fiscal, procurador, defensor y hasta magistrados.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En momentos en los que el sistema de pesos y contrapesos en el país está en entredicho como nunca -pues a la cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría llegaron allegados e incluso exfuncionarios del presidente Iván Duque-, en el Congreso hace carrera un proyecto para cambiar la forma en que son elegidos no solo los jefes de los entes de control, sino también los magistrados de las altas cortes. Si bien el revolcón es visto con buenos ojos por juristas, constitucionalistas y legisladorees, no dejan de advertir que los chances de que prospere son pocas y que el camino está repleto de obstáculos.

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La iniciativa es promovida por el senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, con apoyo de congresistas de otras bancadas como la Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical. El proyecto de acto legislativo plantea cambiar la forma en la que son elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Adicionalmente, modificar el método para escoger fiscal, contralor, procurador y defensor del Pueblo, así como registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, 88 cargos que ahora serían seleccionados y elegidos, ya no por las mismas altas cortes, el presidente o el Congreso (ver infografía al final) , sino por una universidad pública y otra privada “de alta calidad”. Ambas instituciones escogerían a los funcionarios con mayor puntaje de listas conformadas a través de una convocatoria pública a un concurso de méritos.

Es tan ambiciosa la iniciativa, que propone reformar 10 artículos de la Constitución buscando que en la elección ya no primen intereses particulares, el clientelismo o la falta de independencia, para privilegiar el mérito. “Se propende por la transparencia en la selección y elección, y, por ende, el ejercicio profesional, ético y de calidad moral de quienes regentarán la función de servidores públicos”, argumenta Pacheco.

Se establece además que quien haya ejercido como magistrado de alguna de las altas cortes, o desempeñado el máximo cargo en los entes de control, no podrá ser seleccionado ni postularse a convocatorias para alguno de los puestos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber concluido funciones.

Opiniones divididas

Para el exmagistrado Hernando Torres Corredor, del Consejo de la Judicatura, bajo los principios de autonomía e independencia, se debe propender porque en los nombramientos participen cada vez más personas y se garantice ese derecho a incidir en la administración del Estado en cualquiera de sus ramas. Por ello celebra el proyecto, haciendo hincapié en que se debe fortalecer el componente de la convocatoria pública. “El concurso de méritos es un examen formal de aptitudes y conocimientos, pero en la convocatoria sobresalen la experiencia y la adecuada toma de decisiones. También se requieren garantías de neutralidad e independencia en sus decisiones. Es decir, evitar al máximo la contaminación de intereses ajenos”.

En ello coincide el exmagistrado Rafael Ostau de Lafont, del Consejo de Estado, quien respalda la propuesta, pero destaca que la elección en las altas cortes ha funcionado con mayor eficacia en pro del equilibrio de poderes y la autonomía, contrario a lo que pasa en la escogencia en los entes de control. “El sistema ha funcionado, puede haber ajustes en la convocatoria y evaluación de requisitos, pero ha sido efectivo. En el caso de los órganos de control sí que valdría revisar, porque la experiencia demuestra la ruptura del equilibrio”.

Otro que le da un espaldarazo al proyecto es el exconstituyente Antonio Navarro que, si bien participó en todo el diseño del sistema de pesos y contrapesos, y en los mecanismos de selección, coincide en que no ha funcionado del todo bien con los entes de control. “No es una mala idea. En el 91 respetamos el sistema que había en las altas cortes, pero para los entes de control y otros cargos establecimos un sistema de concurrencia de poderes, que se ha deteriorado y ha hecho que primen elementos clientelistas. Además, el Gobierno participa activamente y los contamina”, dice.

Por su parte, el exmagistrado del CNE Armando Novoa, quien también participó en la Asamblea Constituyente de 1991, manifiesta que, aunque el proyecto está bien pensado, no es momento de implementarlo. ¿La razón? La controversia por el proceso adelantando contra el expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema (una de las entidades involucradas en la reforma), por lo que la iniciativa podría ser revanchista contra magistrados que demostraron “ser el único muro de contención ante la corrupción y el clientelismo en la política”.

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“Es inconveniente que se piense en este momento en modificar la elección en las altas cortes, pues tiene sabor a retaliación por decisiones contra el uribismo. Lo que hay que pensar es en la reforma política y electoral, incorporando la elección de magistrados del CNE, que no controlan nada, no tienen dientes y son agentes políticos de los partidos”, explica, precisando que en todo caso ningún diseño en la elección de magistrados es aséptico o ideal, “porque se trata de procesos que están atravesados por intereses de distinto orden”.

Desde otra orilla, el exmagistrado Jaime Arrubla, quien presidió la Corte Suprema, se muestra partidario de una reforma, pero no la que se propone: “Es aterradora”, señala. Por ello, aboga por un sistema similar al que existía antes de la Constitución del 91, en el que los miembros de las propias cortes elegían a sus sucesores, es decir, una cooptación del sistema.

“Hay que volver a la cooptación pura, pero exigiendo a las corporaciones que realicen procedimientos para llevar a las mejores personas y mantener el equilibrio entre gente de carrera y la academia. Es un equilibrio sano, pero el sistema que proponen es desastroso. Todos los problemas que hemos vivido son por el diseño de la Constitución del 91. Hay que aumentar las calidades para ser magistrado y la edad para llegar a las altas cortes, así como el régimen de incompatibilidades, sobre todo en la injerencia de los organismos de control. Eso se volvió un enroque”, indica.

Propone además que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura y que el fiscal sea elegido por el presidente: “Que el jefe de Estado asuma los éxitos y fracasos de las políticas para perseguir el delito”. Respalda también que el contralor y el procurador sean elegidos por el Congreso, pero insiste en una reforma a la Procuraduría ante el fallo a favor del exalcalde Gustavo Petro, que determinó que un órgano administrativo no puede aplicar destitución o inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular.

Pese al visto bueno y apoyo a la iniciativa, los juristas consultados coinciden en que difícilmente una reforma de ese calibre prospere en el Congreso, teniendo en cuenta que les restaría poder e influencia a la hora de elegir funcionarios del calibre del Consejo Superior, el CNE o la Procuraduría. En ese sentido, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) lamenta que, pese a que se han promovido iniciativas orientadas al mérito, estas no han prosperado. “Hay que mejorar la política. Si tenemos un mejor Congreso mejor va a elegir y no por conveniencia”. En esa línea, insta a evaluar cómo ha sido la elección de registrador (realizada por concurso de méritos) para recoger experiencias”.

El proyecto fue radicado hace menos de 15 días y aún está pendiente de ser enviado a comisión. Desde ya se vislumbra como una fórmula para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, pero —como muestra la evidencia—, tendrá que superar precisamente los males que pretende enfrentar (clientelismo y primacía de intereses oscuros) para prosperar.

jgonzalez@elespectador.com