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En épocas de campaña para votar el plebiscito, algunos políticos tomaron como bandera, bajo la premisa de la defensa de los derechos de los niños, la oposición a todo lo que tuviera un atisbo de homosexualidad.
El mismo enfoque de género de los acuerdos de paz fue el blanco de críticas, señalando que se quería introducir a la sociedad colombiana lo que llaman “ideología de género”, un concepto que, aplicado, para ellos afectaría a las futuras generaciones. (Lea: Arquidiócesis de Cali culpa a padres de abuso sexual que sufrieron sus hijos)
Lo mismo hicieron luego de que se conocieran unas cartillas sobre educación sexual, que se iban a promover desde el Ministerio de Educación y que buscaban guiar a los colegios en la elaboración de los manuales de convivencia con el objetivo de fomentar el respeto de la diferencia y a la diversidad sexual. Pusieron el grito en el cielo, y este punto, específicamente, fue el motivador de una multitudinaria marcha sin antecedentes en contra de la otrora ministra de Educación, Gina Parody. (Lea el editorial: Las deudas de la Iglesia con las víctimas de abusos)
Paradójicamente, quienes fungieron como adalides de la defensa de los derechos de los niños no han pronunciado una sola palabra sobre el caso de abuso sexual por parte del cura William Mazo a dos menores en Cali, ni sobre el escandaloso argumento jurídico de la defensa de la Arquidiócesis de esa ciudad, que señalaba que la responsabilidad de las violaciones recaían sobre los padres de los menores.
“¿Se fue laxo, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado y hoy concurren ante un juez para aprovechar un hecho dañino de un tercero y fungir como víctimas indirectas?”, escribió la defensa de la Iglesia en este caso, sugiriendo que los padres de los menores fueron, en pocas palabras, culpables por las actuaciones de un miembro de la Iglesia Católica.
Figuran nombres como el de Ángela Hernández, diputada cristiana por el partido de la U en Santander, que salió a relucir en medio de esta polémica. También están el exprocurador Alejandro Ordóñez; el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez; y la senadora Viviane Morales, quien promueve fervientemente un referendo denominado “Firmes por Papá y Mamá”, a través del que pretende prohibir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
A pesar de su férrea oposición a, por ejemplo, el enfoque de género del acuerdo con las Farc, que proponía una diferenciación lógica para atender a las víctimas del conflicto, teniendo en cuenta de que hubo seres humanos que fueron abusados y afectados durante el conflicto armado por su condición sexual, causa curiosidad que sobre este delicado escándalo —que involucra nuevamente a miembros de la Iglesia Católica, que no hace parte de un caso aislado y que no ha tenido una respuesta favorable por parte de los responsables para reparar a las víctimas— Hernández, Morales, Suárez y Ordóñez hayan guardado silencio.
En sus cuentas de Twitter, en las que fueron activos para criticar y oponerse a los temas que, arguyen, afectan la conformación de la familia original, los valores y las buenas costumbres, tampoco existe un solo pronunciamiento sobre el caso de la Arquidiócesis de Cali que indignó a miles en el país y que fue tema recurrente en los medios de comunicación una vez fue dado a conocer por El Espectador.
Entre los mencionados, solo Marco Fidel Ramírez republicó un tuit del exrepresentante Miguel Gómez en el que este último criticaba las declaraciones entregadas por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve.
Sin embargo, el tema no ha pasado de agache y varios líderes de opinión les han reclamado por su silencio sobre un tema que, a juzgar por los intereses que defienden en su actividad política, les es prioridad. “¡Urgente! Se buscan defensores de familia como @MoralesViviane, @charoguerra y @A_OrdonezM para defender niños violados por curas en Cali”, escribió el caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, en su cuenta de Twitter.
El escándalo alrededor del argumento de la defensa de la Arquidiócesis de Cali fue de tal magnitud que motivó una rueda de prensa en la que monseñor Monsalve se disculpó. ““Los obispos que lamentamos las incoherencias de los miembros de la Iglesia, así como el sufrimiento que han provocado, ratificamos el compromiso de hacer cuanto sea necesario para que la Iglesia sea una casa transparente”, fueron las palabras de un vocero de la Conferencia Episcopal al inicio del evento.
El tema está en debate y la ciudadanía espera que la justicia tome la decisión más acertada para que se reparen a las víctimas de este abuso sexual por parte de un miembro de la Iglesia y, por supuesto, que los políticos influyentes que fungen como defensores de los niños se pronuncien a favor de estos.
ggomezp@elespectador.com