El referendo que propone el fiscal

El jefe de Estado reglamentaría mediante decreto el Marco Jurídico para la Paz en temas como desmovilización y concentración.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. /Óscar Pérez

El Gobierno está contemplando la opción de que el presidente Juan Manuel Santos tenga facultades excepcionales para desarrollar las normas reglamentarias del Marco Jurídico para la Paz. Y lo buscaría mediante la convocatoria a un referendo o una consulta popular en la que el pueblo colombiano decida si le entrega o no esas facultades y que se haría el próximo 25 de octubre, día de elecciones locales y regionales en el país.

Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó esta semana que se estuviese pensando en recurrir a un referendo como mecanismo para consultarle a la ciudadanía si debe ponerse o no un plazo a las negociaciones de paz y que se estuviera preparando un proyecto de ley habilitante para permitirle al primer mandatario aprobar por decreto los acuerdos de paz, el fiscal general, Eduardo Montealegre, reveló la verdadera estrategia que se está analizando.

“Hay que abrir la posibilidad de que el desarrollo del Marco para la Paz no sólo lo pueda hacer el Congreso, sino que el presidente tenga también facultades para desarrollar esas leyes estatutarias en materia de justicia transicional, de desarme, de desmovilización. Sería sólo una pregunta al pueblo y esas facultades estarían dentro de los límites de la Constitución y que fijó la misma Corte Constitucional cuando revisó y avaló el Marco para la Paz”, explicó el jefe del ente acusador, en entrevista para Blu Radio, desde la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos.

Hay cinco puntos fundamentales por resolver en la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. El primero tiene que ver con la diferenciación legal de las partes del conflicto para que las guerrillas no reciban el mismo trato que la Fuerza Pública, el segundo se refiere a los mecanismos de justicia transicional para otorgar penas alternativas a quienes se desmovilicen, el tercero aborda la posibilidad de centrar las investigaciones en los máximos responsables, el cuarto está relacionado con la participación política y el quinto es la obligatoria creación de una comisión de verdad.

Según Montealegre, el presidente Santos no tiene en estos momentos las herramientas jurídicas necesarias para implementar unos eventuales acuerdos con las Farc. Por ejemplo, frente a la posible desmovilización inmediata de las fuerzas guerrilleras o su concentración en zonas específicas del territorio nacional. “La importancia es que habría un pronunciamiento popular (...) y no sería un cheque en blanco, como dicen algunos. Esas son frases impactantes pero que realmente no se ajustan a la realidad del constitucionalismo colombiano. El presidente tendría límites que traza la Constitución, consagró el Congreso de la República en el Marco para la Paz y ya fueron avalados por la Corte”, agregó.

Interpretando al fiscal, la idea es que mientras el Congreso tramita, vía proyecto de ley, la reglamentación del Marco para la Paz, el Gobierno establezca, vía decreto, sus lineamientos. Y no se requiere que esté firmado un acuerdo definitivo en La Habana. Ante las dudas sobre si los tiempos alcanzan para tramitar un proyecto de convocatoria a un referendo en el Legislativo, que además después tendrá que pasar a revisión en la Corte Constitucional y requerirá un proceso de organización logística por parte de la Registraduría, Montealegre cree que, aunque el margen de maniobra es estrecho, sí alcanza.

Algo más que confirmó el jefe del ente acusador es que todo este asunto ha sido considerado ya en varias reuniones en las que habrían participado altos funcionarios del Gobierno y dirigentes cercanos, entre ellos, según conoció El Espectador, el expresidente César Gaviria; el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez; el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el vicepresidente, Germán Vargas Lleras; los presidentes de los partidos de la Unidad Nacional, y el mismo Eduardo Montealegre.

Por ahora nadie ha salido a desmentir al fiscal. Se dice que en la Casa de Nariño consideran que el hecho de buscar el respaldo popular le otorgaría más legitimidad a Santos de cara al proceso de paz. Pero también saben que se hace urgente que las Farc den muestras de buena voluntad, sobre todo ahora que se deterioró la confianza con el ataque en Cauca en el cual murieron 11 militares. Ayer el presidente dijo que “así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se esperaría de esa guerrilla es que pida perdón”, no sólo por esos hechos, también “por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles”.

Lo otro tendría que ver con la concentración de las tropas guerrilleras en sitios específicos y verificable, como lo ha propuesto el uribismo. Si bien el Gobierno desmintió una información dada a conocer por Noticias RCN sobre un documento preparado por los militares que hacen parte de la comisión técnica para la terminación del conflicto, con una supuesta hoja de ruta para la desmovilización de las Farc y 20 lugares en los que la guerrilla se concentraría, fuentes cercanas al proceso en La Habana aseguran que se espera que ese paso se concrete antes de octubre, lo que le daría más opción de éxito al mencionado referendo, cuya pregunta tendría que superar un umbral estimado de ocho millones de respaldos.