El último cartucho de Santos por la paz completa

El saliente mandatario se la jugará hasta el último día de su mandato por dejar en firme el proceso de sometimiento de las bandas criminales y un acuerdo bilateral de cese del fuego con el Eln.

El pasado lunes, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Sometimiento. / Cristian Garavito

Al gobierno de Juan Manuel Santos le quedan 27 días, durante los cuales, además del empalme con el presidente electo, Iván Duque, y las tradicionales rendiciones de cuentas, el mandatario está jugado a fondo por dejar en firme los pilares del fin del conflicto armado colombiano, los cuales, en síntesis, consisten en lograr un acuerdo de cese bilateral del fuego con el Eln y, al mismo tiempo, iniciar el proceso de sometimiento de las principales bandas criminales que operan en el país.

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Dos propósitos que no serán sencillos de lograr en menos de un mes, pero que sin duda constituirían un ambiente favorable a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, así como de reconciliación nacional. Además, dejar cocinados estos dos acuerdos sería una especie de seguro para que al nuevo presidente no le quede tan fácil, al menos ante la opinión pública, desmontar el proceso de paz, que ya no sería sólo con las Farc, sino con todos los actores que protagonizan la guerra en Colombia.

Para lograr esto, el presidente Santos ha dado instrucciones claras al equipo negociador que trabaja en La Habana para que en el término de la distancia consiga sellar con el Eln los protocolos que regirán un nuevo cese bilateral del fuego y las hostilidades. Con este derrotero, los negociadores del Gobierno en la mesa con la guerrilla tienen la orientación de sesionar todo julio. Sin embargo, el ambiente no es optimista. En la delegación del Gobierno se ve lejana la posibilidad de concretar el ansiado pacto e incluso hay quienes aseguran que este fin de semana se quemarán los últimos cartuchos en una suerte de cónclave que se extenderá hasta el lunes.

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Y al tiempo que en La Habana la delegación que encabeza Gustavo Bell se juega sus últimas cartas en la mesa, en Colombia avanza en completo sigilo, pero con enormes posibilidades de éxito, la propuesta de sometimiento a las bandas criminales. El lunes el presidente Santos promulgó la ley que abre las puertas a que las distintas agrupaciones criminales suscriban un acuerdo con el Estado de no volver a delinquir y a cambio reciban una serie de beneficios jurídicos y de reclusión.

En esta tarea se ha empeñado un grupo de distintas entidades y personalidades. Claves en la etapa de acercamiento fueron el senador Iván Cepeda y la excongresista Piedad Córdoba. También ha sido fundamental el papel de la Fiscalía General de la Nación, de Naciones Unidas, de la Iglesia católica y de delegados del presidente Santos como el exviceministro José Noé Ríos y el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera. El trabajo aquí empezó en diciembre pasado, incluyó el impulso del proyecto de ley y varios encuentros reservados con representantes de las principales bandas criminales, especialmente del denominado Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas.

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Al respecto, los hombres claves por parte de la Iglesia católica han sido el obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, y el de Apartadó, Hugo Alberto Torres, quienes a propósito anunciaron ayer que se está avanzando en la construcción de un protocolo de garantías para el proceso de sometimiento colectivo, y que la Iglesia católica será garante de este proceso. Monsalve fue claro en que estos acercamientos están muy avanzados, que incluso ya se han planteado posibilidades de puntos de concentración para la entrega de armas. El tema va tan avanzado, que hasta se especula que la entrega del propio Otoniel, máximo comandante de esta agrupación criminal, se produzca la próxima semana, y antes del 7 de agosto los más de seis mil hombres que forman parte de esta estructura ya estén ubicados y listos para su entrega a la justicia.

Con estos dos actos, el cese bilateral con el Eln y el sometimiento del Clan del Golfo, el presidente Juan Manuel Santos busca dejar a la Casa de Nariño con un país en el cual han sido desactivados cerca de 20 mil fusiles, pertenecientes a las más fuertes organizaciones al margen de la ley. Un panorama que el presidente electo no le quedará fácil hacer trizas sin poner en riesgo su popularidad y la gobernabilidad del país que recibirá el próximo 7 de agosto.

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