El reclamo presupuestal de la UP

El Consejo Nacional Electoral debe decidir si autoriza el pago de los gastos de funcionamiento de la Unión Patriótica por los años que estuvo sin personería por cuenta del exterminio.

Gustavo TorrijosLos miembros del partido UP reclaman equilibrio para las elecciones.
Una década de batallas jurídicas tuvo que enfrentar la Unión Patriótica para que en julio de 2013 el Consejo de Estado decidiera mantener la personería jurídica de la colectividad, advirtiendo que cuando perdieron la representación en 2002 afrontaban una grave crisis de supervivencia, debido al exterminio del que fueron sometidos por parte de ilegales en asocio con algunos funcionarios estatales. La lucha no terminó ahí, y ahora la colectividad reclama el pago de los gastos de funcionamiento de los 11 años que estuvieron por fuera de la arena política, que ascenderían a más de $1.000 millones.
 
Este tema es discutido en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el 10 diciembre en carta firmada por la presidenta de la UP, Aída Avella, y la directora administrativa de la colectividad, María Josefa Serna, piden que “se liquiden y se paguen los gastos de funcionamiento que corresponden al Movimiento Unión Patriótica desde el 30 de septiembre de 2002 hasta el 24 de septiembre de 2013”, amparados en la sentencia del Consejo de Estado, que señala que quedaron sin efecto los actos administrativos que suprimieron la personería jurídica de la UP. La respuesta no se dio y la solicitud fue reiterada el 13 de mayo. Hoy la sala plena tomará la decisión.
 
Según conoció El Espectador, la decisión no será fácil, la ponencia radicada apunta a negarle este presupuesto al señalar que resulta imposible pagar gastos de funcionamiento a un partido que no ha funcionado. Además, entre algunos magistrados se habla de que el CNE es el eslabón más frágil en la cadena de organizaciones electorales, por lo que es más conveniente que la última palabra la dicte el Consejo de Estado.
 
No obstante, otros magistrados apuntan a que lo más lógico, incluso como mecanismo de reparación a la UP luego de ser víctimas del genocidio, es que les sea aprobado el presupuesto que reclama el partido, que además les dará herramientas para competir en las elecciones de octubre en condiciones de igualdad. La tendencia a la hora de la votación en la sala plena está en tablas: tres magistrados a favor, tres en contra y otros tres de los que no se sabe hacia dónde se inclinarán.
 
 Aída Avella dijo que “desde que nos restituyeron la personería hemos sido objeto de discriminación y persecución. Lo primero que nos pidieron fue hacer un congreso que, sin plata, lo hicimos con las uñas. Pedimos las mismas garantías, en 2014 nos dieron $216 millones luego de hacer un plantón en la Registraduría y los $250 millones de este año están represados con el argumento de que no hemos dado espacios a minorías, cuando no creo que haya un partido que haga política como nosotros, con la gente, puerta a puerta”.
 
 El debate está abierto y la discusión se centrará en si se pueden pagar gastos de funcionamiento a una organización que no estaba funcionando o si, como garantía de derechos políticos, acogiendo el fallo del Consejo de Estado, se les aprueba el presupuesto. La sentencia de Avella señala: “Acá hay miseria y discriminación política, no sólo nos mataron, nos negaron la personería y no nos dan lo de funcionamiento”. Ahora falta esperar la decisión.
 
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