El reequilibrio que propone el Gobierno

El Espectador conoció el borrador del proyecto, que ya comenzó a socializarse con el Congreso.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será el encargado de sacar adelante la reforma ante el Congreso. / El Espectador

Mucho se ha hablado de la reforma del equilibrio de poderes que presentará el Gobierno con el fin de organizar el “desbarajuste institucional que generó la reelección”, según dijo el mismo presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el contenido de la iniciativa solo se ha conocido a cuentagotas en aisladas declaraciones del primer mandatario y de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El Espectador tuvo acceso al borrador inicial de la propuesta que esta semana le fue presentada a los partidos de la Unidad Nacional, en la búsqueda de llegar a un consenso que permita su trámite exitoso. Se trata de una presentación de 19 páginas en las que se proponen cambios de fondo en temas de carácter político-electoral, como la eliminación de la reelección presidencial, la eliminación del voto preferente y la financiación de campañas, entre otros. Asimismo, en la Rama Judicial, se plantea la eliminación de las funciones nominadoras de las cortes, la creación de un tribunal de aforados, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la doble instancia en el juicio a los congresistas.

El diagnóstico que presentó el Gobierno es que los factores que han generado el debilitamiento del principio de pesos y contrapesos se dio por la reelección presidencial, el intercambio de favores entre organismos de control y los sujetos investigados, los excesivos poderes en los organismos de control disciplinario (Procuraduría) y fiscal (Contraloría), además de la politización de las altas cortes por la nominación de estos funcionarios.

En cuanto a las reformas de carácter político-electoral, el Gobierno propone la eliminación de la reelección y el aumento del período presidencial a cinco años. También se prohibiría la reelección de contralor, procurador, fiscal general, junta directiva del Banco de la República, auditor general, personeros y magistrados de las altas cortes, a los que se les ampliaría el período a 10 años.

En materia electoral, la reforma apunta a acabar con el voto preferente (por una persona) para establecer listas cerradas (por el partido) en las elecciones a Congreso y, de este modo, aumentar la financiación del Estado a las campañas sin las dificultades o preferencias que se presentan con el sistema actual. La sanción de la silla vacía contra los partidos se ampliaría para las condenas por delitos contra la administración pública, medida que busca enfrentar la corrupción. Por su parte, para facilitar la tarea de control político, habría audiencias obligatorias de todos los ministros del Gobierno ante el pleno del Congreso.

Aunque no hay certeza si el Consejo de Estado revivirá la escandalosa reforma a la justicia, que objetó el presidente Juan Manuel Santos al advertir que había quedado convertida en un “monstruo”, el Gobierno tiene su propuesta en la que plantea, para acabar con el “yo te elijo, tú me eliges”, la prohibición expresa, a los magistrados que terminen su período, de pasar a otra corte o a un organismo de control.

Igualmente, se plantea eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear un consejo de administración del poder judicial, con una sala de gobierno integrada por los presidentes de las altas cortes, el fiscal, representantes de las facultades de derecho y jueces. La sala administrativa estaría compuesta por expertos en gestión pública y contaría con un director (gerente). Para el disciplinamiento de los abogados se crearía una colegiatura.

Otras ideas son crear un supertribunal de aforados y eliminar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual solo conocerá de faltas disciplinarias cometidas por el presidente de la República. La doble instancia para congresistas se garantizaría tanto en procesos penales como disciplinarios y además se separarían las funciones de investigación y juzgamiento.

Una reforma ambiciosa que busca, en palabras del presidente Santos, recomponer el equilibrio institucional afectado por la reelección y subsanar algunas de las ‘deudas’ pendientes aún de la Constitución de 1991. Lo cierto es que en los 23 años de la Carta se han presentado ante el Congreso 770 propuestas de enmiendas, 38 fueron aprobadas, de estas 26 eran de origen parlamentario, 11 gubernamental, una vía referendo y cinco han sido declaradas inexequibles. Por eso, en el encuentro entre los congresistas de la Unidad Nacional y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quedó planteado que esta reforma debe ser “seria, necesaria y con vocación de permanencia”.

Las reformas a los órganos de control

En cuanto a la reforma a los organismos de control, el proyecto del Gobierno plantea que las faltas disciplinarias sean aquellas conductas reprochables del servidor público, pero que en todo caso no constituyan delitos. “Hoy se sanciona tanto disciplinaria como penalmente por las mismas conductas, pero a su vez se han presentado absoluciones disciplinarias y condenas penales o viceversa”, advierte el documento conocido por El Espectador.

La idea es acoger al artículo 23 de la Convención Americana, que señala que la única autoridad competente para limitar los derechos políticos es un juez penal, por lo tanto se propone discutir si se le mantiene al procurador la potestad sancionatoria que incluya limitaciones a los derechos políticos , es decir, si puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular como sucedió con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Se buscaría eliminar las competencias de la Procuraduría en el juicio penal, pues se considera innecesario con el sistema penal acusatorio vigente.

Modificaciones al juicio fiscal

Otro punto fundamental de la reforma gubernamental tiene que ver con la Contraloría General de la República, que asumiría las funciones que hoy tienen las contralorías territoriales, las cuales serían eliminadas. Esto implica, sin duda, un mayor poder para el jefe de este organismo.

Aunque en el documento no se dan las razones para estos cambios, congresistas integrantes de la comisión que discute el equilibrio de poderes señalaron que el Gobierno es consciente de que muchas contralorías locales se han convertido en fortines políticos y centros de corrupción.

Otra propuesta apunta a la eliminación del principio de verdad sabida y buena fe guardada, radicado en cabeza de los contralores territoriales y el contralor general, a través del cual hoy pueden suspender a servidores públicos. Además se plantea prohibir el control de advertencia.

 

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