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El escándalo protagonizado por el magistrado Jorge Pretelt, por el presunto cobro de coimas para favorecer a la empresa Fidupetrol en el fallo de una acción de tutela en la Corte Constitucional, generó en el Gobierno la necesidad de buscar, en el trámite de la reforma de equilibrio de poderes, una fórmula que garantice que no haya impunidad judicial para altos funcionarios, como ocurre actualmente con los magistrados de las altas cortes, en los procesos que se adelantan en Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Así lo anunció el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien explicó que el renombrado “tribunal de aforados” será el encargado de investigar y acusar ante la plenaria del Congreso, que a su vez tendrá la responsabilidad, si encuentra argumentos, declarar la indignidad política (retiro inmediato del cargo), levantar el fuero y que los procesos pasen rápidamente ante la Corte Suprema de Justicia, para que, por fin, haya decisiones judiciales contra los altos funcionarios del Estado.
Fórmula muy diferente a la que había defendido el Gobierno durante los cuatro debates que lleva la reforma, según la cual, el “tribunal de aforados” solo tenía la función de investigar, la acusación la hacía la Cámara y el juicio político el Senado. Esto, a consideración de los críticos, significaba la creación del único tribunal en el mundo que solo investigaba; alargaba el proceso y mantenían la impunidad. Como señaló la senadora Claudia López en su momento “era el mismo perro con diferente guasca”, porque cambiaba la Comisión de Acusaciones por un tribunal burocrático que mantendría la impunidad.
Y la verdad es que la crisis de la justicia era una bomba de tiempo que fue agotándose por cuenta de los escándalos en las altas cortes como el del magistrado Pretelt, que se suma a los carruseles de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, los intercambios de favores y nombramientos en la rama, las licencias para irse a cruceros, entre otros. Paralelo a esto, el Gobierno presentó varias reformas a la justicia, todas fracasadas, y la última terminó en un escándalo, porque en lugar de solucionar los problemas de la justicia se convirtió en una componenda que favorecía a magistrados y congresistas. No se tomaron medidas y la bomba explotó en las manos de este Gobierno.
Por eso el presidente Juan Manuel Santos decidió acoger la propuesta de crear un tribunal para juzgar altos funcionarios que realmente tuviera dientes y que, además de los cambios en su funcionamiento con la posibilidad acusar ante el pleno del Congreso, tendrá modificaciones en la forma de elección de sus magistrados, para garantizar que las personas escogidas cuenten con pergaminos necesarios para asumir esa responsabilidad.
Explicó el ministro Cristo que la elección se realizará por meritocracia y la terna se escogerá de las mejores hojas de vida que sean presentadas. Después, será el Congreso en pleno el que decida quienes compondrán el “supertribunal de aforados”. Además, por medio de una ley que será radicada en próximos días, se impondrá un impedimento para evitar que los magistrados, luego de cumplir su periodo, con claras amistades en los altos tribunales, salgan a litigar aprovechando esta ventaja.
Tal como manifiesta el ministro Cristo: “lo sucedido demuestra que es el momento y la oportunidad para modificar el juzgamiento de altos funcionarios”. Sin embargo, es claro que los cambios en el funcionamiento de la rama judicial han tenido un historial de fracasos en el Congreso, lo que ha abierto la puerta para contemplar una constituyente, posibilidad sobre la cual el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no es necesaria. Será en el semestre legislativo que está empezando en el que se dicte la última palabra.